WASHINGTON—Un grupo bipartidista de 68 senadores y representantes piensa que es hora de que se diga al Congreso cuánto van a aumentar los costos de los intereses de la deuda nacional a partir de las nuevas propuestas legislativas antes de decidir si votar por ellas.
Los estimados de costos son preparados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), pero las proyecciones actuales no incluyen los intereses adicionales de la deuda, de acuerdo con el grupo que es liderado por el Senador Mike Lee (R-Utah) y los representantes Ed Case (D-Hawaii) y Michael Cloud (R-Texas).
«La deuda nacional de nuestra nación recientemente sobrepasó los 23 billones de dólares, según informó el Departamento del Tesoro el 31 de octubre de 2019», señalaron los 68 miembros del Congreso en una carta del 15 de enero de 2020 a los presidentes y miembros minoritarios de mayor rango de las comisiones de presupuesto del Senado y la Cámara.
El grupo incluye 56 republicanos y 12 demócratas.
«Hace solo nueve meses la deuda pública pendiente de pago de Estados Unidos alcanzó los 22 billones de dólares. La CBO estima que, para el 2029, los pagos por intereses netos alcanzarán casi los 928,000 millones de dólares—casi el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestra nación», continuó el grupo.
«A este ritmo de crecimiento, los pagos de intereses pronto eclipsarán el gasto militar y se multiplicarán los gastos discrecionales», dijeron. El gobierno federal no ha equilibrado su presupuesto anual desde el año 2000, al final del mandato del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca.
«Requerir los costos del servicio de la deuda es simplemente un comienzo para reducir nuestra masiva deuda nacional, pero es una reforma importante. El Congreso debería sopesar el costo real de la legislación en lugar de ignorar los costos para hacer que los nuevos programas parezcan no ser tan costosos», continuó el grupo en la carta.
La carta está dirigida a senador Mike Enzi (R-Wyo.), presidente del panel de presupuesto de la cámara alta, con el senador Bernie Sanders (I-Vt.) como el miembro minoritario de mayor rango; y los representantes John Yarmuth (D-Ky.), presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, y Steve Womack (R-Ark.) miembro de mayor rango del Partido Republicano. Los dos paneles supervisan conjuntamente el CBO.
El grave impacto de la aceleración de los costos de los intereses de la deuda como resultado de que el Congreso gasta continuamente más de lo que el Departamento del Tesoro recauda en impuestos y otros ingresos fue explicado aún más vívidamente por Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
«El gobierno federal gastará más en intereses que en niños para el 2021 y más en intereses que en Medicaid para el 2023», dijo MacGuineas en una carta conjunta del 15 de enero de 2020.
«Dado el impacto cada vez mayor de los costos de los intereses, es fundamental que se incluyan en las estimaciones presupuestarias para la legislación—y no hay razón para que alguno se oponga a este mayor nivel de transparencia», dijo.
«Cuando el Congreso no entiende el verdadero costo de una propuesta, es más probable que tome decisiones que pongan en peligro nuestra capacidad de abordar las necesidades futuras», dice la carta conjunta.
«Incluir los costos del servicio de la deuda en los cálculos de costos legislativos equipará mejor a los legisladores para tomar decisiones de gastos informadas. Los miembros del Congreso y el personal del mismo se beneficiarían de esta información, que puede ayudar a informar mejor el desarrollo de la legislación y las decisiones de votación. Ya es hora de que el Congreso ponga fin a los gastos imprudentes», dice la carta.
El presidente de Americans for Limited Government (ALG), Richard Manning, dijo a The Epoch Times el lunes que «es sorprendente que la CBO no incluya el costo de los préstamos en sus proyecciones sobre el impacto de la nueva legislación. La terrible verdad es que cada nuevo dólar que es autorizado por el Congreso es un dólar prestado y el fracaso de la CBO para proporcionar proyecciones a 10 años sobre el costo de los préstamos que bordea la mala práctica fiscal».
«La responsabilidad fiscal nunca llegará al Congreso hasta que una mayoría de miembros ponga a la siguiente generación por delante de las próximas elecciones. El partido mayoritario nunca quiere recortar el gasto. Ambos partidos son adictos al gasto y hasta que los votantes no tengan una intervención nada cambiará,» dijo Mackowiak.
Mackowiak sugirió que para poner fin a los déficits federales será necesario adoptar una enmienda constitucional de presupuesto equilibrado.
El presidente de Taxpayers Protection Alliance, David Williams, dijo a The Epoch Times que «siempre se fomenta más información y transparencia para los contribuyentes. Cuanto más sepa el país sobre los verdaderos costos de legislación, más posibilidades tendremos de abordar los temas».
Williams advirtió, sin embargo, que «no hay garantía de que saber cuánto cuesta cada pieza de legislación y cómo se relaciona con los préstamos detenga el gasto imprudente, pero es un paso importante».
La analista de presupuestos de la Heritage Foundation, Romina Boccia, elogió la propuesta y dijo a The Epoch Times que «es simplemente de sentido común incluir los costos de los intereses cuando se gasta el dinero prestado. Las familias estadounidenses entienden que cuando compran una casa o un auto a crédito, deben considerar el costo total de su compra, incluyendo los costos de los intereses que deben pagar. El Congreso no debe mantenerse en un nivel inferior cuando se gasta el dinero de los futuros contribuyentes aumentando los déficits».
El presidente Tom Schatz de Citizens Against Government Waste (CAGW) comparó a la CBO dando al Congreso proyecciones de costos de interés a un prestamista «mostrando a un prestatario los costos agregados para el interés en una tarjeta de crédito o un préstamo que ellos pagarían a lo largo del tiempo dependiendo de cuánto tiempo elijan para pagar la cantidad completa. En tales casos, los prestatarios a menudo aumentan sus pagos de capital para evitar pagar más intereses cuando pueden pagar el enganche o cancelar otros préstamos, o cuando tienen más ingresos disponibles».
Pero, señaló Schatz, los prestatarios privados «tienen un incentivo diferente al del gobierno federal para limitar el pago de intereses y la deuda porque tienen un límite de préstamos y pueden quebrar».
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