Opinión
La noche del 24 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López, ordenó a su comunicador Jesús Ramírez que pusiera un tuit en su cuenta oficial para advertir sobre la posible peligrosidad del Huracán Otis que amenazaba a Acapulco… y luego se fue a dormir. Al día siguiente en su conferencia diaria de prensa —que trata de monólogos sobre todos los temas imaginables—, volvió a arremeter contra el Poder Judicial —ahora hay confusión sobre el destino de sus fideicomisos—, mientras la devastación producida por el huracán de nivel cinco en una de las principales ciudades turísticas del país y sus alrededores era ya conocida y las primeras noticias estaban circulando e informaban de la dimensión del desastre.
El presidente mexicano siguió sin convocar a una reunión de emergencia de las áreas con responsabilidad en estas circunstancias, de pronto después de mediodía tomó la decisión de ir a Acapulco por carretera aunque había informes públicos de que era prácticamente intransitable. Acompañado de los secretarios de la Defensa y de Marina se quedó varado y creó así una imagen que varios medios calificaron de símbolo de su gobierno: la foto del presidente atascado en el lodo mientras unos militares rodean su vehículo sin saber qué hacer.
¿Por qué el presidente no viajó en un helicóptero de las Fuerzas Armadas? Corrió la versión de que en realidad no quería llegar a Acapulco donde el caos estaba ya desatado, con saqueos, con asaltos, cadáveres tirados por las calles sin que nadie los recogiera, sin que se observaran medidas de control por parte de ninguna autoridad, ni local, estatal o federal. La gobernadora seguía ausente pues se encontraba de viaje en Nayarit. La intervención de cuerpos de seguridad oficiales comenzó después, aunque el desconcierto y anarquía de los primeros momentos y días quedó como una marca indeleble y negativa en esta crisis.
El Presidente regresó en helicóptero para descansar y estar listo en su conferencia “mañanera”. Acerca de Acapulco dijo que por suerte “no hubo tantos muertos”. A la cifra oficial de 47 muertos no se suman los de la morgue saturada, los desaparecidos o los fallecidos en los alrededores de Acapulco. Por ejemplo, Cristian Vera de una asociación de pescadores reporta más de cien miembros desaparecidos y hubo una discusión del Presidente respecto a la cifra de los muertos en hospitales públicos por falta de electricidad. Es claro el intento del gobierno por minimizar el número de muertos y desaparecidos; además las víctimas de los alrededores de Acapulco pareciera que no existieran.
La orden más importante tomada por el Presidente fue prohibir la ayuda civil y decir que sólo las Fuerzas Armadas podían entregar ayudas a la población damnificada. Comenzaron así los decomisos, que sólo cesaron hasta que el amparo de un juez ordenó que se suspendieran tal como lo informó el presidente de la Cruz Roja Mexicana, una entidad civil la cual tradicionalmente recopila apoyo de ciudadanos y lo distribuye para las poblaciones en desgracia.
Esta orden era ilegal pues contradice un párrafo de la Ley de Protección Civil que autoriza la ayuda civil y ordena que se coordinen dichos esfuerzos. El secretario de Marina reconoció que los víveres y donaciones civiles estaban siendo empacados por la corporación, sin señalar que era en cajas rotuladas con el logo del gobierno federal y que en la distribución actuaban miembros de los Servidores de la Nación, el cuerpo paraestatal que porta chalecos color guinda, el color de Morena, el partido en el gobierno.
Una ausencia notable en esta crisis ha sido la de la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, una joven puesta en el cargo de manera sorpresiva dada la complejidad de las tareas que son responsabilidad de esa dependencia. Junto con ella, ha estado desaparecida Laura Velázquez Alzúa, coordinadora general de Protección Civil, quien tiene la profesión de historiadora y está en ese puesto sin antecedentes de tener conocimiento en la materia. Los protocolos de emergencia previos y posteriores a un desastre de esta naturaleza son básicos en la interacción del organismo civil federal con el Ejército, que tiene la obligación de aplicar el Plan DN3 posterior a un acontecimiento como el del huracán Otis.
La Secretaría de Salud tampoco ha estado presente. Apenas cinco días después anunció que se van a enviar potabilizadoras a Guerrero, mientras que el riesgo de epidemias está presente desde el principio en esta clase de desastres naturales. Así como en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Salud es notable la ausencia de profesionales, como si la experiencia de la Pandemia de Covid no hubiera sido suficiente. El que en áreas tan sensibles de la función pública no haya personal profesional y experimentado es considerado por la opinión pública como una forma de corrupción política que hace daño a la sociedad.
Es notoria la ausencia de un vocero oficial en esta crisis. Eso generó desinformación, fake news, rumores y una politización del tema por parte del propio Presidente de la República, quien se ha dedicado a denunciar a los “conservadores”. La información fue la de los medios de comunicación y las entrevistas difundidas en redes con pobladores víctimas del desastre. Todas las cuentas en redes y canales subsidiados, que utiliza el gobierno para difundir propaganda, se dedicaron a denostar a partidos opositores, a medios de comunicación y a críticos de la actuación gubernamental. En realidad no venía al caso, pues la candidata virtual de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó un plan de emergencia sensato y dio el apoyo al Presidente de la República, con la sentencia de que lo importante es ayudar a la población afectada.
En los momentos más álgidos de la crisis trascendió que los generales ya pidieron ser los encargados de la reconstrucción de Acapulco. Fitchs Ratings calcula en 288,000 millones de pesos la cifra que se requiere para reparar la infraestructura urbana dañada, sin reparar en el problema del desempleo en una ciudad turística devastada. El gobierno estatal, dirigido por una gobernadora incompetente —otro capricho morenista—, no cubrió montos de seguros que ahora se van a extrañar. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) era de 276,000 millones de pesos. Pero, sin rendición de cuentas, ese dinero ya no existe. Y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que tenía 50,000 millones de pesos, también desapareció junto con las reglas de operación para controlar las inversiones necesarias. El gobierno habla de destinar 63,000 millones de pesos que resultan insuficientes y se opone a formar un fideicomiso el cual tiene reglas y supervisión para ejercer los fondos, que de otra manera tienen opacidad.
Un último problema, el crimen organizado tiene una fuerte presencia en Guerrero y especialmente en Acapulco. Mucha de la anarquía violenta que se sufrió en los primeros días tuvo su participación. De los comercios pasaron al asalto de casas y condominios. En muchas colonias los vecinos se armaron para defender sus propiedades. Se sabe que la Familia, uno de los más violentos grupos criminales en Guerrero y la colindancia de Edomex, controla la venta de materiales de construcción.
Este recuento habla de la desgracia de Acapulco, de su derrumbe ante un desastre natural. Pero explica también otro derrumbe, por lo pronto un derrumbe moral, de un gobierno cuyos hechos muestran, según el consenso nacional e internacional, ineptitud e indolencia ante las consecuencias de esta grave crisis provocada por el huracán Otis. Esto ha sepultado sus intenciones de formar un nuevo régimen distinto al creado por la transición democrática, pues ha perdido su legitimidad, si la tuvo algún día, para hacerlo. Si lo pretende llevar a cabo con la fuerza militar, la manipulación de la propaganda o el fraude electoral para imponer a una sucesora, se podrá decir, parafraseando a Benito Juárez que, por lo pronto, este presunto nuevo régimen ya está moralmente derrotado.
Las opiniones expresadas en este artículo son opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
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