El gobierno mexicano expresó hoy su disconformidad por la aprobación de las medidas del proyecto de Ley SB4, a través de una votación en el Congreso del estado de Texas realizada el 14 de noviembre, que permiten a las autoridades locales detener y deportar a inmigrantes ilegales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer a través de un comunicado que aunque reconoce el derecho soberano de cada país de aplicar las políticas públicas en su territorio, «rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano».
Además expresó su preocupación por la aprobación del paquete de medidas, que según la SRE «afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes» y que «involucren el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso».
Para hacer frente a dichas medidas que según la SRE atentan contra los derechos de la población de origen mexicano, la cancillería aseguró que ya instruyó a las once representaciones consulares en Texas a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, para realizar acciones que permitan reforzar su presencia en el estado.
Entre otras, realizará jornadas informativas, ofrecerá asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzará la vinculación con la comunidad mexicana.
La Cámara de Representantes de Texas votó el 14 de noviembre a favor de aprobar dos de las leyes de inmigración más estrictas del país, los proyectos de ley SB3 y SB4 del senado.
El proyecto de ley SB3 del Senado, presentado por la senadora estatal republicana, Joan Huffman, y patrocinado en la Cámara por la representante estatal republicana Jacey Jetton, destinaría USD 1540 millones para continuar la construcción de un muro en la frontera sur.
Además, aumentaría las horas extraordinarias de trabajo, la remuneración de las fuerzas del orden, incluida una dotación de personal adicional para preservar la seguridad pública en la urbanización Colony Ridge, en el condado de Liberty, Texas, que, según algunas autoridades, se ha convertido en un foco de inmigrantes ilegales y de aumento de la delincuencia.
El proyecto de ley SB4 del Senado, presentado por el senador estatal republicano, Charles Perry, y patrocinado en la Cámara de Representantes por el representante estatal republicano, David Spiller, convertiría en delito menor estatal cruzar ilegalmente o intentar cruzar a Texas desde México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal.
El proyecto de ley establece que las fuerzas del orden estatales y locales podrían detener a presuntos inmigrantes ilegales, tomarles las huellas dactilares y comprobar sus antecedentes.
Además, se concedería a los jueces la opción de ordenar a algunos inmigrantes ilegales a que regresen al país desde el que entraron ilegalmente a Estados Unidos, en lugar de procesarlos, pero solo después de obtener toda la información identificativa y cotejarla con las bases de datos penales locales, estatales y federales.
Sin embargo, el cargo de delito menor se elevaría a delito grave si el inmigrante ilegal ha sido condenado anteriormente por dos o más delitos menores relacionados con drogas, delitos contra una persona, o ambos, o si el individuo se niega a cumplir la orden del juez de regresar a su país de origen.
La pena máxima por un delito menor es de un año de prisión, mientras que por un delito grave la pena es de dos a 20 años.
El proyecto de ley incluye algunas excepciones, entre ellas que las fuerzas del orden no podrán detener a inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos si la persona se encuentra en las instalaciones o terrenos de un centro público o privado de enseñanza primaria o secundaria con fines educativos, en una iglesia, sinagoga u otro lugar de culto religioso establecido, o en un centro de atención sanitaria.
También establece que los inmigrantes podrán aportar pruebas de que se encuentran legalmente en el país durante el enjuiciamiento.
La Cámara aprobó la SB3 en una votación de 84-59 preferencias. El proyecto de ley ahora se dirige de nuevo al Senado, que previamente lo aprobó, por lo que los legisladores pueden votar sobre la versión modificada.
La SB4 fue aprobada en una votación de 83-61 preferencias. Ese proyecto de ley fue aprobado por el Senado la semana pasada y ahora se dirige a la mesa del gobernador de Texas, Greg Abbott, para ser convertido en ley.
Preguntas planteadas sobre los poderes federales y estatales
Los demócratas y otros opositores han expresado su preocupación por los dos proyectos de ley, diciendo que pueden conducir a la discriminación racial. Algunos cuestionaron la constitucionalidad de las medidas.
“El Proyecto de Ley 4 del Senado es la legislación más amplia e invasiva que jamás haya desafiado potencialmente la naturaleza misma de nuestro poder federal y estatal. El poder de hacer cumplir las leyes de inmigración es, incuestionablemente, exclusivamente un poder federal”, dijo la representante estatal demócrata, Victoria Neave Criado, del caucus legislativo mexicano-estadounidense, durante el debate del martes, según el Austin American-Statesman.
La Sra. Joan Huffman, por su parte, dijo que la SB3 proporciona fondos críticos para la aplicación de la ley y garantiza que “todo individuo peligroso” sea detenido y “cada gramo de drogas que de otro modo habría llegado a las comunidades en todo Texas y la nación” sea incautado.
En su propia declaración, el Sr. Jetton dijo que las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden “han creado una crisis humanitaria y de seguridad pública en nuestra frontera sur”.
“Mientras el gobierno federal no logra mantener a los cárteles de la droga, los traficantes de personas, los delincuentes convictos y las drogas peligrosas como el fentanilo fuera de nuestro país, Texas seguirá intensificando sus esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, añadió el legislador.
Con información de Katabella Roberts y EFE.
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