Texas Right to Life y otros grupos provida presentaron una demanda el martes contra la ciudad de San Antonio por su decisión de asignar USD 500,000 del dinero de los contribuyentes a un fondo que ayuda a las mujeres para que aborten fuera del estado.
Los miembros del Concejo Municipal de San Antonio habían aprobado recientemente un presupuesto de USD 3700 millones para 2024, que incluía una notable asignación de USD 500,000 para establecer un «fondo de justicia reproductiva».
La demanda sostiene que el presupuesto de la ciudad obliga a los contribuyentes a contribuir con medio millón de dólares a este fondo, en violación a las leyes estatales sobre el aborto.
El dinero para apoyar a las mujeres que abortan fuera del estado se proporcionará como subvenciones del fondo a grupos como Jane’s Due Process, Avow, Buckle Bunnies Fund, Sueños Sin Fronteras y Lilith Fund for Reproductive Equity.
La demanda, presentada el martes en el condado de Bexar, tiene como objetivo impedir que San Antonio proporcione fondos “a estas organizaciones contra la vida”, afirmó Texas Right to Life.
«Es un delito penal participar en una conducta en Texas que ‘promueva’ un aborto inducido por drogas, incluso cuando el aborto se realiza fuera del estado, siempre y cuando la conducta de promoción ocurra dentro del estado de Texas», dice la demanda.
La demanda argumenta que incluso si el dinero no está destinado específicamente al aborto, no se permite apoyar a organizaciones involucradas en violar la ley.
Los abogados de Texas Right to Life han emitido cartas de retención de litigios a las organizaciones de apoyo al aborto de Texas, ordenándoles que conserven todos los registros desde septiembre de 2021 y las pruebas relacionadas con su asistencia en abortos.
Los abogados informaron al fondo de aborto y a los grupos de asistencia al aborto que buscarían pruebas de descubrimiento «para demostrar que estos fondos de aborto están violando las leyes de aborto de Texas».
Esperan descubrir hasta qué punto estas organizaciones podrían estar infringiendo la legislación estatal, sometiendo potencialmente a su personal, miembros de la junta directiva, voluntarios y contribuyentes a consecuencias legales y demandas según la Ley Heartbeat de Texas.
«No permitiremos que la ciudad de San Antonio dé dinero de los contribuyentes a organizaciones criminales que se dedican al tráfico de abortos y hacen caso omiso de las leyes provida de nuestro estado», dijo el presidente de Texas Right to Life, John Seago, en un comunicado.
Seago advirtió a otras ciudades de Texas que podrían enfrentar demandas similares si aportan dinero de los contribuyentes a fondos de aborto u organizaciones de asistencia para el aborto.
Texas Right to Life declaró que el concejo municipal ha seguido impulsando políticas de aborto a pesar de la derrota de una iniciativa electoral de “extrema izquierda” que buscaba despenalizar el aborto en los Estatutos de la Ciudad.
“A pesar del contundente resultado de las urnas, los concejales de la ciudad siguen impulsando el aborto en contra de los intereses de sus ciudadanos”, afirmó la organización.
El abogado municipal Andy Segovia dijo que la ciudad aún no había tomado una decisión sobre cómo se gastaría el dinero, rechazando la premisa de la demanda.
«El Concejo Municipal tendrá una sesión de trabajo abierta para discutir el uso de los fondos que serán administrados por el Departamento de Salud Metro de la Ciudad», dijo Segovia en un comunicado, informó Texas Tribune. «Los fondos se distribuirán de acuerdo con las leyes estatales y federales».
Los fondos de aborto de Texas inicialmente se habían abstenido de financiar viajes y procedimientos luego de la anulación de Roe vs Wade. Sin embargo, se reanudaron en febrero, tras el fallo de un juez federal que indicaba que probablemente estaban a salvo de un proceso penal.
Segovia rechazó con vehemencia la premisa de la demanda, afirmando que estaba «basada en información errónea y acusaciones falsas».
La demanda está dirigida por el abogado Jonathan Mitchell, quien jugó un papel clave en el diseño de la legislación que condujo a la prohibición del aborto de seis semanas en Texas.
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