El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el martes que un fallo de la corte de distrito de California que ordena la reducción de la población total de detenidos en una instalación de procesamiento en Adelanto ha llevado a la «liberación de inmigrantes criminales peligrosos en varias comunidades».
Una corte del Distrito Central de California ordenó la reducción, dejando la población actual en la instalación en alrededor de 465 personas, lo que llevó al alto funcionario del ICE que desempeña las funciones del director Tony H. Pham a emitir una declaración, diciendo: «ICE ha cumplido con esta orden judicial de gran alcance, sin embargo, el público debe saber que el fallo sin duda los pone en mayor riesgo».
Más de 250 inmigrantes ilegales con antecedentes penales, incluyendo asalto con arma mortal, actos lascivos contra un niño, atropello y fuga, y crueldad con niños, fueron liberados del Centro de Procesamiento de Adelanto ICE, que es mantenido por un contratista federal, declaró ICE.
Entre los liberados de acuerdo con la orden de la corte, más de 60 tenían órdenes finales de expulsión por los jueces federales de inmigración. La agencia advirtió que la liberación de los detenidos «podría conducir a una innecesaria victimización por parte de criminales reincidentes».
«El ICE ha sido puesto en una difícil circunstancia para cumplir con una orden vinculante que contradice completamente nuestro deber con este país», declaró Pham. «Estos inmigrantes criminales tienen serias condenas y los cargos que se les imputan son una apuesta extremadamente arriesgada para la seguridad pública».
Entre los aproximadamente 730 inmigrantes ilegales detenidos en la instalación de Adelanto antes de la reducción de población ordenada por la corte, más del 85 por ciento tenía cargos criminales y/o condenas pendientes, declaró ICE.
La decisión del juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Terry Hatter, sobre la instalación de Adelanto (pdf) vino en respuesta a una demanda presentada en abril por la Unión Americana de Libertades Civiles contra el centro de detención privado por las presuntas condiciones de hacinamiento en medio del brote de virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
«Ocho meses después del inicio de la pandemia, más de 700 personas siguen encarceladas por violaciones de la inmigración civil en una cárcel superpoblada donde las medidas de protección básicas son imposibles y docenas se enferman de COVID-19 cada día», dijo Jessica Bansal, abogada senior del personal de la ACLU SoCal, en declaraciones al San Bernardino Sun. «La orden de hoy confirma que nuestra Constitución no aprueba tal desprecio básico por las vidas humanas y la seguridad», dijo sobre el fallo de Hatter.
El centro de Adelanto es el mayor centro de detención de inmigrantes de California. Ha sido durante mucho tiempo objeto de protestas por parte de grupos de activistas, con la policía arrestando a tres manifestantes allí el mes pasado, incluyendo a dos hombres arrestados por «enfadarse y ser violentos con las fuerzas de seguridad e (intentar) linchar» a un tercer manifestante bajo custodia policial, según el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, según cita Daily Press.
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