El multimillonario texano Harlan Crow se negó a responder las preguntas de un senador demócrata que está examinando si los regalos, como las vacaciones de lujo, que Crow hizo a su amigo, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, violaron la ley fiscal estadounidense.
La relación entre Crow y Thomas ha despertado la indignación de la izquierda y los legisladores demócratas han pedido la destitución de Thomas. La muy publicitada oleada de ira siguió a un artículo publicado el 6 de abril por ProPublica, una organización de izquierda sin ánimo de lucro financiada en parte por el preeminente donante del Partido Demócrata, el financiero George Soros, a través de su Fundación para Promover la Sociedad Abierta, que reveló los viajes. Más tarde, se dio a conocer que Crow compró algunos bienes inmuebles a la familia Thomas y pagó la matrícula de un colegio privado al sobrino nieto de Thomas.
El artículo afirma que Crow, un importante donante republicano, lleva años obsequiando a Thomas y a su esposa con costosos viajes. Thomas declaró el 7 de abril que se le informó de que no tenía que informar sobre los viajes, pero dijo que seguirá los nuevos requisitos de información impuestos a la judicatura federal.
Expertos jurídicos señalan que no existe un conflicto de intereses real porque Crow no ha tenido negocios ante la Corte Suprema y porque no va contra la ley que un miembro de la judicatura tenga amigos ricos y generosos. Los republicanos dicen que los demócratas están llevando a cabo una caza de brujas contra Thomas y contra la Corte en general porque, tras años de dominio liberal, ahora tiene una mayoría conservadora de 6-3.
El mes pasado, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden, exigió a Crow una lista completa de los regalos que ha hecho a Thomas, informó The Epoch Times. Wyden también pidió a Crow pruebas de que ha cumplido la legislación fiscal federal en relación con los regalos.
Wyden dijo en su carta del 24 de abril que el «acuerdo sin precedentes entre un benefactor rico y un juez de la Corte Suprema plantea serias preocupaciones relacionadas con las leyes federales y de ética».
«El secretismo que rodea sus tratos con el juez Thomas es simplemente inaceptable», dice la carta.
El 8 de mayo, los miembros demócratas del Comité Judicial del Senado enviaron por separado una carta similar a Crow. En la carta solicitan información sobre cualquier regalo o pago superior a 415 dólares que haya hecho a cualquier juez de la Corte Suprema o miembro de su familia, así como una lista detallada de las vacaciones y las transacciones inmobiliarias.
El abogado de Crow, Michael Bopp, de Gibson Dunn, respondió a Wyden en una carta fechada el 8 de mayo (pdf), sugiriendo que las preguntas del senador eran ilegítimas y estaban políticamente motivadas.
El comité de Wyden está planteando «una petición innecesariamente amplia que equivale a una intromisión inadmisible del Congreso en las funciones ejecutivas y judiciales», escribió Bopp.
«Nosotros tenemos serias preocupaciones sobre el alcance y la autoridad de esta investigación», añadió el abogado.
«Dada la fecha y el enfoque de la carta, esta investigación parece ser un componente de una campaña más amplia contra el juez Thomas y, ahora, contra el Sr. Crow, en lugar de una investigación que promueva un propósito legislativo válido», escribió Bopp.
«Como usted sabe, los poderes del Comité para investigar no son ilimitados. De hecho, el Comité debe tener un propósito legislativo legítimo para cualquier investigación, y el alcance de la investigación debe estar razonablemente relacionado con ese propósito (…) Además, las cuestiones que implican la separación de poderes requieren una mayor demostración (…) La carta del Comité no cumple ninguna de esas normas en este caso», escribió el abogado.
El Comité «trata efectivamente de llevar a cabo una auditoría del impuesto sobre donaciones en un esfuerzo por exponer hechos privados», algo que la Corte Suprema dictaminó en 2020 que no tiene autoridad para hacer.
«El Congreso no tiene autoridad para participar en investigaciones policiales o para llevar a cabo investigaciones destinadas a exponer los asuntos privados de los ciudadanos por el bien de la exposición», escribió Bopp.
El comité «también carece de autoridad para llevar a cabo una auditoría fiscal con el fin de determinar si el juez Thomas cumplió con las normas éticas que el presidente cree que deben aplicarse en este caso».
Al apuntar a Thomas, el comité parece estar violando la doctrina de la separación de poderes, escribió el abogado.
Cualquier investigación del Congreso sobre Thomas «requiere una mayor demostración del propósito legislativo legítimo y su autoridad, y no debe ser más amplia de lo razonablemente necesaria para lograr los objetivos legislativos legítimos (…) El Comité no puede satisfacer esa carga elevada», escribió Bopp.
Wyden dijo en una declaración que la carta de Bopp le dejó «decepcionado pero no sorprendido».
«El Sr. Crow se basa en los mismos argumentos infundados que le fallaron a Donald Trump en su intento de obstaculizar la supervisión del Congreso. He utilizado mi presidencia del comité para arrojar una luz brillante sobre los esquemas fiscales emprendidos por los ultra ricos, incluidas las transferencias de riqueza no gravadas. La afirmación de que la Comisión de Finanzas carece de base legislativa para investigar el abuso del impuesto sobre donaciones por parte de los ricos es sencillamente absurda», dijo Wyden.
«De hecho, el Sr. Crow lleva esta postura a un nivel aún más absurdo. Da a entender que el espectro de corrupción pública creado por sus propios regalos no declarados al juez Thomas aísla de algún modo los detalles de esos regalos de la investigación del Congreso. Este argumento es, a primera vista, una broma.
«En realidad, es obvio que el Congreso tiene que evaluar el cumplimiento del impuesto sobre donaciones, y a medida que los estadounidenses se enteran más de la generosidad de Crow hacia el juez Thomas, hay un fuerte argumento para endurecer los requisitos de información sobre los regalos dados a los funcionarios públicos», dijo Wyden.
La guerra de palabras entre Wyden y Crow se produjo un día después de que el senador Mike Lee (R-Utah) y otros 13 senadores republicanos enviaran una carta (pdf) a Wyden expresando su preocupación por los «ataques sin precedentes» de los demócratas contra la Corte Suprema.
Exigir información sobre la declaración de la renta a un ciudadano privado como Crow forma parte de una campaña de desprestigio contra Thomas que también intenta intimidar a la Corte Suprema para que actúe como «una superlegislatura para aplicar políticas progresistas».
«Nosotros rechazamos esta fabricada ‘crisis ética’ en la Corte Suprema como una estratagema para promover los esfuerzos de los demócratas para socavar la confianza pública y cambiar la composición de la corte», dice la carta.
Los senadores también apuntaron a una propuesta demócrata de retener 10 millones de dólares en fondos de seguridad para la Corte con el fin de presionarla para que haga lo que los demócratas quieren.
«Es chocante que los demócratas intenten aprovecharse de la seguridad física de los jueces de la Corte Suprema y de sus familias para forzar a la Corte a plegarse a sus demandas», señala la carta.
Los legisladores republicanos también defendieron a Thomas como «un hombre honorable, un jurista de principios y uno de los mejores jueces de nuestra nación» que está siendo atacado por la izquierda «porque se niega a comprometer sus principios».
«Estos ataques contra la Corte Suprema y los jueces deben terminar. Están socavando el Estado de Derecho, poniendo en peligro la seguridad de los jueces y sus familias, e infligiendo un daño incalculable a nuestro país», afirma la carta del senador Lee.
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