Comentario
Los grupos uigures se sienten silenciosamente frustrados por la lentitud con la que el presidente y el Congreso de Estados Unidos actúan contra el genocidio uigur, con un gobierno que parece incapaz de anular los intereses empresariales decididos a apaciguar a China. El gobierno dirigido por el Partido Comunista Chino detuvo para su reeducación, esterilización forzada y trabajos forzados, a unos dos millones de uigures en los últimos años, en lo que supone un genocidio en la región china de Xinjiang (Turquestán Oriental).
A los cuatro meses de su mandato, el presidente Biden no cumplió con una ley clave de Estados Unidos, promulgada el 17 de junio, que exige que el presidente elabore un informe con una lista de los violadores extranjeros de los derechos humanos contra los uigures. Por ley, el informe debía entregarse al Congreso en los seis meses siguientes a la promulgación, antes del 15 de diciembre de 2020. Ese informe lleva ahora más de cinco meses de retraso, al igual que las sanciones exhaustivas contra los autores identificados que, por ley, deberían ejecutarse inmediatamente.
Louisa Greve, directora de Defensa Global del Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures (UHRP), escribió por correo electrónico que «los uigures están sufriendo ahora el quinto año de crímenes atroces y continuos. El plazo para la lista de sanciones Magnitsky del presidente venció hace 5 meses, en virtud de la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures de 2020. Ya es hora de que el Congreso dé un paso adelante con acciones concretas».
Greve considera que es responsabilidad del Congreso hacer rendir cuentas al presidente por no cumplir con los requisitos de información y sanción de la ley.
También criticó el nuevo proyecto de ley Ómnibus sobre China, el que podría aprobarse en el Senado esta misma semana o la próxima. «Cualquier proyecto de ley serio que aborde las amenazas de China a un orden internacional basado en normas necesita una acción más contundente sobre el genocidio contra los uigures», dijo la directora.
El proyecto de ley Ómnibus, que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), hizo llegar al Congreso, omite proyectos de ley clave sobre los uigures, como la norma de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures y la norma de Protección de los Derechos Humanos de los Uigures. Esta última designa como refugiados prioritarios a los uigures que son objeto de devolución forzada a China (refoulement). También falta la norma para Detener las esterilizaciones opresivas de los uigures«. Ese proyecto de ley fue presentado por los representantes Vicky Hartzler (R-Mo.) y Tom Suozzi (D-N.Y.).
La norma de Protección de los Derechos Humanos de los Uigures fue eliminada del proyecto de ley Ómnibus de Schumer, según una fuente de información. Otra fuente que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirmó que la no inclusión de un lenguaje más contundente sobre los uigures en el próximo Ómnibus es el resultado de la influencia de las empresas sobre los líderes demócratas, incluido un importante senador demócrata, además del obstruccionismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los republicanos, según una fuente republicana, están tratando de conseguir que los demócratas adopten una postura más dura en el proyecto de ley general. Algunos legisladores demócratas también están presionando para que el lenguaje sea más fuerte, indicó una fuente.
A principios de este mes, Nury Turkel, Comisionado de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, pidió que se aprobara la norma de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures y la norma de Protección de los Derechos Humanos de los Uigures. Además denunció ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la «deslucida respuesta internacional» a los abusos de derechos en Xinjiang. «Yo quiero subrayar que la negación del genocidio está en pleno apogeo».
Rushan Abbas, fundador y director ejecutivo de la Campaña por los Uigures, escribió sobre el proyecto de ley de China. «Es muy alentador ver que se están tomando más medidas y dio la bienvenida a proyectos de ley generales como éste. Sin embargo, como estadounidense uigur cuya propia hermana ha sido detenida por el régimen chino, me hubiera gustado que se incluyera la cuestión de los trabajos forzados de los uigures».
El proyecto de ley de China excluye efectivamente las medidas contra el trabajo forzado de los uigures, ya que el escaso lenguaje que incluye duplica las medidas que se encuentran en instrumentos ya existentes, como la Ley Magnitsky.
«Si bien dar prioridad a la competencia estratégica y abordar las actividades malignas del estado chino es muy importante para la comunidad uigur-estadounidense para proteger nuestra democracia de este régimen bárbaro, también debemos reconocer que abordar la complicidad corporativa de Estados Unidos en el genocidio debe ser igualmente prioritario. Destacar la prevención de la esclavitud uigur moderna debería ser vital», dijo Abbas.
El Congreso y la Administración Biden, especialmente el Departamento del Tesoro, están al parecer en deuda con los intereses especiales de las empresas que hacen negocios en China. Lo mismo podría afirmarse de la administración Trump y el 115º Congreso, controlado por los republicanos. El siguiente congreso, dividido entre un Senado republicano y una Cámara demócrata, también se encuentra afectado, según un artículo del New York Times de noviembre de 2020. Este encontró que «los grupos empresariales y las principales empresas como Apple estuvieron presionando al Congreso, para modificar la legislación que reprime las importaciones de bienes fabricados con trabajo forzado de las minorías musulmanas perseguidas en China». El Times señaló que Nike y Coca-Cola supuestamente trataron de debilitar la legislación y citó que la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China incluyó en su lista a Adidas, Calvin Klein, Costco, H&M, Campbell Soup, Patagonia y Tommy Hilfiger como sospechosas de tener vínculos con el trabajo forzado en Xinjiang.
La Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures, de 2020, fue patrocinada por el senador Marco Rubio ( R-Fla). El senador Rubio, el senador Schumer y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), no respondieron de inmediató a las solicitudes de comentarios.
«Nos complace que la Ley de Fronteras Interminables incluya algún tipo de tratamiento de las formas en que las asociaciones de Ciudades Hermanas pueden ser utilizadas por el Estado chino para contribuir a actividades malignas, incluyendo actividades relacionadas con abusos de los derechos humanos. Dado que nuestra organización ha apoyado la rendición de cuentas sobre las formas en que los programas como las relaciones entre ciudades hermanas son explotadas por el régimen chino, nos alegraremos de que se hayan aprobado las medidas de notificación. Al mismo tiempo, esperamos que, además de invertir en medidas a largo plazo, Estados Unidos siga actuando de forma decisiva a corto plazo para detener el genocidio y el uso del trabajo forzado uigur. También habríamos esperado más puntos para abordar la coerción y las amenazas de la RPC utilizadas contra los uigures en Estados Unidos. El PCCh está tratando de sofocar la libertad de expresión aquí en Estados Unidos y esto debería ser una preocupación primordial», escribió Julie Millsap, Directora de Asuntos Públicos y Defensa de la Campaña para los Uigures.
En su testimonio ante el Congreso, Turkel pidió al gobierno de Estados Unidos que instara a los signatarios de la Convención de la ONU de 1949 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a cumplir sus obligaciones en relación con Xinjiang. «Incluso sin hacer una determinación legal de crímenes atroces, el artículo I [de la convención] obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir un genocidio en desarrollo», dijo. También pidió al comité que «garantice que los atletas olímpicos estadounidenses no se vean obligados a competir a la sombra de los campos de concentración en los Juegos Olímpicos de 2022» e instó a coordinarse «con países afines» para trasladar los Juegos Olímpicos fuera de China mientras duren los abusos contra los derechos humanos en Xinjiang. Turkel hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que impida con decisión que las empresas estadounidenses, incluidas las compañías de tecnología y las universidades, cooperen con las empresas de espionaje chinas cuya tecnología es utilizada por el régimen para vigilar a los uigures.
Según Greve, «ya es ilegal «vender» a 31 de estas empresas, las 31 empresas tecnológicas de la lista de Entidades«. Greve, pertenciente a una organización financiada en parte por el Congreso, escribió que el UHRP aprecia que el equipo de Biden reconociera el genocidio en agosto de 2020, sacara a relucir el genocidio en las negociaciones con China y los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos), impusiera sanciones el 22 de marzo y coordinara las sanciones y las declaraciones de apoyo con la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. También mostró su agradecimiento por los esfuerzos de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.) y del senador Bob Menéndez (D-N.Y.), incluida la movilización de Pelosi en apoyo de anteriores proyectos de ley sobre los uigures y por proponer un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022.
Greve señaló, diplomáticamente, que la lentitud del Senado es a menudo una realidad en la legislación estadounidense. Ella escribió que el presidente Donald Trump también se retrasó, en 45 días cuando terminó su mandato, en sus requisitos de información y sanción por la ley uigur de 2020.
La Ley de Política de Derechos Humanos de Uyghur de 2020, Sección 6, requiere que «A más tardar en 180 días [15 de diciembre de 2020] después de la fecha de promulgación de esta ley [17 de junio de 2020] (…) el presidente presentará un informe al [Congreso] que identifique a cada persona extranjera, incluido cualquier funcionario de [China] que el presidente determine que es responsable de (…) Tortura (…) Trato degradante (…) Desaparición (…) [etc.]» contra los uigures y otras minorías musulmanas y personas en Xinjiang. «El presidente impondrá … sanciones (…) con respecto a cada persona identificada en el informe [incluyendo] el bloqueo de activos [y] la prohibición de todas las transacciones de bienes [y] la inelegibilidad de visados …».
Desde 2004, los grupos uigures, entre ellos el UHRP y la Campaña por los Uigures, recibieron tan solo ocho millones de dólares de financiación, en su mayoría del gobierno estadounidense. Esto les coloca en la poco envidiable posición de depender económicamente de un presupuesto gubernamental muy reducido y de verse obligados, por circunstancias que escapan a su control, a criticar al gobierno por su lenta actuación en el genocidio uigur.
El trabajo de los defensores de los uigures es esencial para mantener a la opinión pública informada y fiel a los principios estadounidenses, y hay que disculpar a estos grupos si se sienten ligeramente agotados y sin recursos. Su trabajo es fundamental para la defensa no solo de los uigures, sino también de las ideas de libertad que constituyen la base de la democracia estadounidense. Los próximos proyectos de ley sobre China deberían multiplicar por diez su financiación para maximizar su importante labor de defensa internacional.
Ante la inadecuada actuación del gobierno, los uigures estadounidenses y otros deberían sentirse decepcionados, si no enfurecidos. Estados Unidos, además de China, es el país más poderoso del mundo. Los demócratas tienen el control de la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora es su responsabilidad detener el genocidio, y están fracasando debido a los intereses especiales. Para acabar con el genocidio, los ciudadanos deben convertir su ira en una acción constructiva. Fortalezcan la columna vertebral de nuestros representantes elegidos democráticamente eliminando la influencia corporativa sobre los políticos que tanto determina su inacción contra la amenaza china.
Anders Corr es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale (2001) y doctor en Gobierno por la Universidad de Harvard (2008). Es director de Corr Analytics Inc. y editor del Journal of Political Risk, y ha llevado a cabo numerosas investigaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Es autor de «The Concentration of Power» (de próxima aparición en 2021) y «No Trespassing». También es editor de «Great Powers, Grand Strategies».
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las de The Epoch Times.
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