El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió el jueves que su administración se está preparando para llevar su lucha fronteriza a la Corte Suprema. El anuncio se dio después que un juez federal bloqueara una ley que entraría en vigor este mes y que le permitía a la policía arrestar a inmigrantes ilegales.
El juez de distrito estadounidense David Ezra emitió una orden judicial preliminar para suspender la ley, que entraría en vigor el 5 de marzo, mientras que la oficina del fiscal general del estado apeló inmediatamente el fallo. Su orden iba en contra de los esfuerzos de control de inmigración de Texas, negando las afirmaciones de que hubo una invasión en la frontera entre Estados Unidos y México debido a cruces ilegales, al tiempo que argumentó que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución.
En una declaración, el gobernador republicano les dijo a los medios que la decisión será apelada y que Texas “no retrocederá en nuestra lucha para proteger nuestro estado”, y luego señaló que el caso probablemente será decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur”, dijo Abbott. “Incluso desde el tribunal, este juez de distrito reconoció que este caso será finalmente decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos”.
En su orden, el juez Ezra, designado por Reagan, escribió que la ley entraría en conflicto con las leyes federales de inmigración y afirmó que Texas podría entonces «reemplazar permanentemente las directivas federales» que anularían «la ley y la autoridad federales». Esa noción, afirmó, «es antitética a la Constitución y ha sido inequívocamente rechazada por los tribunales federales desde la Guerra Civil».
El gobierno federal “sufriría un daño grave e irreparable” porque otros estados se sentirían inspirados a aprobar medidas similares, continuaba la orden. “La SB 4 amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz”, escribió, refiriéndose al nombre de la ley, que fue aprobada en la Legislatura de Texas antes de que fuera firmada por Abbott.
Los opositores han calificado la ley de Texas como el intento más dramático por parte de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010 que los opositores ridiculizaron como el proyecto de ley “muéstrame tus papeles”. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló parcialmente la ley de Arizona, pero algunos republicanos de Texas quieren que se revise ese fallo.
También en su decisión, el juez Ezra escribió que la ley de Texas fue precedida por la decisión en el caso de Arizona, y agregó que las dos leyes tenían “similitudes sorprendentes”. También rechazó las afirmaciones de los funcionarios estatales de que un gran número de cruces fronterizos ilegales constituyen una “invasión”, diciendo que llamarlo así es una interpretación novedosa de la cláusula de invasión de la Constitución y que permitir que la ley se mantenga sería permitir que el estado participe en una guerra.
Los republicanos estatales que respaldan la ley han dicho que no apuntaría a los inmigrantes que ya viven en Estados Unidos a causa de un plazo de prescripción de dos años para el cargo de entrada ilegal y que se aplicaría solo a lo largo de la frontera del estado con México.
Grupos de derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), así como otros grupos a favor de la inmigración ilegal, se han opuesto a la ley. “Ningún estado tiene derecho a decidir unilateralmente quién será estadounidense”, le dijo al medio David Donatti, abogado Senior de la ACLU de Texas. «Hacerlo viola la Constitución, socava los derechos humanos y daña las relaciones internacionales».
Según la ley, las fuerzas del orden estatales podrían detener a inmigrantes ilegales sospechosos de haber cruzado recientemente la frontera entre Estados Unidos y México. Los inmigrantes ilegales podrían aceptar una orden de abandonar Estados Unidos o aceptar una acusación de delito menor, y aquellos que no abandonen el país tras recibir la orden podrían ser acusados de un delito grave si son detenidos de nuevo.
Horas después de la orden del juez, el fiscal general republicano de Texas presentó una apelación.
“Texas tiene un claro derecho a defenderse de los narcotraficantes, traficantes de personas, cárteles y legiones de extranjeros ilegales que cruzan a nuestro estado como consecuencia de las decisiones políticas deliberadas de la administración Biden”, dijo el fiscal general Ken Paxton en un comunicado de prensa. “Haré todo lo posible para defender el derecho de Texas a defenderse de la catastrófica invasión ilegal alentada por el gobierno federal”.
En los últimos meses, Abbott ha estado en desacuerdo con la administración Biden en la frontera, ya que afirmó que el gobierno federal no ha cumplido con sus deberes respecto a la ley de inmigración. Los datos han demostrado que un número récord de extranjeros ilegales han cruzado a Estados Unidos desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021.
La administración Abbott ha establecido una barrera flotante en el Río Grande, que fue bloqueada por un tribunal de apelaciones, además de colocar barreras de alambre de púas a lo largo de una sección de la frontera entre Estados Unidos y México. A principios de este año, la Corte Suprema falló en contra del gobernador de Texas, diciendo que debe permitir que los agentes federales corten el cable.
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