La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impidió el sábado la contratación de 66 personas que presuntamente estaban registrados como militantes de partidos políticos y aspiraban el cargo de Supervisor Electoral y/o Capacitador Asistente Electoral.
Mediante un comunicado, la Comisión dio a conocer su decisión de impedir el procedimiento de contratación de 66 personas relacionadas con seis medidas cautelares presentadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que fue aprobada por unanimidad.
Las 66 personas se habían inscrito previamente como aspirantes al cargo de Supervisor/a Electoral y/o Capacitador/a Asistente Electoral para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, y su solicitud fue rechazada al considerar que su contratación podría vulnerar los principios de neutralidad y equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad e independencia.
«Se determinó como procedente impedir a las personas aspirantes continuar con el procedimiento de reclutamiento y contratación respectivo, hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del asunto, pues los partidos políticos involucrados en estos procedimientos presentaron los formatos originales de las afiliaciones respectivas que, en una óptica preliminar, los acreditan como sus militantes», dice el comunicado.
Los Supervisores Electorales participan activamente en las elecciones verificando el funcionamiento, ubicación e integración de las mesas directivas, verificando las actividades de los capacitadores e inspeccionando el proceso de los paquetes electorales.
Los Capacitadores Electorales, por su parte, hacen visitas, notificaciones y capacitaciones a la ciudadanía elegida para participar en las casillas, también se encargan de garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la jornada electoral y emiten informes sobre el desarrollo de la misma.
Para ambos cargos uno de los principales requisitos es el de no estar afiliado a un partido político durante el último año.
El INE realizará una revisión de cada caso en particular y evaluará si algunos de ellos podrán continuar con el procedimiento de contratación.
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