Las políticas fronterizas y de inmigración del presidente Joe Biden están permitiendo que la COVID-19 se extienda por todo Estados Unidos desde la porosa frontera sur, dijo el domingo Stephen Miller, exasesor de la Administración Trump.
Durante una aparición en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News, Miller, fundador de America First Legal, apuntó a la decisión del presidente de suspender una política de la era Trump de obligar a los inmigrantes ilegales a regresar a su país de origen durante la pandemia de la COVID-19.
Biden suspendió la orden federal del Título 42 y ha liberado a niños y familias no acompañados en Estados Unidos, donde aparentemente esperan para sus citas en los tribunales de inmigración.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., desde que Biden asumió el cargo, se ha detenido a cerca de un millón de inmigrantes ilegales en la frontera sur. En junio, los agentes detuvieron a 188,829 personas que cruzaban ilegalmente la frontera, frente a las 180,034 de mayo, según la CBP.
«Una parte central de la estrategia tras el golpe de la pandemia fue una autoridad conocida como el Título 42», dijo Miller a la presentadora del programa Maria Bartiromo, explicando que la norma había permitido a los agentes fronterizos expulsar a las personas que cruzaran ilegalmente la frontera sur de EE. UU. que supusieran un grave riesgo de COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«El principio de esto es muy simple, y es que durante una pandemia, si entras en este país, tu sola presencia aquí, si entras ilegalmente, es una amenaza para la salud pública y punto, te vas a casa», continuó Miller. «No hay proceso, no hay procedimiento, no hay asilo. Se le expulsa a México o a un tercer país o a su país de origen».
Miller dijo que le preocupa que estos individuos pasen a infectar a otros inmigrantes, agentes de la patrulla fronteriza y miembros de la comunidad.
«No hay forma de llevar a cabo una inmigración ilegal de forma segura durante una pandemia», dijo Miller, y añadió que cree que es la forma más «insegura» de viajar.
La revocación del Título 42 ha significado que cada mes, grandes cantidades de menores no acompañados y muchas familias han podido entrar en el país y propagar la COVID-19 por todo Estados Unidos, continuó Miller.
También advirtió que los estadounidenses no tienen garantizada la protección aunque los agentes fronterizos realicen pruebas a los inmigrantes que entran en Estados Unidos, señalando que la COVID-19 puede permanecer en el organismo de una persona durante muchos días antes de registrar un resultado positivo.
Los que dan un resultado negativo son hacinados junto a otros inmigrantes ilegales, incluidos aquellos cuyas pruebas pueden dar un resultado positivo.
Debido a las noticias sobre la rápida propagación de la variante Lambda en Estados Unidos, Miller añadió: «Esta administración está trayendo variantes a este país (…) Esto es un ataque a la salud de todos los ciudadanos».
En marzo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió durante una audiencia que algunos inmigrantes ilegales no fueron sometidos a la prueba del virus ni expulsados en la frontera.
Las declaraciones de Miller siguen a una demanda (pdf) que presentó en junio ante el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para detener la política fronteriza de captura y liberación de la Administración Biden, alegando que está permitiendo la entrada en el país de inmigrantes ilegales infectados por la COVID-19.
«Al mismo tiempo que la Administración insta a los estadounidenses a vacunarse, está reubicando a miles de inmigrantes ilegales no vacunados en sus ciudades, pueblos y escuelas, y haciendo recaer el coste y la carga de todos los servicios sanitarios de estos recién llegados en la cuenta de los contribuyentes», dijo entonces Miller en un comunicado sobre la demanda.
La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, se hizo eco de las declaraciones de Miller la semana pasada, afirmando que «parte del problema» del aumento de los casos de la COVID-19 en Estados Unidos son los inmigrantes no vacunados que cruzan la frontera sur y «se dispersan por todo el país».
Mientras tanto, el representante Henry Cuellar, un demócrata de Texas que ha sido crítico con las políticas de inmigración de la Casa Blanca, dijo el domingo que «algo tiene que cambiar».
«Nuestros agentes del DHS, y las comunidades fronterizas, están abrumados y deben ser priorizados. El DHS volverá a encontrar a más de 180,000 inmigrantes en la frontera sur durante el mes de julio, que se suman a los más de 1M de inmigrantes que han llegado a la frontera sur en el año fiscal 21», dijo Cuellar en Twitter.
Por otra parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha acusado a la Administración Biden de importar a sabiendas la COVID-19 «a Texas desde el otro lado de la frontera, exponiendo deliberadamente a tejanos y estadounidenses por igual».
«Hasta que el presidente Biden y su Administración no hagan su trabajo para hacer cumplir las leyes de nuestra nación y proteger a los estadounidenses, el Estado de Texas seguirá dando un paso adelante para proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho», dijo Abbott la semana pasada.
La Administración Biden no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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