El gobierno federal gastó más de 3.7 millones de dólares en gastos jurídicos relacionados con su invocación de la Ley de Emergencias en febrero de 2022 en respuesta a las protestas del Convoy de la Libertad en Ottawa en aquel momento, afirma el Departamento de Justicia.
El miembro del Parlamento liberal Gary Anandasangaree, que es secretario parlamentario del ministro de Justicia David Lametti, declaró en la Cámara de los Comunes el 14 de junio que el total de los costes legales asociados a los gastos en que incurrió el gobierno por asesoramiento jurídico externo en «trabajos relacionados con la invocación de la Ley de Emergencias», junto con las posteriores acciones legales derivadas de ella, ascendió a algo más de 3,756,458 dólares.
«Esta cantidad incluye los honorarios jurídicos externos relacionados con la Comisión de Emergencia para el Orden Público, que tenía un calendario comprimido por la ley», dijo Anandasangaree, y añadió que los honorarios se calcularon a partir de la información contenida en los sistemas internos del Departamento de Justicia a fecha de 4 de mayo de 2023.
Anandasangaree facilitó la información en la Cámara en respuesta a una pregunta de orden presentada por el parlamentario conservador Dane Lloyd el 28 de abril, en la que pedía el importe total de los «gastos jurídicos contraídos por el gobierno en relación con la invocación de la Ley de Emergencias» en todos los departamentos federales.
La parlamentaria conservadora y crítica de la seguridad pública, Raquel Dancho, reaccionó a los más de 3.7 millones de dólares en costes legales diciendo que era un gasto «despilfarrador» por parte de Ottawa.
«Esto es completamente inaceptable y un abuso de los recursos de los contribuyentes», declaró al Toronto Star en un reporte del 24 de junio.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios sobre los gastos legales, pero no obtuvo respuesta inmediata.
El gobierno federal invocó la Ley de Emergencias en febrero de 2022, otorgándose a sí mismo y a la policía poderes adicionales para despejar las protestas del Convoy de la Libertad que tenían lugar en el centro de Ottawa.
Los críticos y los conservadores de la oposición lamentaron que el gobierno invocara la ley, afirmando que no cumplía el umbral legal para hacerlo.
El juez del Tribunal de Apelación de Ontario Paul Rouleau, que fue el comisionado de la Comisión de Emergencias de Orden Público que investigó el uso de la Ley de Emergencias por parte del gobierno, dictaminó en febrero de este año que el gobierno federal había alcanzado el «umbral muy alto requerido para la invocación de la ley».
«He llegado a la conclusión de que, cuando se tomó la decisión de invocar la ley el 14 de febrero de 2022, el gabinete tenía motivos razonables para creer que existía una emergencia nacional derivada de amenazas a la seguridad de Canadá que requería la adopción de medidas temporales especiales», declaró Rouleau el 17 de febrero.
Con información de Omid Ghoreishi.
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