La persistente violencia en México, en especial la elevada tasa de homicidios, se debe a factores externos e internos, principalmente la demanda de drogas en Estados Unidos y la disparidad en las capacidades de las fuerzas de seguridad, afirma el sexto informe que el presidente Enrique Peña Nieto presenta hoy.
El documento detalla que la estrategia de seguridad desplegada por el Ejecutivo se basa en cuatro líneas principales de acción: el mejoramiento de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones policiales, el uso intensivo de sistemas de inteligencia y la prevención social del delito.
Refiere que como resultado de esta estrategia se ha reducido la incidencia de delitos como el secuestro, cuya tasa por cada 100.000 habitantes disminuyó 23,3 % en 2017 en relación con 2012.
No obstante, reconoce que «si bien predominan los resultados positivos en los delitos de alto impacto, también hay algunos rubros con bajo avance, o incluso con retroceso».
Al respecto, precisa que la tasa de homicidios dolosos aumentó de 18,3 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 20,5 en 2017, lo que atribuye a causas externas e internas.
«A nivel externo han influido los cambios en las dinámicas de los mercados ilícitos trasnacionales. Destaca el aumento en la demanda de drogas desde Estados Unidos, especialmente de los opiáceos, lo mismo que el creciente flujo ilícito de dinero y de armas desde esa nación hacia México«, afirma.
En el ámbito interno destaca «una enorme disparidad entre las capacidades de las instituciones federales y locales (de seguridad), a pesar del gran esfuerzo realizado para impulsar la profesionalización de éstas últimas».
Por otro lado, añade, «las organizaciones de la delincuencia organizada, han ampliado su espectro de acción criminal, lo que explica el aumento de los índices de incidencia en otros delitos de alto impacto, tan graves como la extorsión y la trata de personas, entre otros».
De acuerdo con el recuento más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cerró 2017 con 31.174 homicidios, la cifra más alta en dos décadas.
El informe también destaca que el Gobierno ha fortalecido el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y precisa que de diciembre de 2012 a junio de 2018 948 personas han estado bajo la protección de este instrumento, de las cuales 519 son defensoras de derechos humanos y 429 periodistas.
Sin embargo, reconoce que ante el aumento en la incidencia de este tipo de delitos, en mayo de 2017 se anunciaron medidas adicionales para fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo, así como establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y consolidar la Fiscalía Especial para Delitos Contra la Libertad de Expresión.
De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, durante 2017 fueron asesinados 11 periodistas, y durante este año ya se han registrado ocho asesinatos.
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