El Gobierno español se mostró este lunes partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I, una figura hasta hace poco intocable y del que la divulgación pública de sus crecientes problemas legales constituyen un auténtico hito.
«Este país necesita evidentemente saber. Es un país transparente y que necesita seguir confiando en sus instituciones», afirmó hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista radiofónica, en la que apostó por la vía de las investigaciones judiciales ya en marcha.
La cuestión de las finanzas de Juan Carlos I ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, pero se intensificó ayer, domingo, cuando la Casa Real anunció que el rey Felipe VI había renunciado a la herencia que le pueda corresponder de su padre, a quien además se había retirado su asignación económica anual de casi 200,000 euros.
Esta decisión se tomó después de que un diario británico publicara durante el fin de semana que el actual monarca era el heredero de los fondos de una millonaria cuenta en un paraíso fiscal que tenía su padre, vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
La Casa Real anunció que conoció esa disposición en febrero del año pasado y lo comunicó a «las autoridades competentes», y que en abril de 2019 el monarca hizo una declaración notarial para dejar claro que renunciaba en su nombre y de sus hijas a la herencia de su padre, especialmente si procedía de vehículos financieros sospechosos.
Además, la Casa Real insistió en que Felipe VI afirma no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento en activos o estructuras financieras «cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad».
El comunicado del Palacio de la Zarzuela incluyó el anuncio de que Juan Carlos I había contratado los servicios de un prestigioso abogado, el exfiscal general del Estado Javier Sánchez-Junco.
El ministro del Interior valoró la «contundencia» de la decisión del actual rey -que sucedió a su padre en junio de 2014- pero, preguntado en la entrevista, consideró que «por supuesto» los españoles deben saber el origen de la supuesta fortuna de Juan Carlos I.
Por ello, recordó que la Fiscalía Anticorrupción ya investiga el caso que ha originado la decisión del jefe del Estado: dos fundaciones creadas en Suiza por Juan Carlos I, una de ellas vinculada a esa donación de 65 millones de euros.
Por ello instó a dejar que este caso se instruya y se investigue por las autoridades judiciales suizas y españolas: «Tenemos que ser conscientes de dónde está el punto nuclear, y está en el ámbito judicial», insistió.
La opinión de Grande-Marlaska, un antiguo juez de la Audiencia Nacional y hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor de que continúe la pesquisa judicial, se inscribe dentro de la posición del Partido Socialista (PSOE, en el poder) que la pasada semana rechazó junto con otros partidos de derecha que el Congreso de los Diputados investigue el origen de la presunta fortuna irregular del rey emérito.
La investigación no daría resultados penales, ya que las leyes establecen que el rey era inviolable durante su mandato, pero permitiría conocer lo ocurrido.
Hoy se conoció que el anuncio de la Casa Real no afectará al estatus jurídico que mantiene Juan Carlos I, que seguirá siendo miembro de la familia real.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encuentran a la espera de que Suiza remita los datos sobre otra de las fundaciones vinculadas a Juan Carlos I, desde que hizo una donación de 65 millones de euros a una cuenta de la que fuera su amiga Corinna Larsen.
Los fondos de esa fundación, que, según un medio suizo, ascenderían a 100 millones de euros, podrían proceder de supuestas comisiones por la concesión a un consorcio de empresas españolas de la construcción del tren de alta velocidad (AVE) Medina-La Meca (Arabia Saudí), un proyecto de unos 7000 millones de euros.
La vinculación de esos fondos con el rey emérito fue descubierta en el marco de una investigación de la Fiscalía de Ginebra (Suiza) a presuntos testaferros de Juan Carlos I en cuentas bancarias en ese país -Arturo Fasana y Dante Canónica-.
Los partidos nacionalistas e independentistas representados en el Congreso de los Diputados, junto con el Unidas Podemos, anunciaron hoy que trabajarán «en común» para hallar «vías de investigación efectiva» a la casa real.
«Este asunto requerirá depurar todas las responsabilidades y la correspondiente investigación en sede parlamentaria», afirmó en redes sociales Podemos, un partido miembro de la coalición de Gobierno.
En todo caso, la cascada de acontecimientos e informaciones surgidas en España, Suiza y el Reino Unido en las últimas semanas han supuesto un duro golpe para la imagen de Juan Carlos I, una figura enormemente apreciada por los españoles por su papel decisivo en la transición de la dictadura del general Francisco Franco (muerto en 1975) a una democracia parlamentaria.
Sin embargo, desde la fractura de una cadera en 2012 durante una cacería de elefantes en Botsuana (en medio de una gravísima crisis económica y social), la divulgación de su amistad privada con la alemana Corinna Larsen y las informaciones sobre una posible fortuna oculta en paraísos fiscales y de origen dudoso están terminando de minar el prestigio de una figura a la que, hace no muchos años no se criticaba en público.
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