Los defensores de las libertades civiles se oponen a la anulación propuesta por el presidente Joe Biden de una ampliación de una exención reglamentaria de la era Trump que protege a los empleadores religiosos contra la obligación de contratar a personas que no comparten las opiniones o prácticas religiosas de la organización.
En una propuesta de norma publicada el 9 de noviembre en el Registro Federal para recibir comentarios públicos oficiales, la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo dijo que había propuesto en 2019 una revisión que ahora se considera que va demasiado lejos en la ampliación de la definición de «libertad religiosa» en la contratación por parte de contratistas y subcontratistas federales.
La propuesta de 2019 fue modificada en 2020 y se convirtió en ley en enero de 2021, justo antes de que el entonces presidente Donald Trump dejara el cargo. Ahora, según la OFCCP a cargo de Biden, la ampliación anterior requería que la libertad religiosa «debe ser interpretada a favor de la más amplia protección del ejercicio religioso ‘permitida por la Constitución y la ley de los Estados Unidos'».
Antes de la revisión de Trump, los funcionarios federales solían reconocer el derecho de las organizaciones religiosas a contratar a personas que compartieran los principios y prácticas de fe de un grupo concreto.
Pero cuando la Corte Suprema amplió la definición de «sexo» en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir a las personas homosexuales y transexuales, se creó un conflicto con las garantías de la Constitución en materia de igualdad de protección y libertad religiosa en las prácticas de contratación.
La norma de Trump pretendía dejar claro que una persona no podía ser despedida por una objeción de carácter religioso a que se le exigiera participar en acciones o pronunciamientos que favorecieran las prácticas homosexuales o transgénero. Además, un empleador podía negarse legalmente a contratar a una persona cuyas prácticas sexuales o el género alegado entraran en conflicto con una creencia religiosa claramente declarada.
Los grupos ateos elogian la medida de Biden, y la vicepresidenta de Política y Asuntos Legales de American Atheists, Alison Gill, afirma en un comunicado que su grupo aplaude «a la Administración de Biden por restaurar la libertad de religión de los trabajadores. El gobierno nunca debería financiar a las empresas que justifican la discriminación basada en las creencias religiosas. Y los contribuyentes estadounidenses nunca deberían verse obligados a ser cómplices de la discriminación».
Pero los bufetes de abogados de interés público especializados en litigios en nombre de la garantía de libertad de práctica y reunión religiosa de la Primera Enmienda dijeron que el intento de la Administración Biden de derogar la regulación de la era Trump indica un prejuicio antirreligioso.
«La libertad religiosa significa que el gobierno no puede obligar a las organizaciones y empresas religiosas a abandonar su identidad religiosa para asociarse con el gobierno. El patrón de hostilidad hacia la religión que estamos viendo desde la Administración Biden es preocupante», dijo Jeremy Dys, asesor especial de litigios y comunicaciones del First Liberty Institute, con sede en Plano, Texas.
Mat Staver, fundador y presidente del Liberty Counsel, con sede en Orlando, Florida, dijo a The Epoch Times que no le sorprende la propuesta de Biden. «Esta ha sido la práctica de Biden todo el tiempo, incluso cuando formó parte de la campaña del Obamacare. Es antirreligioso y anticristiano», dijo.
Tanto First Liberty Institute como Liberty Counsel están representando a cientos de empleados de las fuerzas armadas estadounidenses y de la fuerza civil federal, así como a corporaciones, organizaciones de atención médica y empresas privadas, para tratar de obligar a la Administración de Biden a reconocer las exenciones religiosas a las recientes órdenes del presidente que exigen que los trabajadores reciban la vacuna contra el virus del PCCh.
La propuesta de la OFCCP de Biden crea una situación inusual en la que un cambio de administraciones presidenciales conduce en menos de un año a que una sola agencia dé marcha atrás por completo en una importante cuestión de política.
La notificación de la OFCCP para la anulación explicaba que «las desviaciones de la norma de 2020 respecto a los principios del Título VII y la jurisprudencia probablemente aumentarán, en lugar de reducir, la confusión sobre la aplicación de la exención religiosa del Decreto 11246».
«Además, en la medida en que la norma de 2020 refleja los juicios políticos de la administración anterior en relación con respecto a desviarse de la jurisprudencia y los principios del Título VII, la administración actual ha evaluado la gama de opciones políticas permisibles y ha determinado que un retorno a su enfoque tradicional de aplicar la jurisprudencia y los principios del Título VII promoverá la claridad y la coherencia en la aplicación de la exención».
La misma agencia describió hace apenas 11 meses la política de Trump que ahora está siendo revisada por Biden como una forma de «garantizar que la OFCCP respete los derechos de libre ejercicio de los empleadores religiosos, proteja a los trabajadores de la discriminación prohibida y defienda los valores de una sociedad pluralista (…) Esta norma pretende corregir cualquier percepción errónea de que las organizaciones religiosas son desfavorecidas en la contratación gubernamental, estableciendo protecciones adecuadas para su autonomía para contratar empleados que promuevan sus misiones religiosas, proporcionando así una claridad que puede ampliar el grupo de contratistas y subcontratistas federales elegibles».
Se calcula que una cuarta parte de todos los empleadores de Estados Unidos reciben contratos federales o son subcontratistas en este tipo de acuerdos entre el gobierno y las empresas privadas.
Los comentarios sobre la propuesta de Biden están abiertos hasta el 9 de diciembre de 2021, y pueden presentarse en http://www.regulations.gov.
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