Imputación de socialistas prorrusos de EE. UU. es reveladora, pero los cargos son precarios

Por Petr Svab
20 de abril de 2023 12:03 PM Actualizado: 20 de abril de 2023 12:03 PM

Análisis de noticias

La reciente inculpación de varios activistas socialistas estadounidenses demuestra que trabajaron mano a mano con un enlace de la inteligencia rusa. Sin embargo, eso no significa que los cargos contra ellos se mantengan.

En la acusación del 13 de abril se alega que varios miembros y funcionarios del Partido Socialista Popular Africano y del Movimiento Uhuru (APSP), todos ellos ciudadanos estadounidenses, conspiraron y actuaron como agentes de Rusia para promover los intereses rusos en Estados Unidos, incluida la influencia en varias elecciones locales.

El documento de 37 páginas (pdf) detalla cómo Omali Yeshitela, fundador y presidente del APSP, viajó a Moscú en mayo de 2015 e inició una cooperación con Aleksandr Ionov y su Movimiento Antiglobalización de Rusia (AGMR). El grupo de Ionov no solo se financiaba con subvenciones del gobierno ruso, sino que respondía directamente ante el FSB, el servicio de inteligencia y seguridad ruso, según alega la acusación.

Ionov enviaba solicitudes a APSP para instigar y apoyar diversas causas de interés ruso, incluidas varias manifestaciones, una «petición sobre el genocidio de los pueblos africanos en Estados Unidos», apoyo a la invasión rusa de Ucrania y apoyo al equipo olímpico ruso en 2016, cuando se prohibió competir a más de 100 atletas rusos debido a un escándalo de dopaje.

En la otra dirección, la APSP pediría dinero a Ionov, incluidos unos 12,000 dólares para una «gira por cuatro ciudades» en 2016 en apoyo de la petición de genocidio.

Dos miembros de APSP también se postularon para cargos locales en San Petersburgo, Florida, en 2017 y 2019 con el apoyo clandestino de AGMR, alegan los fiscales.

Las acusaciones indican que los funcionarios de APSP eran conscientes de lo que estaban haciendo.

Como dijo Yeshitela en un resumen de uno de sus viajes a Moscú en 2015 enviado por correo electrónico a los miembros de APSP, estaba «claro» que AGMR era un «instrumento del gobierno ruso», dice la acusación.

Los fiscales, sin embargo, se enfrentarán a un listón legal bastante alto para lograr condenas en el caso.

Los cargos que presentan son: Violación de la Sección 951, que prohíbe actuar como agente de un gobierno extranjero sin registrarse como tal; y una conspiración para violar dicho estatuto.

La Sección 951 exige una relación bastante estrecha entre el gobierno extranjero y su supuesto agente.

En 2018, un juez de Virginia desestimó una acusación de la Sección 951 diciendo que el significado de «agente» en este contexto incluye «el poder del principal para dar instrucciones y el deber del agente de obedecer esas instrucciones».

«Una persona debe hacer algo más que actuar como ‘representante’ o ‘en nombre de’ un gobierno extranjero», dijo el juez de distrito, Anthony Trenga (pdf).

La acusación contra APSP incluye pruebas de que Ionov era un agente ruso, incluidas sus comunicaciones con los presuntos agentes del FSB Yegor Popov y Aleksey Sukhodolov.

«Ya no hagan nada sin mí o [Sukhodolov]. … Porque soy la única persona responsable de trabajar con ustedes. [Sujodolov] supervisa y dirige todo. … Estas son importantes formalidades internas. Por favor, no las infrinja. Esto puede tener graves consecuencias», comunicó Popov a Ionov en 2018, según la acusación.

Pero la acusación ofrece pocas pruebas de que Ionov tuviera un control tan directo de los estadounidenses. Afirma que estaba «dirigiendo» a los funcionarios de APSP para que hicieran cosas, pero no está claro que tuvieran ninguna obligación de seguirlas.

Es posible que APSP violara la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), que prohíbe la promoción no registrada en nombre de una entidad extranjera que beneficie principalmente a un gobierno extranjero. Pero para presentar cargos en virtud de la FARA es necesario que el infractor supiera que debía registrarse. Normalmente, si el Departamento de Justicia descubre una infracción, se limita a enviar una notificación pidiendo a la persona o entidad que se registre posteriormente.

Los fiscales no han acusado de violación de la FARA en el caso APSP.


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