Proyectar el futuro del mayor programa federal de asistencia sanitaria se hizo mucho más difícil debido al impacto del virus del PCCh en los patrones de tratamiento, según el Informe Anual 2021 del Consejo de Administración del Fondo fiduciario de Seguro Hospitalario (HI) y del Fondo Fiduciario de Seguro Médico Suplementario Federal (SMI).
El informe, de 273 páginas, se publicó el martes, cuando la atención del país se centraba en la retirada completa de todas las fuerzas militares estadounidenses de Afganistán, tras 20 años de guerra en un país de prologados conflictos.
Es probable que el informe reciba más atención en los próximos días, a medida que los funcionarios de Washington y de las capitales de los 50 estados se den cuenta de las implicaciones del análisis de los consejeros.
Lo más significativo es que el informe de 2021 no se desvía de la proyección del año anterior, según la cual el Fondo Fiduciario de Medicare no podrá financiar totalmente las prestaciones en 2026.
Ese es el año en que el coste de las prestaciones supera los ingresos disponibles para cubrirlas, con lo que habrá que aplicar reducciones de las prestaciones.
Sin embargo, los consejeros señalan el impacto del virus del PCCh, también conocido como nuevo coronavirus, en las operaciones del programa en 2020 además de las incertidumbres en la proyección de los costes y beneficios futuros debido a la enfermedad que se ha cobrado más de 660,000 vidas en Estados Unidos.
«A partir de 2020, el programa de Medicare se vio dramáticamente afectado por la pandemia de COVID-19. La cantidad de impuestos sobre la nómina que se esperaba recaudar por el fondo fiduciario HI se redujo en gran medida debido a los efectos económicos de la pandemia en los mercados laborales», dice el informe.
Al mismo tiempo, «el gasto se vio directamente afectado por la cobertura de las pruebas y el tratamiento de la enfermedad. Además, durante la emergencia de salud pública se promulgaron varias políticas reguladoras y disposiciones legislativas que aumentaron el gasto», continúa el informe.
Entre los resultados se encuentra un aumento del 20 por ciento en los pagos de Medicare realizados en relación a las admisiones hospitalarias debidas a la enfermedad, según el informe.
El aumento de costo debido al virus se vio compensado en parte por la ralentización de las cirugías electivas y otros procedimientos no relacionados con COVID-19, algo que se necesitó para reorientar los recursos hospitalarios a la atención de los pacientes con coronavirus.
Pero los consejeros administrativos reconocen que es probable que las cirugías y procedimientos aplazados vuelvan a aparecer el año que viene, con lo que los costes para 2022 y años posteriores podrían ser más elevados de lo previsto actualmente. Aun así, si mueren más personas de las previstas a causa del virus, los costes podrían ser menores.
«Para 2022, el regreso de la atención aplazada, que se supone será más intensiva, dará como resultado un gasto que sigue siendo más alto que el estimado anteriormente», dice el informe.
«Los consejeros no han incluido ningún impacto de morbilidad a largo plazo, que equilibraría un posible aumento de los costes debido a las necesidades sanitarias más duraderas de los que han tenido COVID-19 con una posible reducción de los costes debido a la mayor mortalidad por COVID-19 entre los que tienen un mayor gasto médico».
Los responsables también señalaron que intentaron tener en cuenta en sus proyecciones los costes a largo plazo de las vacunas contra el virus del PCCh, pero añadieron una gran advertencia:
«Las estimaciones del informe de este año también incorporan los costes de las vacunas COVID-19, qué consisten tanto en los pagos por las propias vacunas como en los pagos por su aplicación».
«Los consejeros esperan que la utilización de las vacunas disminuya en cierta medida con el paso del tiempo, lo que refleja la probable reducción del número de dosis necesarias y la posibilidad de que la gravedad de COVID-19 disminuya.
«Hay que tener en cuenta que hay un grado de incertidumbre inusualmente grande con estos impactos relacionados con COVID y que las proyecciones futuras podrían cambiar significativamente a medida que se disponga de más información».
Según el informe, el fondo HI sigue siendo el eslabón más débil de Medicare y donde el impacto del virus del PCCh se siente de forma más inmediata.
«En 2020, los gastos de HI superaron los ingresos en 60,400 millones de dólares debido a la gran cantidad de pagos acelerados y anticipados. Estos pagos se reembolsarán en 2021 y 2022, lo que dará lugar a un pequeño déficit en 2021 y un superávit en 2022.
«Después, los consejeros prevén déficits en todos los años futuros hasta que el fondo fiduciario se agote en 2026. Los activos eran de 134,100 millones de dólares a principios de 2021, lo que representa alrededor del 48 por ciento de los gastos previstos para 2021, por debajo del nivel mínimo recomendado por los consejeros, que es del 100 por ciento.
«El fondo fiduciario HI no ha cumplido la prueba formal de adecuación financiera a corto plazo del Consejo desde 2003. El crecimiento de los gastos del HI ha sido de una media del 7.6 por ciento anual en los últimos 5 años, en comparación con el crecimiento de los ingresos sin intereses del 5.2 por ciento. En los próximos 5 años, las tasas medias de crecimiento anual previstas para los gastos y los ingresos no financieros son del 3.1 por ciento y del 4.6 por ciento, respectivamente».
En consecuencia, en todas las estimaciones y proyecciones de los consejeros subyace la continua realidad de que el programa de Medicare, como el mayor pagador federal de asistencia sanitaria a terceros, se enfrenta a la quiebra de sus reservas en menos de una década.
«Las proyecciones de la ley actual indican que Medicare todavía se enfrenta a un déficit financiero sustancial que deberá ser abordado con más legislación. Dicha legislación debería promulgarse cuanto antes para minimizar el impacto sobre los beneficiarios, los proveedores y los contribuyentes», advierte el informe.
El informe 2021 fue firmado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien es la administradora de los fondos HI y SMI; el secretario de Trabajo, Marty Walsh; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; y Kilolo Jajakazi, el jefe interino de la Administración de Seguridad Social.
Dos puestos de consejeros que representan al público están vacantes, a la espera de que los nominados por el presidente Joe Biden sean confirmados por el Senado.
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