Idaho ha pedido a la Corte Suprema de EE. UU. que le permita aplicar una prohibición estatal de procedimientos relacionados con el cambio de sexo para menores, después de que la ley fuera bloqueada el mes pasado por la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 9º Circuito.
La Ley de Protección de la Infancia Vulnerable (VCPA, por sus siglas en inglés), que el gobernador Brad Little (republicano) firmó en 2023, tipifica como delito que los médicos prescriban fármacos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y determinadas intervenciones quirúrgicas a menores que se identifiquen como transgénero. Pueden imponerse multas y penas de prisión.
«Al firmar este proyecto de ley, reconozco que nuestra sociedad desempeña un papel en la protección de los menores de cirugías o tratamientos que pueden dañar irreversiblemente sus cuerpos sanos», dijo entonces el gobernador.
«Sin embargo, como responsables políticos, debemos tener mucho cuidado cada vez que consideremos permitir que el gobierno interfiera con padres amorosos y sus decisiones sobre lo que es mejor para sus hijos».
Al menos 22 estados han aprobado leyes que prohíben la cirugía transgénero en menores, según el Movement Advancement Project. Por otro lado, 14 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que protegen el acceso de los jóvenes a la atención médica para transgéneros, según el grupo.
Una corte federal de distrito de Idaho prohibió temporalmente la ley estatal el año pasado, mientras el litigio sigue su curso en los tribunales inferiores. El 9º Circuito confirmó la medida cautelar.
La nueva solicitud de urgencia en el caso Labrador contra Poe se presentó el 16 de febrero, pero al momento de la publicación de este artículo no había aparecido en la lista de casos de la Corte Suprema. La oficina del fiscal general de Idaho, el republicano Raul Labrador, facilitó a The Epoch Times una copia del documento (pdf).
«He sido testigo de primera mano de las devastadoras consecuencias de los fármacos y procedimientos utilizados en niños con disforia de género, y es una tragedia evitable», dijo Labrador en un comunicado.
«El estado tiene el deber de proteger y apoyar a todos los niños, y por eso estoy orgulloso de defender la ley de Idaho que garantiza que los niños no sean sometidos a estos medicamentos y procedimientos que alteran la vida».
«Quienes sufren disforia de género merecen amor, apoyo y atención médica basada en la realidad biológica. Negar la verdad básica de que los niños y las niñas son biológicamente diferentes perjudica a nuestros hijos. Nadie tiene derecho a hacer daño a los niños y, afortunadamente, nosotros, como Estado, tenemos el poder —y el deber— de protegerlos», afirmó.
La solicitud estaba dirigida a la jueza Elena Kagan, que supervisa el 9º Circuito. La jueza Kagan puede actuar sobre la solicitud por sí misma, o puede remitir el asunto al pleno de la corte.
La solicitud afirma que las sentencias de la corte de distrito y del 9º Circuito «violan el precedente de control sobre los límites de los recursos equitativos. Esa violación es importante porque perjudica a los que no son partes, dejando a los niños vulnerables sujetos a procedimientos que incluso [los] expertos de los demandantes coinciden en que son inapropiados para algunos de ellos».
La Corte Suprema debería suspender la sentencia de la corte inferior porque «las equidades favorecen decisivamente una suspensión pendiente de apelación. Cada día que la ley de Idaho permanece en suspenso expone a niños vulnerables a procedimientos médicos arriesgados y peligrosos e infringe el poder soberano de Idaho para hacer cumplir su ley democráticamente promulgada», afirma el documento.
«Estos procedimientos tienen consecuencias irreversibles para toda la vida, y cada vez son más los menores que se arrepienten de haber tomado este camino», prosigue. El «amplio mandato judicial de la corte de distrito obstaculiza la capacidad de Idaho para proteger a sus ciudadanos de daños bien reconocidos».
Alliance Defending Freedom (ADF), que asiste a Idaho en la solicitud ante la Corte Suprema, también se pronunció sobre el caso.
«La ley de Idaho apoya acertadamente el desarrollo biológico natural de los niños, garantizando que los niños que experimentan disforia de género tengan la oportunidad de una curación integral y un apoyo de salud mental compasivo», dijo Jonathan Scruggs, vicepresidente de estrategia de litigios de ADF.
«Respetadas autoridades siguen afirmando que la inmensa mayoría de los niños resolverán de forma natural su disforia a medida que maduren», dijo.
«Y no hay pruebas científicas fiables de que estos peligrosos procedimientos de transición mejoren la salud mental. Por eso, países como Suecia, Inglaterra y Finlandia —que en su día recomendaron estos procedimientos para los niños— los están restringiendo ahora y protegiendo a los niños de los efectos devastadores que estos procedimientos han tenido en innumerables vidas. Idaho debería ser libre de aplicar su ley».
La Corte Suprema ha emitido varias sentencias en casos relacionados con temas transgénero en los últimos años.
En 2020, la corte sostuvo por 6-3 que los empleados no pueden ser despedidos de sus puestos de trabajo debido a su identidad de género preferida.
La histórica sentencia en el caso Bostock contra el condado de Clayton dio un significado ampliado a la frase «basándose en el sexo» que aparece en las disposiciones de no discriminación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La Corte Suprema ha eludido otros casos relacionados con jóvenes transgénero.
En el caso Gloucester County School Board contra Grimm en 2021, la corte se negó a retomar un caso de Virginia sobre la obligación de los estudiantes de utilizar el baño que corresponde a su sexo después de que una corte inferior determinara que la política era inconstitucional.
El estudiante, Gavin Grimm, nació mujer pero empezó a identificarse como varón. Desde entonces se ha graduado de la preparatoria y ahora es activista en California.
No está claro cuándo se pronunciará la Corte Suprema sobre la solicitud en el caso Labrador contra Poe.
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