Opinión
La Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por ambas cámaras, incluye un impuesto mínimo de sociedades del 15 por ciento, lo que supondrá un gran paso hacia el aumento de los poderes del gobierno y la globalización forzada, además de ser perjudicial para la economía.
“Es sorprendentemente cercano a algo que casi se podría describir como un sistema fiscal mundial”, dijo Danielle Rolfes, de KPMG LLP, a The Wall Street Journal en noviembre con respecto al impuesto mínimo global del 15 por ciento.
Durante más de una década, los globalistas han estado presionando por un impuesto mínimo corporativo global que sería universal y extraterritorial, con empresas que pagarían la misma cantidad independientemente de su ubicación en el mundo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha sido partidaria de un impuesto mínimo global y participó en una reunión de 140 países en octubre pasado en la que se llegó a un acuerdo.
Sin embargo, para que el impuesto mínimo corporativo global entre en vigor en Estados Unidos, ambas cámaras tendrían que aprobarlo y ser promulgado por el presidente. Yellen instó al Congreso a promulgar el impuesto del 15 por ciento, calificándolo de una victoria para Estados Unidos, ya que aumentaría la capacidad del gobierno para recaudar dinero de las empresas. Ambas cámaras ahora firmaron la Ley de Reducción de la Inflación, que incluye el impuesto mínimo del 15 por ciento. Gran parte de la financiación del programa climático de la ley, así como la reducción del coste de la atención médica y de los productos farmacéuticos, procederá de este impuesto.
Los partidarios del impuesto afirman que las grandes empresas se aprovechan de las normas fiscales existentes para reducir su carga fiscal. En el régimen fiscal de Estados Unidos, los ciudadanos y las empresas tienen a su disposición diversas deducciones, créditos y otros medios legales para compensar los impuestos o reducir los ingresos imponibles. Estos medios no son ilegales y están permitidos por la ley. Pero ahora, el gobierno necesita ingresos adicionales para financiar los USD 700,000 millones de gasto en la Ley de Reducción de la Inflación. Y así, las grandes corporaciones se han convertido en un objetivo. Para evaluar, hacer cumplir y llevar a cabo esta recaudación de impuestos adicional, la ley incluye USD 80,000 millones de financiación adicional para el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Si bien los partidarios de la Ley de Reducción de la Inflación afirman que la expansión del IRS se centrará en recaudar impuestos de grandes corporaciones y personas adineradas, en 2021, más de la mitad de todas las auditorías fiscales se realizaron a personas con ingresos inferiores a USD 75,000. Y lo que es más extremo, el 25 % de las auditorías se realizaron a familias que recibían el crédito fiscal por ingresos del trabajo, una medida primordial contra la pobreza.
No solo aumentará el tamaño del IRS, sino también el alcance y el poder del gobierno de Estados Unidos. El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) tiene la tarea de redactar y actualizar los «principios contables generalmente aceptados». Estos principios determinan cómo se calculan las ganancias corporativas y, en última instancia, qué tan grande será su factura fiscal. El FASB se supone que es independiente del gobierno, basando sus decisiones en normas contables de larga data y no en los dictados de una administración en funciones.
Según la Ley de Reducción de la Inflación, el impuesto mínimo del 15 por ciento se basará en los ingresos contables, es decir, los ingresos que las empresas muestran a sus accionistas. Los ingresos contables suelen ser superiores a los ingresos imponibles de la empresa porque pueden no incluir todas las deducciones y créditos. Por esta razón, el FASB siempre ha mantenido que el impuesto mínimo no debe basarse en los ingresos contables. En un discurso el año pasado, Richard Jones, presidente de FASB, dijo que se oponía a basar un impuesto corporativo mínimo en los ingresos contables, ya que sería similar a permitir que la política pública dicte las normas de contabilidad financiera.
Para Estados Unidos, el impuesto mínimo de sociedades erosionará la separación de poderes porque el FASB dejará de tomar decisiones independientes. Para las empresas estadounidenses, el impuesto aumentará el coste de hacer negocios. Esto desalentará la expansión, disminuirá la inversión y, en última instancia, repercutirá en las familias estadounidenses en forma de precios más altos y reducción del empleo.
Se espera que el impuesto mínimo corporativo global sea particularmente perjudicial para el mundo en desarrollo. Actualmente, las diferencias en los regímenes fiscales son uno de los principales impulsores para que los fabricantes de Estados Unidos y otras naciones desarrolladas abran fábricas en los países en desarrollo. Ahora que esos beneficios fiscales están desapareciendo, las empresas pueden descubrir que la falta de infraestructura y trabajadores calificados en los países en desarrollo aumentará los costos a tal nivel que la fabricación regresará a los países desarrollados.
Actualmente, el diferencial de impuestos para las empresas estadounidenses podía suponer un ahorro de hasta 35 puntos porcentuales al abrir en un país extranjero. Ahora, el diferencial se reducirá a 6 puntos porcentuales. La pérdida de ahorros fiscales para compensar los mayores costos puede provocar un éxodo de las empresas extranjeras de los países menos desarrollados.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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