El miembro principal de la Comisión Judicial del Senado de EE.UU., Chuck Grassley (R-Iowa), instó al fiscal general Merrick Garland a que investigue si algún funcionario estatal, sometido a la investigación del Departamento de Justicia sobre el virus del PCCh en los centros geriátricos, incurrió en obstrucción a la justicia.
Grassley, al que se unieron otros cinco senadores republicanos, escribió a Garland el lunes pidiéndole que amplíe la investigación del Departamento de Justicia sobre cuatro estados que fueron objeto de un amplio escrutinio por su respuesta el año pasado a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), la que podría haber provocado la muerte de miles de residentes en centros geriátricos.
Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Michigan, habían emitido órdenes que obligaban a las residencias de ancianos a «admitir pacientes con COVID-19 en sus poblaciones vulnerables, a menudo sin realizar las pruebas adecuadas», dijo el departamento en agosto de 2020.
El Departamento de Justicia solicitó datos a los cuatro estados para evaluar la posibilidad de iniciar investigaciones de derechos civiles con el objeto de determinar si las órdenes estatales son responsables de las muertes de los residentes en los centros geriátricos.
En octubre, el departamento amplió la investigación pidiendo a Nueva York que entregara un desglose de las muertes en hospitales que su departamento de salud había estado recopilando desde al menos abril, pero que no había hecho público. En ese momento, el gobierno de Cuomo se negó en repetidas ocasiones a hacer públicos esos datos sobre los centros geriátricos.
El Departamento de Justicia también anunció ese mismo mes que había iniciado una investigación sobre los derechos civiles en las residencias de veteranos administradas por el Estado de Nueva Jersey.
Funcionarios de ambos estados criticaron la revisión del DOJ por estar «políticamente motivada».
Grassley instó a Garland en su carta a que continúe con sus investigaciones en los cuatro estados. También expresó su especial preocupación por la conducta de los funcionarios de Nueva York por el supuesto «encubrimiento» de las muertes relacionadas con el COVID-19 en residencias de ancianos del estado.
En enero, el fiscal general de Nueva York publicó un informe de 76 páginas (pdf) a raíz de una investigación sobre la respuesta en los centros geriátricos durante la pandemia en relación con las acusaciones de abandono de pacientes y otras conductas. Los datos preliminares de la investigación sugieren que muchos residentes de los centros geriátricos fallecieron de COVID-19 en el hospital, después de haber sido trasladados desde sus residencias.
Estos casos no se reflejaron en los datos totales de muertes en centros geriátricos publicados por el Departamento de Salud del estado. La oficina del fiscal general comparó los datos de 62 residencias de ancianos, que representan el 10 por ciento del total de instalaciones de Nueva York, comunicados a su oficina, con los datos comunicados al DOH.
De esta manera la investigación descubrió que algunas residencias de ancianos infravaloraron al DOH las muertes de sus residentes ocurridas en centros geriátricos hasta en un 50 por ciento.
En una conferencia telefónica con líderes demócratas del estado el 11 de febrero, Melissa DeRosa, una de las principales asesoras del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, supuestamente se disculpó por haber ocultado la información de casi 15,000 residentes de centros geriátricos que habían muerto a causa del COVID-19, una cifra muy superior a las 8500 reveladas anteriormente, según New York Post, que obtuvo una grabación de audio.
DeRosa también habría dicho a los demócratas que el gobierno temía que los datos pudieran «ser utilizados en nuestra contra» por el DOJ.
Grassley también se refirió a otros artículos de prensa que informaron sobre las acusaciones de que los principales ayudantes del gobernador de Nueva York estaban implicados en la alteración del informe de un funcionario de una residencia de ancianos del estado. Los medios de comunicación citaron varias fuentes anónimas.
«Estos relatos plantean preguntas adicionales sobre si el gobierno de Cuomo ocultó intencionadamente el alcance del problema que afectaba a las residencias de ancianos de Nueva York durante el periodo de emergencia nacional», escribió Grassley.
«Las residencias de ancianos siguen siendo puntos críticos del coronavirus, por lo que pedimos que el DOJ continúe investigando con diligencia hasta qué punto los gobernadores de cuatro estados violaron los derechos civiles de los residentes de los centros geriátricos y no cumplieron con su deber de cuidado».
«También le pedimos que investigue si alguna de esas directivas estatales fue incompatible con las directrices o requisitos de actuación en los programas federales y que determine si hubo encubrimiento u obstrucción de la justicia por parte de los funcionarios públicos que fueron objeto de las investigaciones del DOJ», añadió.
Otros senadores que también firmaron la carta son Steve Scalise (R-La.), Tim Scott (R-S.C.), Ted Cruz (R-Texas), Thom Tillis (R-N.C.) y Josh Hawley (R-Mo).
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de The Associated Press.
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