Las representantes Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) se enfrentaron el 16 de mayo durante la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara para declarar al fiscal general Merrick Garland en desacato al Congreso por negarse a entregar las cintas de audio de la entrevista de dos días del abogado especial Robert Hur con el presidente Joe Biden sobre su presunto mal manejo de información clasificada.
El altercado verbal surgió a raíz de una pregunta formulada por la Sra. Greene. Ella quería saber si el juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchan, que preside el juicio penal del expresidente Donald Trump en Nueva York, ha trabajado para algún miembro del comité.
Previamente de semana, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes asistió al juicio para mostrar su apoyo al expresidente, que se enfrenta a 34 cargos por delitos graves por su presunto papel en un esquema de «pagos por silencio» que involucró a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante las últimas semanas de la campaña presidencial de 2016.
Las cosas se pusieron más tensas cuando, en respuesta a la pregunta de la Sra. Greene, la representante Jasmine Crockett (D-Texas) dijo: «Por favor, dígame qué tiene que ver eso con Merrick Garland».
La Sra. Greene entonces lo hizo personal al criticar la apariencia de la Sra. Crockett, diciendo que no sabía “para qué estás aquí”.
«Creo que tus pestañas postizas están estropeando lo que estás leyendo», dijo.
«Eso es absolutamente inaceptable», intervino la Sra. Ocasio-Cortez. «Cómo te atreves a atacar la apariencia física de otra persona».
«¿Sus sentimientos están heridos?», respondió la Sra. Greene.
«Oh, niña. Niñita. Ni siquiera lo intentes», dijo la Sra. Ocasio-Cortez.
«¿Niñita? No lo creo», respondió la Sra. Greene.
La Sra. Greene se negó a disculparse.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes había votado 18-15 a favor de la resolución. El Comité de Supervisión también lo hizo el 16 de mayo por 24 votos a favor y 20 en contra.
La resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de que se remita al Departamento de Justicia, pero no está claro si el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, presentará una resolución al pleno.
El presidente Biden ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de su entrevista de dos días con el Sr. Hur, que estaba investigando el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente.
El informe del Sr. Hur recomendó finalmente que no se presentaran cargos contra el Presidente. Una de las razones aducidas fue la valoración del Sr. Hur sobre cómo se presentaría el jefe del Ejecutivo ante un jurado.
«También hemos considerado que, en el juicio, el Sr. Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria», escribió el Sr. Hur.
Esta evaluación provocó un intenso escrutinio sobre la agudeza mental del presidente de 81 años. Los republicanos han acusado a la Casa Blanca de ocultar deliberadamente las cintas para evitar situaciones embarazosas.
Las cintas están en el centro de una disputa entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el Sr. Garland, que ha desafiado las citaciones. Mientras que el Departamento de Justicia ha entregado las transcripciones de la entrevista, se ha negado a proporcionar las cintas, argumentando que no había necesidad de hacerlo, mientras que acusa a los republicanos de quererlas por razones políticas.
En una carta dirigida al presidente el 15 de mayo, Garland afirmaba que «las necesidades de la comisión son claramente insuficientes para compensar los efectos nocivos que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y eficacia de investigaciones similares de las fuerzas de seguridad en el futuro».
El 16 de mayo, el abogado del presidente Biden acusó a los republicanos de la Cámara de querer las grabaciones con fines políticos.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: trocearlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas. Exigir al Poder Ejecutivo material policial tan sensible y constitucionalmente protegido porque quieren manipularlo para obtener un posible beneficio político es inapropiado», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, en una carta a Comer y Jordan.
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