Autoridades federales están advirtiendo sobre la posible liberación de inmigrantes ilegales acusados de asesinato, delitos sexuales contra menores, violación, tráfico de drogas y robo, a las calles de Carolina del Norte debido a las políticas de «santuario».
La alerta, realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 1 de noviembre, forma parte de la campaña para combatir a las ciudades santuario, también conocidas como «jurisdicciones no cooperativas».
En Carolina del Norte, los condados de Buncombe, Durham, Forsyth, Guilford, Mecklenburg y Wake, no colaboran con ICE y protegen a los inmigrantes ilegales de ser devueltos a su país de origen o de ser retenidos, incluso cuando presentan cargos criminales, como puede verse en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
«Cuando las jurisdicciones locales se niegan a cooperar con la aplicación de la ley federal, no solo traicionan su deber de proteger la seguridad pública, sino que obligan al ICE a ser más visible en esas áreas», declaró la agencia en el comunicado, y pidió a dichas ciudades que transfieran a los individuos con antecedentes penales a la custodia federal en vez de ponerlos en libertad donde pueden volver a delinquir.
Matt Albence, director interino del ICE señaló que «la única manera en que una persona sea sujeta a una orden de retención del ICE» dentro de los condados no cooperativos, es si es «arrestada por cometer un delito en la comunidad local».
Los activistas de las políticas de santuario afirman que las medidas son para proteger a los inmigrantes y que animan a sus comunidades a colaborar con las autoridades locales y denunciar crímenes. Sin embargo, la cooperación entre las autoridades locales y las autoridades federales del ICE en cuanto a la rigurosidad con la que se maneja el problema de los inmigrantes ilegales tiene como consecuencia una mayor liberación de personas «que a menudo tienen antecedentes penales importantes (…) lo que representa una amenaza potencial para la seguridad pública», advierte la agencia.
Para Albence «estas políticas equivocadas protegen a los criminales, no a las comunidades inmigrantes para las que fueron creadas».
Otra consecuencia para estas jurisdicciones no cooperativas es que «el ICE no tiene otra opción que realizar más arrestos generales en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos colaterales adicionales en lugar de encarcelamientos donde la aplicación de la ley es más segura para todas las personas involucradas», explican las autoridades.
«ICE es forzado a hacerse más visible en esas áreas», resalta Albence, e insiste que mientras un infractor criminal este suelto «tendrán que acostumbrarse a ver más actividad del ICE en la comunidad».
De acuerdo con los datos presentados, aproximadamente el 90 por ciento de las personas que han sido arrestadas en 2019 presentaban una condena penal, una acusación pendiente, habían entrado nuevamente a EE.UU. después de ser expulsado o eran fugitivos de inmigración sujetos una orden final de expulsión.
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