En un nuevo giro a la decisión de la administración de Biden de albergar a inmigrantes ilegales en hoteles, calculando las cifras de los USD 86.9 millones que se gastarán en 1239 camas muestra que el costo de dicha medida para los contribuyentes estadounidenses es de casi USD 72,000 por persona alojada que cruza la frontera.
«Eso equivale a USD 71,666.67 por migrante, pagado con los dólares de sus impuestos, lo cual significa que ahora es co-conspirador de uno de los esquemas de contrabando más grandes de la historia», escribió Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), una ONG conservadora de investigación de políticas.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron a The Epoch Times que la administración de Biden planea usar hoteles para albergar unidades familiares que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
“El contrato de USD 86.9 millones proporciona 1239 camas y otros servicios necesarios”, dijo el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, Tae D. Johnson.
Él dijo que se otorgó un contrato a corto plazo a Endeavours, una organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, Texas, para proporcionar «albergue temporal y servicios de procesamiento para familias que no han sido expulsadas y, por lo tanto, están en procedimientos de inmigración para su expulsión de los Estados Unidos».
Los hoteles han sido utilizados como centros de detención, incluso el año pasado, cuando el DHS colocó a más de 600 menores no acompañados detenidos en la frontera en 25 hoteles en tres estados antes de su expulsión.
Johnson también dijo que las familias recibirían una evaluación de salud, incluida la prueba del COVID-19, y agregó, “nuestra frontera no está abierta. La mayoría de las personas continúan siendo expulsadas bajo la autoridad de salud pública de los Centros para el Control de Enfermedades”.
El mensaje de que la frontera entre Estados Unidos y México «no está abierta» es parte de la postura más agresiva de la administración Biden tras una ola de críticas sobre la interpretación de la retórica del presidente Joe Biden sobre la reforma migratoria, además de eliminar las principales medidas de seguridad fronteriza de la administración Trump, lo cual los posibles inmigrantes ilegales interpretan como una invitación a ingresar al país.
El representante Brian Babin (R-Texas) dijo la semana pasada al programa «American Thought Leaders» de The Epoch Times que la retórica de Biden estaba alimentando una crisis humanitaria y de seguridad nacional.
“Vengan aquí, den un paso y serán admitidos”, dijo Babin, caracterizando el impulso de los mensajes de la administración Biden sobre inmigración. “Y eventualmente estarán en el camino hacia la ciudadanía y recibirán educación (…) obtendrán seguro médico gratuito, incluso recibirán pagos de estímulo”, agregó.
Buscando contrarrestar esta impresión, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, salió al aire la semana pasada en cuatro programas de noticias dominicales en un intento por transmitir un mensaje al país de que las políticas de la administración Biden no significan que la frontera está abierta.
“Nuestro mensaje ha sido sencillo: la frontera está cerrada”, dijo Mayorkas. “Estamos expulsando a las familias. Estamos expulsando a los adultos. Y hemos tomado la decisión de no expulsar a los menores pequeños y vulnerables».
En las últimas semanas, la cantidad de menores y familias detenidos tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos desde México ha aumentado a magnitudes nunca antes vistas desde antes de la pandemia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha observado un aumento de más del 100 por ciento en febrero respecto al mes anterior en dos categorías de inmigrantes ilegales: unidades familiares y menores no acompañados.
Biden se ha enfrentado a las críticas de los republicanos por revertir algunas de las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump, que, según ellos, ha provocado un aumento de personas que buscan cruzar la frontera ilegalmente.
Después de asumir el cargo, Biden propuso ilegalmente un camino hacia la ciudadanía para millones de personas en los Estados Unidos, y prometió en una orden ejecutiva «crear un sistema de asilo humano».
El exjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo en un tuit el miércoles que «Joe Biden y los líderes demócratas del Congreso han gestionado tan mal nuestra frontera que ahora tienen que gastar el dinero de los contribuyentes para alojar a los migrantes en hoteles».
“Y ahora quieren aprobar con el H.R. 1, poniéndolos a cargo de sus elecciones también. Un desastre a punto de suceder”, escribió Meadows, refiriéndose a la Ley para el Pueblo de 2021, que fue aprobada por la Cámara controlada por los demócratas el 3 de marzo con una votación mayoritariamente partidaria de 220-210, con todos los republicanos y un demócrata–Bennie Thompson (D-Miss.)–votando en contra.
El activista político Mark Meckler, quien encabeza el proyecto Convención de Acción de los Estados, advirtió que el proyecto de ley de reforma electoral liderado por los demócratas es una amenaza para la democracia.
“Lo llaman la Ley Para el Pueblo, en realidad yo la llamo Ley de Destrucción de la Democracia o Ley de Muerte de la Democracia”, dijo Meckler en una entrevista al programa “Crossroads” de The Epoch Times. «Ellos tienen la intención de quitarle el poder a los estados, el poder fundamental para decidir cómo se llevan a cabo sus elecciones».
Los demócratas han enmarcado el proyecto de ley como un paso crucial contra la supresión de votantes y otros supuestos problemas.
“Nuestra democracia se encuentra en un estado de profundo deterioro”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-Calif.) luego de reintroducir el proyecto de ley en enero. «Durante las elecciones de 2020, los estadounidenses tuvieron que superar la represión desenfrenada de los votantes, la manipulación, y un torrente de dinero oscuro de intereses especiales solo para ejercer su derecho al voto».
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