Los abogados de casi una docena de empleadores religiosos están pidiendo a la Corte Suprema que emita una suspensión de emergencia en la aplicación de la orden de la vacuna contra COVID-19 del presidente Joe Biden y que lleve el caso a una revisión completa por parte de los nueve jueces.
«La suspensión se justifica porque la orden pretende dictar amplias medidas de salud pública no relacionadas con el lugar de trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo («Ley OSH») solo se refiere a los «riesgos específicos del lugar de trabajo» y a las «medidas de seguridad específicas del lugar de trabajo», dijeron los empleadores religiosos al juez Bret Kavanaugh en una moción presentada a última hora del 17 de diciembre.
La Ley OSH estableció la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y definió el alcance de su autoridad. Biden emitió la orden para todos los empleadores privados con 100 o más trabajadores a través de la OSHA. La orden exige que todos los trabajadores cubiertos reciban la vacuna contra el virus del PCCh, también conocido como el nuevo coronavirus, o se sometan a pruebas semanales.
Los empleadores religiosos, que están representados por la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), con sede en Arizona, incluyen el Seminario Teológico Bautista del Sur, las escuelas católicas Bishop O’Gorman, la Alianza de Empleadores Cristianos (CEA), la Asociación de Defensa Legal de la Escuela en el Hogar (HSLDA), la Escuela Cristiana Cambridge y la Academia del Rey.
Kavanaugh es el juez de la Corte Suprema designado para conocer las apelaciones de los casos en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 6º Circuito. Él puede emitir la suspensión, devolver el caso al 6º Circuito para su revisión por un panel de tres jueces diferente, o pasar a aceptar la orden de certiorari de ADF para su revisión por el tribunal completo.
Los empleadores también dijeron a Kavanaugh que «en ausencia de una suspensión, la OSHA inmediatamente ‘requisará’ a las instituciones religiosas para hacer cumplir las órdenes federales a sus propios ministros y empleados y ‘obligarlos’ a ‘recibir una vacuna COVID-19 o soportar la responsabilidad de las pruebas semanales».
«La OSHA interferirá en las decisiones internas de gestión y empleo de las instituciones religiosas, y supondrá una carga sustancial para su fe. Y obligará a las instituciones religiosas a incurrir en costes significativos y a desviar recursos de su misión de predicar el Evangelio y vivir su fe. Eso es un abuso del poder ejecutivo».
Esa moción se produjo en respuesta a un fallo de un panel de tres jueces del 6º Circuito que levantó una suspensión anterior de la aplicación y pareció despejar el camino para que la OSHA comience a imponer multas a los incumplidores a principios de enero de 2022.
También presentó una solicitud a Kavanaugh el 18 de diciembre el First Liberty Institute (FLI), un bufete de abogados de interés público con sede en Plano, Texas, en nombre de American Family Association (AFA), Answers in Genesis y la Daystar Television Network.
Frank Chang, un abogado senior de ADF, dijo a The Epoch Times el 20 de diciembre que la respuesta de Kavanaugh podría llegar en cualquier momento.
«Confiamos en que la Corte Suprema va a intervenir en este caso porque lo que ha hecho la OSHA es sencillamente ilegal», dijo Chang. «Seguimos el procedimiento de solicitud de emergencia para una disposición de suspensión, por lo que está en una vía de emergencia, acelerada y la Corte Suprema va a mirar si esto es ilegal, si va a crear un daño irreparable, va a mirar todos esos factores».
Chang también dijo que un factor importante en las acciones del alto tribunal en el caso es el hecho de que 11 jueces en los tribunales inferiores «ya han concluido que esto es ilegal, así que esto va a entrar en la decisión».
Además, Chang señaló que la OSHA «ha publicado orientaciones actualizadas, la OSHA va a empezar a emitir citaciones a mediados de enero, por lo que es muy importante que la Corte Suprema actúe cuanto antes».
En un acontecimiento relacionado, 47 legisladores republicanos presentaron un informe amicus a la Corte Suprema en apoyo de 35 Navy SEALs y otros especialistas de guerra que apelan a la denegación por parte de los militares de sus solicitudes de exenciones religiosas a las órdenes de vacunas de Biden para el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).
Los guerreros de la Marina, cuyas solicitudes de exención religiosa fueron denegadas por el Departamento de Defensa, están representados por FLI.
Los 47 republicanos dijeron al tribunal que «ningún derecho es más valioso que el derecho a la libertad religiosa». Por ello, la primera cláusula de la propia Primera Enmienda establece explícitamente que «el Congreso no hará ninguna ley (…) que prohíba el libre ejercicio» de la religión. Esta enmienda, la jurisprudencia y la decisión del Congreso de aprobar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) atestiguan el hecho de que, sin protecciones arraigadas, generalmente aplicables y judicialmente ejecutables para la libertad religiosa, los legisladores y los burócratas del gobierno son susceptibles de anular las creencias religiosas sinceras en favor de lo que perciben como un bien mayor».
El informe amicus fue presentado por el FLI en nombre de los senadores Ted Cruz de Texas, Rick Scott de Florida, Mike Lee de Utah, James M. Inhofe y James Lankford de Oklahoma, Steve Daines de Montana, Roger F. Wicker de Mississippi, Mike Braun de Indiana y Roger Marshall de Kansas.
También están representados en el amicus curiae los representantes del GOP Mike Johnson de Luisiana, Rick Allen de Georgia, Brian Babin de Texas, Jack Bergman de Michigan, Andy Biggs de Arizona, Dan Bishop de Carolina del Norte, Lauren Boebert de Colorado, Mo Brooks de Alabama, Kat Cammack de Florida, Andrew Clyde de Georgia, Warren Davidson de Ohio, Rodney Davis de Illinois, Jeff Duncan de Carolina del Sur, Bob Gibbs de Ohio, Louie Gohmert de Texas, Bob Good de Virginia, Paul Gosar de Arizona, Michael Guest de Mississippi, Andy Harris de Maryland, Vicky Hartzler de Missouri, Jody Hice de Georgia, Clay Higgins de Luisiana, Darrell Issa de California, Ronny L. Jackson de Texas, Doug LaMalfa de California, Doug Lamborn de Colorado, Billy Long de Missouri, Thomas Massie de Kentucky, Brian Mast de Florida, Mary Miller de Illinois, Gregory F. Murphy de Carolina del Norte, Ralph Norman de Carolina del Sur, Scott Perry de Pensilvania, Matthew Rosendale Sr. de Montana, Chip Roy de Texas, Gregory Steube de Florida, Randy Weber de Texas y Daniel Webster de Florida.
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