WASHINGTON—El Departamento de Justicia ha desvelado las acusaciones contra los gerentes, supervisores y personal de recursos humanos de varias plantas de procesamiento de carne de Mississippi, que están acusados de emplear a trabajadores extranjeros ilegales.
En agosto de 2019, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron simultáneamente en cinco plantas de seis ciudades del centro de Mississippi. Durante la redada se detuvo a 680 trabajadores ilegales, entre ellos 18 menores.
Según el ICE, las operaciones de investigación relacionadas con lugares de trabajo suelen entrañar violaciones flagrantes cometidas por los empleadores, como el contrabando de personas, el fraude documental, el blanqueo de dinero o la explotación de los trabajadores, por ejemplo mediante amenazas o coacción, y salarios o condiciones de trabajo inferiores a los normales.
Dos de los cuatro individuos acusados trabajaban en A&B Inc. en Pelahatchie, Mississippi.
Salvador Delgado-Nieves, de 57 años, e Iris Villalon, de 44, fueron acusados de albergar a extranjeros ilegales y de hacer declaraciones falsas a los agentes de las fuerzas de seguridad, según el Departamento de Justicia.
Delgado-Nieves fue acusado además de ayudar a los extranjeros ilegales a representarse falsamente como ciudadanos estadounidenses y de ayudar a los extranjeros ilegales a obtener tarjetas del Seguro Social falsas.
Se enfrenta a una pena de prisión federal de 74 años y a una multa de 2.5 millones de dólares.
Villalon también fue acusada por hacer que se presentaran informes trimestrales de salarios falsos de los empleadores, con información fraudulenta del Seguro Social.
Se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión y a una multa de 750,000 dólares.
Las otras dos acusaciones se refieren a Carolyn Johnson y Aubrey «Bart» Willis, quienes trabajaron en Pearl River Foods LLC en Carthage, Mississippi.
Johnson, de 50 años, gerente de recursos humanos, fue acusada de seis delitos graves por albergar a un extranjero ilegal, así como un cargo de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad con agravantes, según el Departamento de Justicia.
Willis, de 39 años, el gerente, fue acusado de cinco cargos por albergar a un extranjero ilegal.
Si es condenada, Johnson se enfrenta a un máximo de hasta 84 años de prisión y una multa de 2.25 millones de dólares, mientras que Willis se enfrenta a un máximo de 50 años y a una multa 1.25 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dijo que las investigaciones de los delitos federales continúan.
De los 680 extranjeros ilegales detenidos durante la operación, 119 han sido procesados por delitos que incluyen el robo de identidad de ciudadanos estadounidenses, la falsificación de documentos de inmigración, la afirmación fraudulenta de ser ciudadanos estadounidenses y la reentrada ilegal en el país después de haber sido deportados, declaró el DOJ.
Los funcionarios del ICE se comprometieron en 2017 a que la agencia tuviese como objetivo cuadruplicar la vigilancia en los lugares de trabajo y que los trabajadores ilegales fuesen arrestados durante las operaciones en los lugares de trabajo.
Los trabajadores extranjeros ilegales quedaron en gran medida al margen durante la era Obama, cuando los arrestos se desplomaron de más de 1600 personas en el año fiscal 2009 a 106 en el año fiscal 2016.
El ICE aumentó sus arrestos criminales en los lugares de trabajo un 460 por ciento desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2018, y los arrestos administrativos aumentaron un 757 por ciento.
Los datos obtenidos de la Administración del Seguro Social revelaron 39 millones de casos en los que los nombres y números de seguro social en los formularios W-2 no coincidían con los registros correspondientes del Seguro Social, según un informe del Immigration Reform Law Institute (IRLI) para el año 2018.
El IRLI señala a los inmigrantes ilegales como los principales culpables.
La organización dijo que los casos ocurrieron entre 2012 y 2016, después de que el entonces presidente Barack Obama detuviera la práctica de enviar cartas de «no coincidencia» a los empleadores, en los casos en que el nombre y el número no coincidían en los formularios W-2. Obama puso fin a las cartas de no coincidencia ocho días después de que aplicó la amnistía de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012.
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