Un grupo de más de 60 grupos de control del consumidor y sindicatos enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.) y al líder de la minoría Kevin McCarthy (R-Calif.) el jueves, instándolos a oponerse a la legislación que protege a los proveedores de atención médica de las demandas relacionadas con la COVID 19, la enfermedad causada por el virus del PCCh.
«Las organizaciones abajo firmantes instan a oponerse a la H.R. 7059, la ‘Ley de Protección al Proveedor por Coronavirus'», decía la carta. «Entendemos que el ímpetu declarado para esta legislación es apoyar a los trabajadores de la salud de primera línea. Sin embargo, este proyecto de ley crea un potencial daño extremo a los pacientes, y podría tener consecuencias letales para muchos», continuó la carta.
La Ley de Protección al Proveedor por Coronavirus, que se presentó a finales de mayo, tiene como objetivo proteger a los proveedores de atención médica, que actúan de buena fe y cumplen con las pautas del gobierno, de demandas judiciales mientras atienden a los pacientes durante la pandemia de COVID-19.
Los autores del proyecto de ley bipartidista dicen que mantiene las protecciones básicas para los pacientes heridos como resultado de negligencia grave o mala conducta y les permite seguir demandando.
“La pandemia de COVID-19 cambió la prestación de atención médica en todo el país. Los proveedores de atención médica han hecho todo lo posible para enfrentar los desafíos, pero ahora se lo debemos a ellos para asegurarnos de que estén protegidos de litigios frívolos”, dijo el representante Phil Roe (R-Tenn.) en un comunicado.
Mientras tanto, los grupos de control argumentan que no hay necesidad de la nueva legislación porque hay leyes preexistentes que protegen a los proveedores de tales demandas.
«Nuestro sistema legal actual ya brinda esa protección, al tiempo que también ayuda a garantizar que el sistema de salud tenga incentivos efectivos para dar prioridad a la seguridad y a la salud del paciente», decía la carta.
La carta destaca el hecho de que de las 140,000 personas que han muerto a causa de COVID 19, solo se han presentado 40 demandas relacionadas con el virus y la mayoría de ellas son en contra de los asilos de ancianos.
Los grupos de defensa del consumidor argumentan que el proyecto de ley de protección de la responsabilidad es demasiado amplio y protege a los asilos, que creen que no deberían estar protegidos porque deja a las familias de las víctimas de asilos sin ningún recurso legal.
«Las organizaciones que abogan en nombre de los residentes de los asilos expresaron una fuerte oposición a dar inmunidad a los asilos que fueron negligentes en la atención que brindaron a los residentes de los asilos», afirma la carta del grupo. «La industria de los asilos ha luchado durante mucho tiempo y activamente contra los requisitos federales de preparación para una pandemia, incluso presionando contra tales reglas ante la actual administración», continúa.
La carta continúa diciendo que hay otras áreas del proyecto de ley que son demasiado amplias y ofrecen protección a los proveedores contra la responsabilidad no relacionada con la COVID 19, incluyendo que «el proyecto de ley también otorgaría inmunidad a proveedores y entidades que violen los estándares médicos de atención si pueden señalar limitaciones de personal o de recursos».
Mientras tanto, la Asociación Médica Americana (AMA) ha respaldado la Ley de Protección al Proveedor por Coronavirus, diciendo que protegerá a los proveedores que arriesgan sus vidas todos los días para cuidar a los pacientes con COVID-19.
«Estos profesionales de la salud se enfrentan ahora a la amenaza de años de costosos litigios debido a circunstancias que están fuera de su control. Elogiamos a los representantes Roe y Correa por reconocer que las protecciones razonables de responsabilidad civil son lo mejor para nuestro país mientras continuamos luchando contra la COVID-19 y comenzamos a recuperarnos de esta pandemia», dijo el Dr. Patrice A. Harris, presidente de la AMA, una organización nacional de defensa de los médicos.
La carta que se opone a la Ley de Protección al Proveedor por Coronavirus, incluyó a la AFL-CIO, la Coalición del Labor Union Women, Consumer Reports, Consumer Action, National Women’s Law Center, Consumer Watchdog, and United Steelworkers.
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