La incertidumbre y el temor persiste en las familias de los reclusos del penal de Ciudad Juárez y en habitantes de la entidad días después del motín que dejó 17 muertos y destapó los lujos, el contrabando millonario y el desgobierno de los penales mexicanos.
El pasado 1 de enero, 30 reos se dieron a la fuga tras un motín que dejó 10 custodios y 7 reclusos muertos y culminó con la destitución del director del penal, el traslado de presos a diferentes centros penitenciarios en el país y la llegada de 300 agentes del Ejército mexicano.
Agobiada por esa incertidumbre está María Dolores Prieto, hermana de uno de los reos, quien declaró a EFE que su familiar fue trasladado al estado de Chiapas, sureste de México, y cuestionó sobre quién les dará información de sus familiares.
«Quiero saber cómo hacen los traslados, si es al azar o cómo eligen quien sí y quien no. Mi familia está devastada», señaló.
Explicó que en su caso buscará a su hermano en algún penal de Chiapas y acusó que hasta ahora las autoridades del penal en Ciudad Juárez no les han proporcionado bien la información de donde buscar a sus familiares.
Otra mujer, quien prefirió omitir su nombre, comentó a EFE que a los reos les están dando un trato inhumano.
«Hago un llamado a (la Comisión Nacional) de Derechos Humanos (CNDH) ya que hace algún tiempo nos dijeron que de darse un traslado se llevarían a los que cometieron un delito grave», explicó.
Contó que tras el motín y la evasión, los reos que se quedaron están pagando los «platos rotos».
«Tienen a los reclusos sin comer, desnudos y además existe el rumor de que se van llevar a todos los reos. Es un trato inhumano para reos y familiares», añadió.
La mujer señaló que tiene a dos familiares presos y uno está en el área de «donde se los están llevando» a otros penales y ante ellos pidió a las autoridades sean humanos para darles información de sus familiares.
Este miércoles, funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, junto con la gobernadora estatal María Eugenia Campos, rindieron homenaje a nueve de los diez custodios del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, asesinados el pasado 1 de enero, al igual que los agentes ministeriales que perecieron el 2 de enero.
En una rueda de prensa, la mandataria estatal expresó su pesar por la muerte de los custodios, pero se negó a dar avances de la investigación.
«Es desgarrador ver el dolor de las familias, trabajamos en la dignificación del cuerpo policiaco. No puedo decir cómo va la investigación, no les vamos a decir a los delincuentes dónde vamos. El mensaje que damos es de esperanza y fuerza, no bajaremos los brazos y no nos vamos a rendir», apuntó Campos.
La mayoría de los internos fugados del penal estaban procesados y sentenciados por delitos graves, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias «El Neto», líder del grupo criminal «Los mexicles», quien estaba recluido por secuestro.
Horas después de estos hechos, trascendió que dentro de la cárcel había fotografías de celdas que tenían televisores, vinos e incluso internet.
Ante esta situación, el lunes el representante del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez, comentó a medios que se analizará quiénes participaron para que hubiesen estos privilegios dentro del penal.
Agregó que incluso se detectaron túneles y que aún siguen las averiguaciones.
En una de las celdas se encontró una caja fuerte con un botín de cerca de 1,7 millones de pesos (unos 85.000 dólares).
De acuerdo con un recuento del periódico Reforma, en lo que va del sexenio, al menos seis fugas de reos han ocurrido en penales estatales; un centenar de delincuentes han huido.
Además, se ha registrado el asesinato de 36 custodios e internos, en distintos hechos de violencia en las cárceles.
El registro de hechos violentos en diferentes penales del país incluye 26 motines con incendio de mobiliario, instalaciones y enfrentamientos sangrientos entre bandas antagónicas del crimen organizado.
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