LOS ÁNGELES— Una multitud de activistas de derechos humanos coreó «Tíbet libre, uigur libre, Taiwán libre, Hong Kong libre, Turkestán oriental libre» frente al consulado chino en el centro de Los Ángeles en vísperas de los Juegos Olímpicos de Beijing.
El 3 de febrero, una coalición de 15 grupos de derechos humanos se reunió frente al número 443 de Shatto Place, uno de los dos centros diplomáticos de China en la costa oeste de Estados Unidos, para pedir que se boicoteen los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, ya que los continuos abusos de los derechos humanos del gobierno chino contrastan con el espíritu que representa el evento deportivo internacional.
«Los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y su retransmisión por parte de la NBC y otros grupos mediáticos legitimarán las políticas excepcionalmente represivas del gobierno chino y su atroz historial en materia de derechos humanos», declaró a The Epoch Times Tao Tenzing Dhamcho, quien representa a la Red Internacional del Tíbet.
Dhamcho se refirió a los Juegos Olímpicos de Beijing como los «Juegos Genocidas del PCCh [Partido Comunista Chino]» y afirmó que más de 150 tibetanos se han inmolado porque «no ven ningún futuro para ellos».
Kevin Young, presidente y fundador de Santa Bárbara Friends of Tibet, declaró a The Epoch Times que fundó la organización tras su viaje a Nepal, donde conoció a muchos refugiados tibetanos.
«Me enteré de su historia, de cómo tuvieron que huir de su país después de que el Partido Comunista [chino] destruyera los monasterios y convirtiera [a Tíbet] prácticamente en una colonia de extracción de recursos».
Los grupos afirmaron que el Partido Comunista Chino —con su larga lista de violaciones de los derechos humanos contra múltiples grupos étnicos y religiosos— no merece ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos.
«No estamos de acuerdo con que China acoja los Juegos Olímpicos de Beijing porque las Olimpiadas son para el espíritu de unidad, libertad y hermandad. … [El gobierno chino] no defiende ninguno de estos valores de derechos humanos y dignidad», dijo Karma Gelek, vicepresidente de la Asociación Tibetana del Sur de California, a The Epoch Times.
Jay Sun, del Partido de la Democracia de China, coincidió con Gelek y dijo que su madre, que sigue en China, ha sido constantemente acosada por la policía a causa de su participación en actos prodemocráticos en Estados Unidos.
«Los Juegos Olímpicos representan la búsqueda de la libertad de los pueblos. Cuando estos se celebran en Beijing, no es justo para los taiwaneses, los hongkoneses y los tibetanos, porque pareciera que el gobierno chino está apoyado por la comunidad internacional», dijo Sun.
Otro grupo de manifestantes marchó el mismo día por el puente Golden Gate de San Francisco hacia el consulado chino, con mascarillas indicando «Boicot al PCCh», banderas de «Liberen a Hong Kong, democracia ya», gorras de «Salven al Tíbet» y carteles de «No más juegos sangrientos», informó Yahoo News.
No es la primera vez que la incómoda combinación de Beijing y los Juegos Olímpicos suscita protestas públicas por el «lavado deportivo» del PCCh —término popularizado por Amnistía Internacional— que utiliza el deporte para aumentar la legitimidad del régimen chino y desviar la atención de sus atrocidades contra los derechos humanos.
Grupos de derechos humanos de todo el mundo también protestaron durante meses contra los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 antes de su inauguración en el mes de agosto de dicho año. Dentro de China cientos de monjes protestaron pacíficamente en marzo de 2008 en Lhasa, la capital del Tíbet, y encabezaron una serie de más de 100 protestas en toda la meseta tibetana, según Free Tibet, una organización de derechos humanos sin ánimo de lucro. A continuación miles de tibetanos fueron detenidos y más de un centenar murieron a causa de la violencia policial.
El Partido Comunista Chino tiene un largo y creciente historial de atrocidades contra los derechos humanos. Además de los disidentes políticos y los abogados de derechos humanos, entre los principales grupos perseguidos están los tibetanos, los practicantes de Falun Gong, los uigures musulmanes y los hongkoneses.
Al menos 800,000 —y posiblemente más de 2 millones— uigures y otras minorías musulmanas han sido detenidos en campos de reclusión desde 2017. La mayoría de ellos no tienen antecedentes legales y no están siendo acusados penalmente. Las familias no tienen idea dónde están y cuánto tiempo quedarán detenidos sus seres queridos, según un testimonio (pdf) de Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Desde que Hong Kong pasó del dominio británico al comunista chino en 1997, su libertad y autonomía fueron cada vez más reprimidas. Un proyecto de ley de extradición a China sin precedentes propuesto en 2019 —que permitiría que los ciudadanos de Hong Kong fueran trasladados de vuelta a Beijing para ser juzgados y que podría poner en peligro a activistas, periodistas y abogados de derechos humanos— hizo que cientos de miles de personas protestasen en las calles. En 2020, Beijing respondió con la draconiana ley de seguridad nacional, que castiga con penas de hasta cadena perpetua cualquier acto que se considere que socava la autoridad del PCCh.
Millones de practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual con ejercicios de meditación y principios morales basados en la Verdad, la Benevolencia y la Tolerancia, han sido detenidos en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, y cientos de miles han sido torturados, según el Centro de Información de Falun Dafa. El mes pasado, 11 practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, fueron condenados en China a penas de hasta ocho años de prisión, lo que, según los defensores de los derechos humanos, es la manera con que el gobierno silencia las voces disidentes antes de los Juegos Olímpicos de Beijing.
La sustracción forzada de órganos, dirigida principalmente a los practicantes de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos detenidos, se ha convertido en una industria de trasplantes de miles de millones de dólares operada por el gobierno chino durante años, concluida en 2019 por el Tribunal de China, un tribunal no gubernamental con sede en Londres para investigar la extracción de órganos en China.
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