Unos 4000 indígenas, junto con organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon este jueves por las calles de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, sureste de México, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador poner un alto a la violencia del narcotráfico en el estado.
“Por los grupos armados la gente ya no vive contenta, viven todos desmoralizados”, dijo a EFE Jesés Gómez, indígena chol, quien viajó desde la selva para unirse a la demanda de exigir al Gobierno mexicano cumplir con sus funciones.
“Que las autoridades municipales, estatales y federales hagan algo porque nosotros, como gente pobre, no podemos hacer nada, solamente las autoridades pueden hacer algo”, expresó el indígena.
La manifestación, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal partió del sur y poniente de la ciudad de San Cristóbal con rumbo hacia la iglesia catedral donde llevaron a cabo una jornada de oración para la construcción de la paz.
El contingente lo conformaron indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, mam, chol, cachique, quienes al llamado de los caracoles y tambores avanzaron de forma pacífica por las calles.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban banderines blancos y pancartas en las que se podía leer “Hermano del Crimen Organizado escucha la voz de Dios que dice no mates a tu hermano”, “Exigimos al gobierno alto al alcoholismo, alto a la delincuencia”.
Durante su caminata también se expresaron: “¿Que exigimos para San Cristóbal? !La paz si, si; violencia no, no!”, “¡Viva la libertad, viva Chiapas, viva la verdad”, “La verdad nos hará libres, las voces de paz de los pueblos de Chiapas son silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”.
También recordaron y celebraron los 100 años del nacimiento del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, el finado Samuel Ruiz, también defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas y México.
La marcha finalizó con la organización católica leyendo un comunicado en el que denunció atropellos e injusticias que viven los pueblos indígenas y sus comunidades a manos del crimen organizado y la omisión del Gobierno de México.
Por ello, su mensaje fue que las autoridades «simplemente hagan lo que les corresponde hacer, ellos se comprometieron con el pueblo a darnos paz y parece que fue todo lo contrario”, dijo Dardo Guillen, habitante de San Cristóbal.
Mientras que el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, señaló que en algunas regiones de Chiapas «no existen condiciones para vivir, menos para realizar las elecciones federales, estatales y municipales, del 2 de junio, debido a la violencia».
«Hay regiones que están muy controladas y por los retenes no pueden salir y no pueden entrar, hay grupos que controlan a la gente, ¿cómo van a votar libremente, si no hay libertad ni para transitar ni para vivir, ni para caminar?”, cuestionó el prelado.
Señaló que en su lucha han pasado por las comunidades indígenas, a las que la delincuencia han obligado «a alinearse» o dejar su lugar de origen perdiendo todos sus derechos.
“A quienes han opuesto resistencia les han hecho la vida imposible, lo que ha traído dolor, sufrimiento, extorsiones, muerte, desaparecidos, comunidades desplazadas, sin libre tránsito y diezmadas», agregó.
De acuerdo con organizaciones, cerca de 20,000 personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.
En los últimos años las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado.
Activistas, ONG y comunidades han señalado el clima de «guerra civil» que se vive en el estado por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado y cárteles del narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
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