Gun Owners of America (GOA) ha demandado al estado de Nueva York por las nuevas restricciones a la portación pública de armas de fuego que fueron aprobadas a toda prisa por la Asamblea Legislativa del estado. Dichas restricciones fueron promulgadas como ley después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara el requisito del estado relacionado con que el solicitante de un permiso de portación debe demostrar una necesidad especial de autodefensa.
La demanda apunta específicamente a la Ley de mejora del porte oculto (CCIA), que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demócrata, promulgó a principios de este mes. Entra en vigor el 1 de septiembre.
En ese momento, Hochul criticó fuertemente a la corte por emitir lo que llamó “una decisión imprudente que elimina las limitaciones centenarias sobre quién puede portar armas ocultas en nuestro estado, lo que nos hace retroceder sin sentido y pone en peligro la seguridad de nuestros residentes”.
El nombre del estatuto en sí es irónico porque es «el intento de Nueva York de burlar el fallo de la Corte Suprema» del 23 de junio en el caso de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York vs Bruen, según la demanda legal (pdf) presentada el 11 de julio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Nueva York. La nueva ley pone en vigor «nuevas infracciones, manifiestamente inconstitucionales, al derecho enumerado de poseer y llevar armas», afirma la demanda.
El caso es Antonyuk vs Bruen, 1:22-CV-734. Los demandantes son el propietario de armas Ivan Antonyuk, Gun Owners of America Inc., su fundación y su filial en Nueva York. El acusado, Kevin Bruen, es superintendente de la Policía del Estado de Nueva York.
Sam Paredes es director ejecutivo de Gun Owners of California, miembro de la junta directiva de GOA y tesorero de su fundación afiliada.
“Confiamos en que anularemos prácticamente todo lo que hicieron en este paquete legislativo porque claramente violaron el fallo directo del caso de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York vs Bruen”, dijo Paredes a The Epoch Times en una entrevista.
Los legisladores de Nueva York “le dieron al juez [Clarence] Thomas el dedo del medio”, dijo, refiriéndose al hecho de que Clarence Thomas escribió la opinión del tribunal superior en el caso Bruen.
Específicamente, la demanda se enfoca en el requisito de «buen carácter moral» de la CCIA para los solicitantes de permisos, el requisito de que los solicitantes proporcionen referencias de carácter en entrevistas en persona con la policía y envíen sus propias publicaciones en las redes sociales para la inspección del gobierno. Se basa también en la prohibición ampliada para lugares sensibles donde no se pueden traer armas ocultas, y una serie de nuevas tarifas administrativas que la demanda llama un «impuesto de la Segunda Enmienda».
“Los solicitantes deben someterse a 18 horas de capacitación combinada donde actualmente son solo cuatro horas. El quid de la cuestión es que sabemos que esta es solo una respuesta airada y maliciosa al fallo de la Corte Suprema porque los titulares de permisos para portar armas ocultas en Nueva York se encuentran entre los ciudadanos más respetuosos de la ley en el estado, al igual que en California y en todo el país”, dijo Paredes.
El requisito de capacitación de cuatro horas y las verificaciones de antecedentes fueron “suficientes para mantener ese nivel de pureza entre la CCW [es decir, titulares de permisos de porte de armas]”, pero los nuevos mandatos no tienen otro propósito que limitar la propiedad de armas, dijo.
«Lo que han hecho es pasar del [requisito de] ‘buena causa’ a una muestra de ‘buen carácter moral’. No hay una definición clara de ‘buen carácter moral’ en los estatutos de Nueva York o en los de California, ni en ningún estatuto», continuó Paredes.
“Entonces, han agregado esta gran cantidad de subjetividad al proceso”, dijo. “La subjetividad es el enemigo de la Segunda Enmienda, y la están agregando a raudales”.
Paredes recordó que el fiscal general de California, Rob Bonta (demócrata), también adoptó recientemente el requisito de “buen carácter moral” de su estado para los solicitantes de permisos, una situación que reportó The Epoch Times.
En un memorando estatal a las fuerzas del orden público, Bonta alentó a las autoridades emisoras de permisos a incluir la «ausencia de odio y racismo» como un factor positivo para determinar la entrega de los permisos, lo que generó preocupaciones entre los defensores de la Segunda Enmienda relacionadas con que las opiniones políticas del solicitante, expresadas en las redes sociales o en cualquier otro lugar, podría dar lugar a la denegación de los permisos.
Aunque Paredes dijo que, hasta donde él sabe, la CCIA no hace referencia específica al «odio» o al «racismo», estos términos potencialmente incendiarios, que son maleables en el entorno políticamente polarizado actual, aún podrían encontrar su espacio en el proceso de permisos de Nueva York.
En las redes sociales “la gente dirá cosas que no entienden lo que significan, o entienden, pero quieren expresar algo. Y tienen el derecho de la Primera Enmienda para hacerlo. Ahora, Nueva York y California quieren usar la expresión de un derecho de la Primera Enmienda, como una razón para negar un derecho de la Segunda Enmienda”.
“No se puede utilizar un derecho constitucional para invalidar otro derecho constitucional”, dijo Paredes.
The Epoch Times se acercó a los funcionarios estatales.
“No estamos haciendo comentarios”, respondió la Policía del Estado de Nueva York por correo electrónico.
La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James (demócrata), no respondió al cierre de esta edición.
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