El 10 de mayo, el senador Josh Hawley (R-Mo.) envió una carta al fiscal general Merrick Garland exigiendo la investigación y el procesamiento de los «activistas radicales a favor del aborto» que han hecho piquetes «ilegalmente» en los domicilios de los jueces de la Corte Suprema sospechosos de apoyar un borrador de opinión filtrado, que pretende anular el caso Roe vs Wade, la histórica sentencia de 1973 que legaliza el aborto en todo Estados Unidos.
«En todo el país, los activistas radicales a favor del aborto han iniciado una campaña de violencia, destrucción e intimidación en respuesta a la filtración de un borrador de documento de la Corte Suprema. Deben investigar y procesar enérgicamente los delitos cometidos en los últimos días», insta la carta.
Los activistas han protestado enérgicamente por la filtración del dictamen, a pesar de los análisis de expertos jurídicos que creen que la anulación de Roe no llevará a la ilegalización del aborto en todo o en la mayor parte del país, sino a un mosaico de leyes estatales contrastadas en torno a esta cuestión.
Citando pruebas de video de «docenas» de activistas proabortistas que rodean los domicilios privados de los jueces de la Corte Suprema, la carta atribuye a los activistas el objetivo de intimidar ilegalmente a los jueces para que cambien su postura. Señala que, en un caso, un individuo no identificado ha estado en la casa del juez Brett Kavanaugh «al menos cinco veces», además de tener como objetivo a al menos otro juez.
La carta de Hawley cita un estatuto federal, el 18 U.S.C. 1507, que tipifica como delito hacer piquetes o exhibiciones en o cerca de un edificio o residencia ocupada o utilizada por un juez con la intención de influir en él. La carta dice que ese comportamiento no es una expresión libre protegida por la Primera Enmienda.
«Quienes están molestos por las filtraciones tienen muchos lugares para protestar que no implican intimidación y no ponen en riesgo a los jueces y sus familias», afirma la carta.
La carta denuncia además «reportes espeluznantes» que han surgido en otros lugares de la nación, incluyendo un reporte sobre el incendio de una organización provida en Madison, Wisconsin, donde los incendiarios dejaron una nota que decía: «Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco lo estás». Un grupo radical llamado «Jane’s Revenge» se ha atribuido el ataque.
En otro incidente citado en la carta, activistas pro-aborto habrían destrozado una iglesia en Boulder, Colorado, dejando mensajes a favor del aborto y atacando a la religión organizada. La carta también denuncia la presunta interferencia en los servicios religiosos en Los Ángeles durante el fin de semana, y argumenta que tales acciones son una violación más de la ley federal, en este caso el 18 U.S.C. 248(a)(2).
La carta de Hawley concluye instando al fiscal general a no permitir que continúe esa intimidación ilegal, y contrasta la aparente inacción del Departamento de Justicia ante esa conducta delictiva con la enérgica acción que ha emprendido en otros contextos, como su respuesta en 2021 a las disputas entre padres y directivos escolares sobre la enseñanza de la teoría crítica de la raza de raíz marxista en las escuelas públicas.
«El otoño pasado, su Departamento comprometió importantes recursos para investigar a los padres en las reuniones del consejo escolar. No investigar y perseguir enérgicamente estos delitos enviaría el mensaje de que su Departamento solo está interesado en perseguir a los oponentes políticos de la Administración Biden —como los padres que hablan en las reuniones del consejo escolar— dejando a las víctimas de los delitos reales cometidos por la extrema izquierda a su suerte», afirma la carta.
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