El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, extendió el estado de emergencia para enfrentar a la inseguridad ciudadana al Cercado de Lima y a Lince, dos distritos de la capital de Perú en los que se han incrementado los casos de delincuencia organizada, trata de personas y extorsiones, anunció este lunes el primer ministro, Alberto Otárola.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Otárola informó que se ha aprobado un decreto legislativo para «preservar la vida de los peruanos y combatir, de manera radical, la prostitución, extorsiones y la trata de personas».
En ese sentido, añadió que el Ejecutivo ha acordado «declarar en emergencia al Cercado y Lince y, en consecuencia, el control del orden interno estará en la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas».
Durante el estado de emergencia, algunos derechos constitucionales como el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio quedan suspendidos y, asimismo, no habrá actividad comercial desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada.
El ministro del Interior, Vicente Romero, añadió que se está incorporando ambos distritos al estado de emergencia que ya está vigente desde hace 20 días en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres porque el Cercado, donde se encuentra el centro histórico de Lima, «es el segundo distrito con alta incidencia delictiva, de extorsiones y estafas», entre otros.
«Lince está considerado con más de siete puntos donde la Policía Nacional ha informado de acciones de trata de personas, que es el delito más cruel que existe actualmente», explicó.
Romero aseguró que, tras la emergencia declarada en septiembre pasado, se han reducido en 22 % los robos y casos de sicariato en San Martín de Porres y en 20 % en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, con más de un millón de habitantes.
El ministro informó, además, que el Consejo de Ministros también aprobó ampliar el estado de emergencia en las localidades selváticas de Putumayo y Mariscal Castilla, por la presencia del trafico de drogas y el incremento de homicidios, ya que también se ha detectado 1300 hectáreas nuevas de cultivos de hoja de coca en la zona.
El Gobierno decidió, además, ampliar el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur, que une a las regiones del sur peruano, con el objetivo de prevenir que «no ocurra lo que pasó en meses anteriores», cuando se desataron numerosos conflictos sociales, así como «dar tranquilidad en el corredor minero, que da divisas y regalías» al país, sostuvo Romero.
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