Hong Kong aprobó una nueva ley de seguridad nacional que, según los críticos, acabará con las libertades que aún le quedan a la ciudad y hundirá los negocios extranjeros en el centro financiero asiático.
La nueva ley, conocida como Artículo 23, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Legislativo de Hong Kong, un órgano de 90 escaños dominado ahora por políticos respaldados por el gobernante Partido Comunista de China (PCCh), siguiendo su norma de «solo para patriotas» del sistema electoral de la ciudad.
El Artículo 23 tipifica cinco delitos: traición, insurrección, robo de secretos de Estado y espionaje, actividades destructivas que ponen en peligro la seguridad nacional y la injerencia externa.
Por su parte, el Artículo 23, que había sido parte de la Ley Básica de Hong Kong, promulgada tras el traspaso del dominio británico en 1997, que obligaba a Hong Kong a redactar su propio código de seguridad nacional. En 2003, tras los intentos anteriores de legislarlo, se desencadenó una protesta masiva, con medio millón de residentes en las calles, lo que obligó al gobierno a archivar la propuesta.
El Consejo Legislativo de Hong Kong volvió a presentar el proyecto de ley el 8 de marzo, provocando la condena generalizada de gobiernos y personalidades internacionales.
El gobierno de Estados Unidos ha puesto de manifiesto su preocupación por las vagas y amplias definiciones esbozadas por el gobierno de Hong Kong, especialmente en lo que se refiere a términos como «secretos de Estado» e «injerencia externa». Se teme que tal ambigüedad, «podría utilizarse para eliminar la disidencia mediante el miedo al arresto y la detención», declaró en febrero Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
«También nos preocupa que las autoridades de Hong Kong apliquen el Artículo 23 extraterritorialmente en su actual campaña de represión transnacional para intimidar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos y residentes estadounidenses.»
Hong Kong ya aplicó una ley de seguridad nacional introducida por el PCCh en 2020. Desde la promulgación de la arrolladora legislación, Hong Kong dio un rápido giro autoritario, enviando a la mayoría de los políticos democráticos a la cárcel o al autoexilio, con decenas de organizaciones de la sociedad civil plegándose y las empresas internacionales abandonando la ciudad.
A pesar de las críticas, el Artículo 23 se aprobó por la vía rápida en la asamblea legislativa de Hong Kong en solo 11 días y entrará en vigor el 23 de marzo.
Reacción
La aprobación del Artículo 23 suscitó inmediatas respuestas de legisladores y activistas de todo el mundo.
«Con esta legislación draconiana, el gobierno de Hong Kong ha asestado otro duro golpe a los derechos humanos en la ciudad», dijo a través de una declaración Sarah Brooks, directora para China de Amnistía Internacional.
La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), coalición de legisladores de países democráticos centrada en construir una respuesta coordinada a los desafíos que plantea la China comunista, describió el Artículo 23 como «la legislación de seguridad nacional más represiva» de la historia de Hong Kong.
«El contenido de la ley es estremecedor por la represión que permite y el efecto amedrentador que creará», afirmó IPAC en una declaración.
«Entre otras cosas, permite penas de hasta 14 años de prisión si un individuo no revela que otra persona indica su ‘intención de cometer traición’, lo que podría incluir participar en protestas pacíficas o expresar descontento».
«Si un periodista o un informador revela información considerada ‘secreto nacional’, esa persona puede ser condenada a 10 años de cárcel. »
El senador Marco Rubio (R-Fla.) pidió a la comunidad internacional que «se una en la condena de estas acciones y luche por la justicia y la rendición de cuentas», mientras Beijing sigue erosionando agresivamente las libertades básicas en Hong Kong.
«El Partido Comunista Chino no se detiene ante nada para socavar la autonomía y la democracia de Hong Kong».
Con la contribución de Cindy Li.
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