La lucha de una iglesia del sur de California por celebrar servicios religiosos en persona en medio de la pandemia ha llegado a la Corte Suprema de EE.UU. luego de que la iglesia presentara una apelación de emergencia pidiendo a los jueces un alivio de las medidas de confinamiento del gobernador Gavin Newsom.
Los abogados de la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay y el obispo Arthur Hodges solicitaron el domingo al máximo tribunal que interviniera en el caso concediendo un mandato judicial contra la orden de Newsom que prohíbe los servicios religiosos en persona. Aunque el estado está en la segunda fase de su plan de reapertura, los servicios religiosos en persona solo se permitirán durante la tercera fase del plan, junto con otros «lugares de trabajo de mayor riesgo».
El lunes, California emitió una guía en la que los departamentos de salud del condado pueden aprobar la reapertura de iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares de culto. Según la guía (pdf), los servicios en persona deben limitarse a una asistencia del 25 por ciento de la capacidad de construcción o a un máximo de 100 asistentes, lo que sea menor.
La solicitud de un mandato judicial se produce luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara una moción de emergencia similar de medidas cautelares el 22 de mayo.
Los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. dictaminaron en un voto 2-1 en mantener la prohibición del estado, dando el veredicto que la orden no contravenía la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda.
«Aquí estamos tratando con una enfermedad altamente contagiosa y a menudo mortal, para la que actualmente no hay cura conocida», escribieron los jueces Barry Silverman, designado por Clinton, y Jacqueline Nguyen, designada por Obama (pdf). «En palabras del Juez Robert Jackson, si una ‘corte no modera su lógica doctrinaria con un poco de sabiduría práctica, convertirá la Carta de Derechos Constitucionales en un pacto suicida'».
Un tercer juez, Daniel Collins, nombrado por Trump, escribió una disensión en el caso argumentando que la prohibición del estado «probablemente viola la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda».
«No dudo de la importancia de los objetivos de salud pública que el Estado plantea, pero el Estado puede lograr esos objetivos sin recurrir a su actual prohibición inflexible y demasiado amplia de los servicios religiosos», escribió Collins.
Collins también argumentó que un precedente de la Corte Suprema de 1905, Jacobson v. Massachusetts, que confirmó la autoridad del estado para hacer cumplir la vacunación obligatoria contra la viruela, no se aplicaba a las reclamaciones de libre ejercicio. Ese caso planteaba importantes cuestiones sobre la facultad del estado para adoptar medidas de protección de la salud pública y la protección de las libertades individuales por parte de la Constitución.
«La moción del Estado no cita ninguna autoridad que pueda justificar su extraordinaria afirmación de que la actual emergencia otorga al gobernador la facultad de restringir todos y cada uno de los derechos constitucionales, siempre y cuando haya actuado de ‘buena fe’ y tenga ‘algún fundamento fáctico’ para sus edictos», escribió. «Nada en el caso Jacobson apoya la opinión de que una emergencia desplaza las normas constitucionales normales. Más bien, Jacobson establece que una emergencia puede justificar restricciones temporales dentro de esas normas».
La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se produjo el mismo día que el presidente Donald Trump instara a los gobernadores de todo el país a dejar que las iglesias y otras casas de culto se reabrieran. Describió los lugares de culto como «muy importantes» y «esenciales».
En su solicitud de emergencia, los abogados argumentaron que las órdenes de Newsom «discriminan arbitrariamente los lugares de culto» y violan la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda.
Los abogados argumentaron que el plan de reapertura de cuatro etapas del estado permite la reapertura en la segunda etapa de la manufactura, el almacenamiento, la venta al por menor, las oficinas, la comida en restaurantes y las escuelas, pero no incluye a los lugares de culto al considerar los servicios en persona como un «lugar de trabajo de mayor riesgo» para la reapertura en la tercera etapa, junto con los cines, los salones y los gimnasios.
«Este plan es una flagrante violación de la cláusula de libre ejercicio de nuestra Primera Enmienda», dijo Tom Brejcha, presidente y consejero principal de la Sociedad Thomas More, en una declaración. La Sociedad Thomas More representa a la iglesia junto con otros abogados.
California ha sido previamente advertida por el Departamento de Justicia que las órdenes de salud pública de Newsom pueden ser discriminatorias contra las iglesias. En una carta del 19 de mayo, el departamento expresó «varias» preocupaciones sobre las órdenes de salud del estado, que fueron promulgadas para frenar la propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
El fiscal general William Barr había instado anteriormente a los fiscales generales de todo el país a «estar atentos» a las restricciones estatales y locales que pudieran estar atentando contra los derechos constitucionales y a las libertades civiles de los ciudadanos.
Él ha sido muy claro al criticar a las restricciones estatales y locales que «no incluyen a la religión para cargas especiales». Barr también indicó que las restricciones de confinamiento de los gobernadores solo deberían aplicarse con el fin limitado de frenar la propagación del virus, ya que nunca se pretendió que fueran medidas permanentes. Cuando haya algún progreso en la mitigación de la propagación, los estados deben empezar a desarrollar enfoques más específicos, dijo Barr.
Katabella Roberts contribuyó a este informe.
Apoye nuestro periodismo independiente donando un «café» para el equipo.
A continuación:
¿Por qué YouTube nos censura?
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
