Los organismos religiosos de China sancionados por el Estado han tenido que hablar en nombre de las políticas comunistas, ya que el régimen se ha vuelto «cada vez más hostil» en cuanto a sofocar cualquier creencia religiosa, dijo una comisión bipartidista del gobierno federal de Estados Unidos.
«En 2021, las condiciones de la libertad religiosa en China se deterioraron», dijo la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en su informe anual de 2022 (pdf) publicado el 25 de abril. Los hallazgos muestran que las autoridades chinas «continuaron implementando vigorosamente su política de «sinización de la religión» y exigiendo que los grupos religiosos y los adherentes apoyen al gobierno y a la ideología del Partido Comunista Chino [PCCh]».
«A lo largo del año 2021, la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (…) y otras agencias emitieron nuevas medidas legales, imponiendo más restricciones al clero, a las escuelas religiosas y al contenido religioso en Internet».
En los últimos años, el régimen comunista aumentó el control sobre los asuntos religiosos internos. Este anunció en marzo de 2018 que colocaría la oficina de asuntos religiosos directamente bajo el Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh, la agencia responsable de dirigir las operaciones de influencia política tanto en el país como en el extranjero, con un enfoque en la gestión de posibles grupos de oposición.
El líder chino, Xi Jinping, calificó en diciembre a los grupos religiosos controlados por el Estado en China como los vínculos entre el Partido y los creyentes, que deben estar «unidos en torno al partido».
El 25 de marzo de 2021, la Asociación Patriótica Católica China, dirigida por el Estado y no reconocida por el Vaticano, celebró una conferencia sobre la historia del PCCh. El pasado mes de abril, los templos budistas y taoístas de muchas provincias enviaron a sus monjes a visitar las lápidas y tumbas de los mártires comunistas y a prometer lealtad al partido.
«Las autoridades locales organizaron seminarios para adoctrinar a monjes y monjas en los monasterios budistas tibetanos, [y] restringieron el acceso de los tibetanos a los templos con una fuerte presencia de seguridad», se lee en el informe. Ellos destruyeron lugares y símbolos de importancia religiosa y detuvieron y castigaron a tibetanos por escuchar las enseñanzas del Dalai Lama o poseer su retrato».
Mientras el régimen reforzaba la vigilancia de los asuntos religiosos internos, los que estaban fuera de su control se convirtieron en objetivo de persecución, incluidas las comunidades espirituales independientes y quienes se han enfrentado al partido.
Según el informe, los adeptos de grupos como los católicos clandestinos, los protestantes de las iglesias basadas en hogares, los uigures y otros musulmanes, los budistas tibetanos y los practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, «son especialmente vulnerables a la persecución». Los investigadores dijeron que el régimen seguía acosando y encarcelando a los sacerdotes católicos que se negaban a unirse a la asociación católica controlada por el Estado.
«Al menos 101 practicantes [de Falun Gong] murieron como resultado de la persecución del gobierno» en 2021, indica el informe, citando a Minghui.org, un centro de intercambio de información con sede en Estados Unidos, que recoge evidencias de primera mano de la persecución del PCCh sobre esta pacífica práctica de qigong.
Más de 892 personas de esta práctica espiritual también fueron condenadas a prisión como resultado de la persecución del Estado.
Falun Gong, difundido en 1992 en el noreste de China, incluye cinco ejercicios de qigong de movimiento lento y enseñanzas morales basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Ganó una gran popularidad durante la década de los 90 y se calcula que en 1999 contaba con 100 millones de practicantes. Al percibirlo como una amenaza para su régimen autoritario, el PCCh inició una amplia persecución contra Falun Gong que dura casi 23 años.
El informe también detalla los abusos cometidos en la región del extremo occidental de Xinjiang, como la tortura física y psicológica, la violación y otras formas de violencia sexual, los trabajos forzados, la esterilización forzada y el aborto durante la detención, citando a antiguos detenidos y testigos. Además, las autoridades separaron a hasta 880,000 niños musulmanes de sus padres.
Además de China, el documento señala que Rusia a su vez siguió empleando «una serie de leyes problemáticas» para perseguir a las minorías religiosas, entre las que se encuentran los musulmanes, los protestantes, los miembros de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, los practicantes de Falun Gong y los seguidores de las religiones indígenas.
El informe además señala las recomendaciones del USCIRF que debería aplicar el gobierno de Estados Unidos —entre ellas la designación de Rusia como país especialmente preocupante, las sanciones a los violadores de la libertad religiosa y las designaciones de genocidio para las atrocidades perpetradas por China y Birmania, también conocida como Myanmar, ahora gobernada por los militares.
«De cara al futuro, Estados Unidos deberá tomar medidas adicionales para apoyar la libertad de religión o creencia en todo el mundo», declaró la vicepresidenta del USCIRF, Nury Turkel, a través de un comunicado de prensa.
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