Una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del país que cabildean a favor de la reforma migratoria está pidiendo al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), que presente los proyectos de ley de seguridad fronteriza patrocinados por los republicanos al pleno de la cámara para que puedan ser adoptados e implementados tan pronto como sea posible.
El vicepresidente de NumbersUSA, Chris Chmielenski, dijo que la primera medida que debe ser presentada ante los legisladores es la Ley de Seguridad Fronteriza de 2023 presentada por el representante Chip Roy (R-Texas) el 9 de enero.
«Hay que hacer algo. No creemos que la Administración Biden esté haciendo algo, ni que el Senado esté haciendo algo» para asegurar la frontera, dijo Chmielenski a The Epoch Times. «Ante todo, tenemos que ocuparnos de la crisis fronteriza».
NumbersUSA, con sede en Arlington (Virginia), se describe a sí misma como «la principal organización popular que lucha por reducir la inmigración legal e ilegal… [con] 8 millones de participantes en todo el país». Ha estado luchando para «sabotear las propuestas de amnistía de las administraciones Trump, Obama y Bush» desde su fundación en 1997.
El proyecto de ley de fronteras espera audiencias y se enfrenta a la resistencia
El proyecto de ley de Roy, HR 29, que contaba con 64 copatrocinadores hasta el 5 de febrero, se presentará ante los comités de Seguridad Nacional y Judicial de la Cámara de Representantes, pero no se encuentra entre las medidas que se están tramitando por la vía rápida. No se han fijado fechas para las audiencias de los comités.
Roy dijo a The Epoch Times a finales de enero que McCarthy aseguró a los republicanos que se resistían durante la negociación de una semana que le permitió ascender al liderazgo de la cámara que los proyectos de ley relacionados con la inmigración llegarían al pleno, incluido su «plan fronterizo de Texas».
Roy dijo que el proyecto de ley es una propuesta sencilla, especialmente para los legisladores que apoyan la seguridad fronteriza y la orden de salud pública del Título 42 que permite a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos expulsar rápidamente a algunos extranjeros ilegales. «O estás a favor o estás en contra», dijo.
El proyecto de ley obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a suspender la entrada de cualquier extranjero sin documentos válidos si no tiene capacidad para detenerlo mientras se resuelve su situación o para devolverlo a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.
No hay nada nuevo en el proyecto de ley, salvo que la medida de Roy permite a los estados emprender acciones legales para obligar al DHS a hacer cumplir la ley vigente.
La Administración Biden no está aplicando la política de «Permanecer en México» de la era Trump, mientras que también está disminuyendo el espacio de detención, lo que significa que a los extranjeros que entraron ilegalmente en los Estados Unidos se les permite entrar antes de que sus casos sean adjudicados.
Bajo este sistema de «captura y liberación», a los extranjeros ilegales se les proporciona un teléfono rastreable y una fecha ante la corte que a menudo es meses o incluso años después.
Mientras se aplicó el programa «Permanecer en México» bajo la Administración Trump, la inmigración ilegal se redujo en aproximadamente un 75 por ciento, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
A pesar de que la Corte Suprema de EE. UU. ordenó a la Administración Biden restablecer la política en agosto de 2022, ningún extranjero ilegal ha sido colocado en el programa, según las estadísticas de CBP.
Roy dijo que la «posición por defecto» del Congreso debería ser «el control operativo de la frontera», pero su medida ha suscitado una feroz oposición por parte de una coalición de 253 organizaciones no gubernamentales (ONG), que afirman que «cerraría nuestra frontera a todos los solicitantes de asilo, por muy sólidos que fueran sus casos».
Si se adopta, dijo la coalición en una carta al Congreso, la política «devolvería a los refugiados de todas las nacionalidades y edades, incluidos los niños, directamente al daño y la muerte».
Las solicitudes por «miedo creíble» atascan el sistema
Pero Chmielenski, de NumbersUSA, dijo que el sistema de asilo, tal como se interpreta actualmente, está descompuesto y debe ser desechado hasta que el Congreso aborde una reforma migratoria integral.
«La gente puede alegar como primer paso ‘miedo creíble’ a regresar a su país. En su mayor parte, [los funcionarios de inmigración] aceptan las alegaciones de los extranjeros ilegales sin más y los someten a un procedimiento de asilo», afirmó.
Como resultado, dijo Chmielenski, «hay más de un millón de estas solicitudes en el expediente —un millón de solicitudes acumuladas— y una espera de cinco a diez años para comparecer ante un juez de inmigración».
Lo que hace que la política sea tan frustrante, dijo, es que la mayoría de los que alegan «miedo creíble» como razón para permanecer en Estados Unidos son rechazados una vez que llegan ante un juez de inmigración, si es que se presentan.
Los republicanos de la Cámara de Representantes deben poner fin a esta «captura y liberación» y «limitar el uso de la libertad condicional anticipada por parte de la Administración Biden, dijo Chmielenski, restableciendo la política de la Administración Trump de «hacerles esperar en México». La Administración Biden los está dejando entrar, permitiéndoles esperar en Estados Unidos».
NumbersUSA sostiene que el proyecto de ley de Roy «es un buen comienzo, pero definitivamente no es el criterio de referencia» de la legislación que quiere que se promulgue, dijo Chmielenski.
Cuando se le preguntó cuál sería el «criterio de referencia», respondió: «Una de las cosas significativas que el proyecto de ley no aborda es toda la cuestión del asilo», que Roy insiste en que permanecerá intacta tal y como está definida actualmente.
Adoptar cuanto antes la «Ley de mano de obra legal»
Otro proyecto de ley de inmigración que NumbersUSA apoya es la propuesta de Ley de Fuerza Laboral Legal del representante Ken Calvert (R-Calif.), que «haría obligatorios y permanentes los requisitos relacionados con el uso de un sistema electrónico de verificación de elegibilidad de empleo».
La HR 319, que cuenta con seis copatrocinadores, se presentará ante los comités de Justicia, Medios y Arbitrios y el Subcomité de Educación y Mano de Obra de la Cámara de Representantes. No se han fijado fechas de audiencia.
«Los puestos de trabajo estadounidenses solo deberían ir a parar a personas legalmente autorizadas a trabajar en nuestro país», declaró Calvert en un comunicado que acompañaba a la presentación del proyecto de ley. «La aprobación de la ‘Legal Workforce Act’ representaría un paso crucial para arreglar nuestro maltrecho sistema de inmigración. Hasta que no contemos con un sistema obligatorio de verificación de la mano de obra –como E-Verify– los inmigrantes tendrán un incentivo para entrar en nuestro país por medios ilegales. Queremos y necesitamos que los inmigrantes vengan a nuestra nación para contribuir a nuestro éxito económico, pero también debemos seguir siendo una nación soberana regida por el Estado de Derecho».
Chmielenski dijo que la Ley de Mano de Obra Legal propuesta por Calvert «ha sido respaldada de hecho por la Cámara de Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Estas son organizaciones que tienden a oponerse a mandatos adicionales para los empleadores».
Actualmente, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 22 estados imponen alguna forma de «E-Verify obligatorio en lugar de limitarse a exigir el I-9», dijo, lo que hace recaer sobre los empleadores la responsabilidad de «convertirse en expertos en documentos». E-Verify es un tema delicado en los estados, pero [la obligatoriedad de E-Verify] sustituiría a un mosaico de leyes de un estado a otro y contribuiría en gran medida» a resolver los problemas de inmigración del país.
Una medida de este tipo «cuenta con el amplio apoyo de una gran mayoría de estadounidenses y «las propias empresas apoyan una ley uniforme en lugar de tener que jugar con reglas diferentes» en los distintos estados», afirmó Chmielenski.
En última instancia, NumbersUSA quiere que el Congreso emprenda una reforma integral de la inmigración, que no se ha abordado desde 1986, bajo la Administración Reagan, dijo.
Pero lo primero es lo primero, especialmente cuando se enfrenta a una crisis fronteriza y lo que es políticamente factible en el aquí y ahora, dijo Chmielenski, alabando a los republicanos de la Cámara por «al menos decir que harán de este tema una prioridad».
Esencialmente, lo que hace el proyecto de ley de Roy es «poner un marcador y decir que nos estamos tomando esto en serio. Si se pregunta a los votantes de todo el país qué medidas deben tomarse para poner fin a la crisis fronteriza, la gran mayoría dice que si alguien cruza la frontera ilegalmente, debe ser detenido» o rechazado.
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