La política de inmigración de la Administración Biden está siendo impugnada ante un tribunal de Houston, Texas, el 24 de agosto. Una coalición de estados dirigidos por republicanos impugna una política que permite la libertad condicional en Estados Unidos a miles de ciudadanos de Centroamérica y el Caribe.
La política de inmigración es un programa de libertad condicional humanitaria que permite la entrada en Estados Unidos de decenas de miles de personas cada mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Texas está a la cabeza de los 21 estados que quieren detener el programa. La demanda sostiene que la política del gobierno de Biden constituye una extralimitación ejecutiva y debe detenerse.
En documentos judiciales, Texas y otros estados se han referido al programa de la Administración Biden como un «ejemplo extremo» de la incapacidad de la administración para hacer cumplir las leyes de inmigración que lo obligan a «conceder la libertad condicional sólo caso por caso por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo».
Mientras que la demanda de los estados republicanos se opone al uso de la libertad condicional humanitaria para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, los estados no han ofrecido ninguna objeción al uso de la libertad condicional humanitaria para admitir a decenas de miles de ucranianos durante la invasión rusa.
Detalles de la demanda
Texas también ha alegado que el programa de libertad condicional causa perjuicios económicos porque el estado debe prestar servicios a los migrantes en libertad condicional, como programas de detención, educativos, sociales y de obtención del permiso de conducir.
El juez de distrito estadounidense Drew Tipton preside el juicio de la demanda de los estados en Victoria (Texas). Designado por Donald Trump, Tipton ha fallado anteriormente en contra de la Administración Biden en relación con las prioridades de deportación. Al proceso judicial se unieron organizaciones de derechos de los inmigrantes en nombre de siete personas que patrocinan a inmigrantes.
Las organizaciones de derechos de los inmigrantes han defendido el programa de libertad condicional humanitaria, argumentando que proporciona una ruta segura hacia Estados Unidos a inmigrantes desesperados que, de otro modo, pagarían a traficantes de personas y obstaculizarían a los agentes fronterizos. Según las organizaciones, el programa también está reduciendo la crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Estaba previsto que el juicio durara dos días y se retransmitiera en vivo desde Victoria a un tribunal federal de Houston. Se preveía que Tipton dicte sentencia en una fecha posterior.
Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa al gobierno federal en el juicio, escribieron en documentos judiciales que el programa ha tenido «un éxito tremendo en la reducción de la migración hacia la frontera suroeste».
Algunas estimaciones sobre el programa de libertad condicional indican que, a finales de julio, más de 72,000 haitianos, 63,000 venezolanos, 41,000 cubanos y 34,000 nicaragüenses habían sido investigados y autorizados a entrar en Estados Unidos mediante el programa de libertad condicional, que se facilita a través de la aplicación CBP One, que supuestamente puede utilizarse desde cualquier parte del mundo.
Impacto del programa
Sin embargo, las cifras sobre el uso del programa fueron desmentidas por Andrew Arthur, que es investigador residente en Derecho y Política del Centro de Estudios sobre Inmigración y exjuez de inmigración.
El experto en inmigración citó recientemente los datos (pdf) de un reportaje de NBC News de febrero de este año, en el que se afirmaba que hasta ese momento se había concedido la libertad condicional a 588,000 personas.
El Sr. Arthur hizo sus comentarios durante una mesa redonda celebrada el 23 de agosto por el Centro de Estudios sobre Inmigración, en la que también participó Mark Morgan, excomisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Según el Sr. Arthur, el más de medio millón de personas en libertad condicional se han abierto paso en una «fila gigantesca de personas que simplemente iban a conseguir la hoja de papel» que les permitiría participar en el proceso legal correcto para su situación de inmigración.
El panelista también afirmó que a algunos extranjeros se les están dando fechas tan distantes como 2032 para tener una cita en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a fin de obtener la documentación que les permita entrar en el procedimiento adecuado.
«Una de las cosas que se oyen mucho de la Administración Biden es que la Administración Trump estropeó el sistema de inmigración, estropeó el sistema de asilo», dijo el Sr. Arthur. «Yo trabajé con Obama, Mark [Morgan] trabajó con Obama y con Trump. En realidad, Trump no hizo nada que Obama no hubiera hecho antes… Esto está estropeando literalmente el sistema de asilo».
Más adelante en sus comentarios, el exjuez de inmigración se refirió a las solicitudes de asilo de personas que temen por su vida y que están siendo retrasadas en el sistema debido a solicitudes ilegítimas, como las que llegan a través del sistema de libertad condicional: «Si crees en el asilo y crees en, ya sabes, la Estatua de la Libertad sosteniendo la antorcha de la nación, esto es exactamente lo contrario».
Durante su discurso, el excomisionado de la CBP afirmó que el uso de la aplicación CBP One para permitir que cualquier persona nacida en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicite la libertad condicional en Estados Unidos es un error judicial.
«Eso en sí mismo es una elusión de la ley», dijo el Sr. Morgan sobre el programa. Según el exfuncionario de la CBP, ese programa estaba destinado a ser utilizado «caso por caso» con un «fin específico para un beneficio público específico o un fin humanitario. Nacer en un país no satisface ese requisito legal».
«Lo que esta administración está haciendo a sabiendas y con intención, es permitir que se sigan explotando nuestras leyes y dejar que entren por la puerta principal mientras miran hacia otro lado, y luego lo llaman una vía legal. Es una perversión y una violación de la ley».
Un portavoz de la CBP dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico acerca de los comentarios del Sr. Morgan que la aplicación CBP One requiere los servicios de localización del dispositivo del usuario y datos GPS para «verificar su ubicación antes de reservar y confirmar una cita» y que actualizaron la aplicación en mayo de este año para «mejorar la funcionalidad y aumentar la seguridad».
Con información de The Associated Press.
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