HONG KONG-Hong Kong dio a conocer el viernes una propuesta de ley que amenaza con cadena perpetua para los residentes que «pongan en peligro la seguridad nacional», profundizando las preocupaciones sobre la erosión de las libertades de la ciudad cuatro años después de que Beijing impusiera una ley similar que casi aniquiló la disidencia pública.
En general, se considera el último paso de una represión de la oposición política que comenzó tras las protestas prodemocráticas que tuvieron lugar en la ciudad en 2019. Desde entonces, las autoridades han aplastado la otrora vibrante cultura política de la ciudad.
Muchos de los principales activistas prodemocráticos de la ciudad han sido detenidos y otros han huido al extranjero. Se han disuelto decenas de grupos de la sociedad civil y se han cerrado medios de comunicación francos como Apple Daily y Stand News.
El líder de Hong Kong, John Lee, ha instado a los legisladores a que aprueben «a toda velocidad» el proyecto de Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, y los legisladores iniciaron el debate horas después de que el proyecto se hiciera público. Se espera que se apruebe fácilmente, posiblemente en semanas, en una legislatura repleta de leales a Beijing tras una revisión electoral.
La ley propuesta ampliará el poder del gobierno para acabar con los desafíos a su gobierno, centrándose en el espionaje, la revelación de secretos de Estado y la «connivencia con fuerzas externas» para cometer actos ilegales, entre otros. Incluye penas más duras para las personas condenadas por colaborar con gobiernos u organizaciones extranjeras para incumplir algunas de sus disposiciones.
La ley encarcelaría a las personas que dañen la infraestructura pública con la intención de poner en peligro la seguridad nacional durante 20 años, o de por vida, si se confabulan con una fuerza externa para hacerlo. En 2019, los manifestantes ocuparon el aeropuerto y destrozaron estaciones de tren.
Del mismo modo, quienes cometan sedición se enfrentan a una pena de cárcel de siete años, pero la connivencia con una fuerza externa para llevar a cabo tales actos aumenta esa pena a 10 años.
El jueves, un tribunal de apelaciones confirmó una condena por sedición contra un activista prodemocrático por corear consignas y criticar la Ley de Seguridad Nacional de 2020, impuesta por Beijing, durante una campaña política.
Su amplia definición de fuerzas externas incluye gobiernos y partidos políticos extranjeros, organizaciones internacionales y «cualquier otra organización en un lugar externo que persiga fines políticos», así como empresas que estén influidas por dichas fuerzas. Beijing dijo que los disturbios de 2019 fueron apoyados por fuerzas externas, y el gobierno de la ciudad ha condenado lo que llamó interferencia externa durante las protestas.
El proyecto de ley permite enjuiciar actos cometidos en cualquier parte del mundo para la mayoría de sus delitos.
Los críticos afirman que la ley propuesta haría que Hong Kong se pareciera aún más a China continental.
La Unión Europea dijo que el proyecto de ley abarca «una gama aún más amplia» de delitos que la divulgada anteriormente, incluyendo prohibiciones radicales de injerencia externa y disposiciones significativamente endurecidas sobre la imposición de penas.
«La legislación corre el riesgo de exacerbar la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong provocada, en particular, por la Ley de Seguridad Nacional de 2020», afirmó.
El consulado británico en Hong Kong instó a las autoridades a «dar tiempo a un examen legislativo adecuado». La ciudad fue colonia británica hasta que volvió al dominio chino en 1997.
La miniconstitución de Hong Kong, la Ley Fundamental, exige que la ciudad promulgue una ley de seguridad nacional, pero un intento anterior provocó una protesta callejera masiva que reunió a medio millón de personas, y la legislación fue archivada.
Es poco probable que se produzcan protestas de este tipo contra el actual proyecto de ley, debido al efecto amedrentador de la ley de 2020 tras su promulgación para sofocar las protestas de 2019.
Durante un periodo de comentarios públicos de un mes que terminó la semana pasada, el 98.6 por ciento de las opiniones recibidas por los funcionarios mostraron apoyo, y solo el 0.72 por ciento se opuso a las propuestas, dijo el gobierno. El resto contenía preguntas u opiniones que no reflejaban una postura sobre la ley, añadió.
Pero empresarios y periodistas han expresado su temor a que una ley de amplio alcance pueda criminalizar su trabajo cotidiano, especialmente porque la definición propuesta de secreto de Estado incluye asuntos relacionados con la evolución económica, social y tecnológica. El gobierno ha intentado disipar las preocupaciones añadiendo en la propuesta una defensa del interés público bajo condiciones específicas.
John Burns, profesor honorario de política y administración pública en la Universidad de Hong Kong, dijo que queda por ver cómo interpretarán los tribunales la disposición que permite una defensa del interés público frente a las acusaciones de revelación de secretos de Estado.
Si el proyecto de ley se aprueba tal como se ha presentado, es probable que tenga un efecto amedrentador en la sociedad civil local, dijo Burns, especialmente en los grupos de presión políticos y de política pública que se han beneficiado de las conexiones con sus homólogos en el extranjero.
«Al menos al principio, espero que se muestren especialmente cautelosos a la hora de ampliar sus vínculos con grupos similares en el extranjero», afirmó.
Eric Lai, investigador del Georgetown Center for Asian Law, dijo que los temores sobre la ley «se han materializado».
La calificó de «excesivamente amplia y vaga», sobre todo para los delitos relacionados con secretos de Estado y fuerzas exteriores, y dijo que socavaría las garantías procesales al permitir detenciones prolongadas sin cargos y limitar el derecho a un abogado.
Las personas detenidas como sospechosas de delitos contra la seguridad nacional y puestas en libertad bajo fianza podrían enfrentarse a «órdenes de restricción de movimientos» que limitan los lugares a los que pueden ir y dónde pueden vivir, además de impedirles comunicarse con determinadas personas.
La policía también puede solicitar al tribunal que prorrogue las detenciones y prohibir a los sospechosos consultar a determinados abogados.
Las autoridades también estarían facultadas para utilizar sanciones económicas para castigar a las personas huidas al extranjero, como impedir que otras personas las contraten, les alquilen propiedades, inicien negocios con ellas o les presten apoyo económico.
El año pasado, la policía ofreció recompensas de un millón de dólares hongkoneses (USD 128,000) a más de una docena de activistas que vivían en el extranjero, entre ellos los exlegisladores Nathan Law y Ted Hui, a los que acusa de connivencia con fuerzas externas para imponer sanciones a Hong Kong y China.
Los presos condenados por delitos contra la seguridad nacional no podrán acogerse a reducciones de condena hasta que las autoridades estén seguras de que su puesta en libertad anticipada no pondría en peligro la seguridad nacional. Esto se aplicaría a todos los presos por delitos contra la seguridad nacional, incluso a aquellos cuyas condenas se impusieron antes del proyecto de ley.
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