El senador Lindsey Graham (R-S.C.) advirtió en una audiencia reciente que el presidente Trump no será indulgente con los inmigrantes ilegales, incluidos los beneficiarios del programa DACA, a menos que ofrezcan un “beneficio único” a Estados Unidos.
El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos celebró una audiencia el miércoles denominada “Sueño diferido: la necesidad urgente de proteger a los jóvenes inmigrantes”, que enfatizó la necesidad de aprobar protecciones legales para los no ciudadanos traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.
Los “dreamers” pueden obtener permisos de trabajo y evitar la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Sin embargo, DACA no ofrece tarjetas de residencia y actualmente no existe ningún camino hacia la ciudadanía a través de la iniciativa.
Durante la audiencia, el Sr. Graham dijo que “si el presidente Trump gana, predigo, no voy a hablar por él, pero a menos que realmente tengan un beneficio único para el país o una situación humanitaria inusual, van a ser expulsados. Hay millones de personas aquí que acaban de ser admitidas en el país”, dijo.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), había más de 530,000 beneficiarios activos de DACA en el país al 31 de diciembre de 2023. La gran mayoría, más de 429,000 de ellos, son de México, seguido de Guatemala, Perú, Brasil y Colombia.
En la audiencia, Tom Wong, profesor asociado de ciencias políticas y director fundador del Centro de Políticas de Inmigración de Estados Unidos (USIPC) en la UC San Diego, recomendó proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los «dreamers», diciendo que esto «mejorará significativamente la economía estadounidense».
“Según una estimación, los dreamers aportan aproximadamente 45 mil millones de dólares a la economía estadounidense cada año a través de sus salarios y pagan 13 mil millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales combinados. Un camino hacia la ciudadanía permitiría a los jóvenes indocumentados participar de manera más plena y productiva en la fuerza laboral”, dijo.
Sin embargo, Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), dio una advertencia contra la idea.
“Sería un grave error que el Congreso considerara un programa de amnistía o legalización, ya sea para beneficiarios de DACA o cualquier otro grupo de extranjeros ilegales, en este momento en que el gobierno no tiene control operativo de la frontera y está capturando y liberando inmigrantes ilegales a gran escala”, dijo.
Después de que se implementó DACA, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos (CBP) informó de un “aumento significativo en el número de extranjeros ilegales detenidos en la frontera sur”, incluyendo a menores no acompañados.
“La conciencia general sobre el programa DACA, la presión para una amnistía a gran escala en 2013 y el intento de Barack Obama de promulgar una amnistía similar por decreto ejecutivo en 2014 probablemente contribuyeron a la impresión entre los inmigrantes ilegales de que era muy probable que se promulgara en un futuro próximo una amnistía que cubriera a sus hijos, si no es que a toda su familia”.
La afluencia recién disminuyó en 2017 bajo la administración Trump. La Sra. Vaughan acusó a DACA de desviar oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses legales aumentando el costo de los programas de asistencia y bienestar público y brindando protección contra la deportación a los criminales.
Planteó más preocupaciones sobre los deficientes procesos de investigación de DACA. “Según un informe de USCIS, alrededor del 12 por ciento de los solicitantes de DACA tenían antecedentes de arresto, incluidos asalto, agresión, violación, asesinato y conducción bajo los efectos del alcohol, y el 85 por ciento de esos solicitantes fueron aprobados”.
Imponiendo DACA en Estados Unidos
El programa DACA fue creado unilateralmente por el presidente Obama en 2012 mediante una orden ejecutiva sin legislación alguna. Después de que el presidente Trump llegó al poder, anunció en 2017 que pondría fin a DACA. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la propuesta en 2020.
En una publicación en redes sociales de 2019, el expresidente Trump dijo que “muchas de las personas en DACA, que ya no son muy jóvenes, están lejos de ser ‘ángeles’. Algunos son criminales muy duros y reincidentes”.
A principios de 2017, el entonces Fiscal General Jeff Sessions señaló que DACA “se implementó unilateralmente generando gran controversia y preocupación legal después de que el Congreso rechazara propuestas legislativas para extender beneficios similares en numerosas ocasiones a este mismo grupo de extranjeros ilegales”.
“En otras palabras, el poder ejecutivo, a través de DACA, buscó deliberadamente lograr lo que el poder legislativo específicamente se negó a autorizar en múltiples ocasiones. Una evasión tan ilimitada de las leyes de inmigración fue un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo”.
Culpó a la política DACA de contribuir al aumento de menores no acompañados en la frontera sur. El programa “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos mismos empleos fueran para extranjeros ilegales”.
Este mes, la administración Biden finalizó una directiva que amplía la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, a los beneficiarios de DACA. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid estiman que la decisión podría beneficiar a 100,000 personas.
El senador J.D. Vance (R-Ohio) criticó a la administración Biden por dar el dinero de los contribuyentes estadounidenses «ganado con tanto esfuerzo” a los extranjeros con DACA. Lo llamó una bofetada a todo ciudadano estadounidense trabajador que sigue las reglas.
En julio del año pasado, Vance y otro legislador presentaron la “Ley No Obamacare para Extranjeros Ilegales” de 2023 con el objetivo de evitar que el dinero de los contribuyentes se utilice para brindar beneficios de atención médica a inmigrantes ilegales.
«Es de sentido común: las personas que violan nuestras leyes no deberían aprovechar los beneficios de los programas públicos destinados a ciudadanos legales», dijo en ese momento.
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