El Gobierno de Nicaragua utilizó hoy lanzacohetes de fabricación rusa para atacar a las poblaciones de dos ciudades en la zona Pacífico que se manifestaban contra el presidente Daniel Ortega, afirmó hoy el militar en retiro Roberto Samcam.
«Me informan del uso de lanzacohetes RPG 7, por parte de las fuerzas ‘paramilitares'», denunció Samcam, un exguerrillero sandinista y mayor en retiro del Ejército de Nicaragua.
El RPG 7, un lanzacohetes portátil que se puede manipular casi con el mismo esfuerzo que un fusil, fue utilizado en los ataques perpetrados esta mañana contra la población de Jinotepe y Diriamba, dijo Samcam en sus redes sociales.
Al menos 3 personas fallecieron en estos ataques, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que advirtió que la lista puede crecer cuando haya acceso a las ciudades.
El militar retirado también divulgó fotografías del lanzacohetes en manos de las «fuerzas combinadas» del Gobierno y aseguró que las mismas «están ya en manos de los organismos internacionales», sin especificar cuáles.
Samcam, que ha criticado el uso de armamento bélico contra la población desarmada, también denunció que las «fuerzas paramilitares» gubernamentales «asesinaron a dos chavalos (jóvenes) con una granada de mano», y que un grupo de manifestantes retuvo a un «paramilitar» con una ametralladora PKM, también de fabricación rusa.
«¿Qué hace una PKM en manos de fuerzas paramilitares, quiénes tienen este tipo de armamentos (RPG 7), quiénes tienen en sus arsenales granadas de mano?», se preguntó Samcam, en alusión directa al Ejército de Nicaragua.
Hasta ahora las Fuerzas Armadas han mantenido distancia de la crisis sociopolítica, que ha dejado más de 310 muertos desde el 18 de abril pasado, a pesar de los llamados que le han hecho los expertos a desarmar a los paramilitares, conforme lo manda la Constitución de Nicaragua.
Los medios del Gobierno celebraron el ataque armado contra Diriamba y Jinotepe.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones destacan «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, y que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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