Los hospitales públicos y algunos centros privados de Nicaragua empezaron a mostrarse saturados esta semana, según han señalado organizaciones privadas, en medio de la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, que ha contagiado a cientos de nicaragüenses desde marzo pasado.
Sanatorios de atención pública como el Hospital Alemán Nicaragüense, establecido como centro de referencia nacional para casos de COVID-19, así como otros de atención privada, se vieron forzados a devolver a sus casas a algunos pacientes, en determinados momentos, por falta de espacio o de personal que garantizaran su atención.
Entre los pacientes con síntomas de COVID-19 que fueron devueltos a sus casas desde un hospital privado está el periodista Emiliano Chamorro, quien ahora se recupera en su vivienda, bajo la atención de un médico.
El Ministerio de Salud (Minsa) también ha empezado a tratar en sus casas a pacientes con COVID-19, pero las autoridades no brindan información al respecto, fuera de los datos generales que presenta todos los martes.
El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, afirmó el pasado martes que un total de 171 personas estaban en «seguimiento responsable y cuidadoso», en el contexto de la pandemia.
Según lo declarado el régimen, el virus SARS-CoV-2 ha contagiado a 759 personas, y ha causado 35 muertes. Esos datos contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta 3725 pacientes, y 805 muertes.
Ese Observatorio está formado por cientos de profesionales voluntarios de la salud, muchos médicos entre ellos, que tratan de recopilar, ordenar y difundir los datos desde sus diferentes centros de trabajo en todo el país.
Datos del Imperial College de Londres, basado en las cifras oficiales, indican que actualmente en Nicaragua hay un promedio diario de 264 camas ocupadas con pacientes que necesitan oxígeno.
Por su parte, la Asociación Médica Nicaragüense insiste en que los hospitales están empezando a colapsar.
Hospitales reformados
Aunque ahora los hospitales todavía pueden recibir pacientes, algunos de los más grandes del país, ubicados en las ciudades de Managua, León, Chinandega o Estelí, han sido reformados en más de una ocasión desde marzo, para atender la alta demanda de pacientes, según fuentes médicas.
Las reformas incluyen cambios de personal, puesto que, según una denuncia de la Asociación Médica Nicaragüense firmada por más de 700 médicos, decenas de galenos y trabajadores sanitarios han sido despedidos o han renunciado, por haber reclamado el derecho a contar con la debida protección ante el virus del PCCh, o por no estar de acuerdo en acatar la supuesta orden de no atribuir ninguna muerte al COVID-19.
La Arquidiócesis de Managua, que incluye al departamento (provincia) de Masaya, la segunda ciudad con más casos de COVID-19 detectados por el Observatorio Ciudadano, ha mostrado su preocupación por el futuro inmediato.
«Con el pueblo de Dios miramos con intranquilidad hacia el futuro incierto que se cierne sobre nuestro país, tanto en el campo económico como en el campo sanitario», indicó la Arquidiócesis, en un mensaje dirigido a los fieles católicos, que representan el 58.5 % de los 6.4 millones de nicaragüenses, según cifras oficiales.
El modelo estadístico del Imperial College, avalado por epidemiólogos nicaragüenses, muestra que, para el 10 de junio próximo, incluso con los datos que ofrece el régimen de Nicaragua, el país registrará un promedio diario de 28,946 contagios, y serán necesarias 1389 camas para atender cada día a los pacientes que necesitan oxígeno, el doble de las que el Ministerio de Salud afirma que tiene en estos momentos.
Cuestión de estrategia
Miembros del Comité Científico Multidisciplinario, integrado por expertos en medicina y otras ramas científicas, han insistido en que la única manera de evitar dicha situación es cambiando la estrategia gubernamental que, según el líder Daniel Ortega, consiste en no detener la economía.
El plan del régimen de Nicaragua, que las autoridades califican de «singular» y comparan con Suecia, consiste en no poner restricciones y aplicar mínimas medidas de prevención social sin impedir las aglomeraciones.
Ese plan ha sido criticado por las organizaciones médicas locales, pero también ha causado preocupación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han solicitado ingresar a Nicaragua para valorar la situación, así como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no han tenido respuesta.
Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado a Ortega a garantizar el derecho a la salud, también sin recibir respuesta.
Mientras tanto, las líneas establecidas por el régimen y por médicos voluntarios para atender por teléfono a personas con síntomas de COVID-19 se mantienen ocupadas.
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