Análisis de noticias
Los congresistas estadounidenses están presionando finalmente para eliminar la influencia maligna del dinero extranjero en el sistema político estadounidense.
El representante Lance Gooden (R-Texas) ha presentado recientemente una ley para exigir a los think tanks que revelen el dinero extranjero que han recibido, según una declaración del representante Jim Banks (R-Ind.), que está impulsando una resolución sobre la verdad en los testimonios que exige a los testigos del Congreso que divulguen sus fuentes de financiación extranjera.
Aquellos financiados por los adversarios de Estados Unidos —incluyendo China, Corea del Norte, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba— se enfrentarían a un escrutinio extra.
El representante Mike Johnson (R-La.) propone prohibir que los exmiembros del Congreso hagan lobby a favor de los regímenes comunistas.
Un grupo de republicanos de la Cámara quiere reforzar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Algunos demócratas apoyan las medidas, pero en silencio hasta ahora. Josh Rogin, del Washington Post, que suele escribir sobre temas de influencia extranjera, escribió una opinión publicada el 23 de noviembre, en la que exigía que los demócratas utilizaran su mayoría para tomar medidas en este asunto bipartidista.
«Docenas de think tanks de Washington y otras organizaciones políticas reciben dinero de países y empresas extranjeras sin revelar nunca los detalles», escribió Rogin. «Los empleados que han recibido esta financiación luego escriben documentos políticos y testifican ante el Congreso, haciéndose pasar por expertos objetivos y desinteresados».
El congresista Banks dijo que las normas propuestas «permitirían a los comités saber cuándo los individuos están recibiendo pagos por servicios de consultoría o asesoramiento a empresas chinas con comités internos del PCCh [Partido Comunista Chino], o empresas como Huawei y Tencent. También abarcaría a los testigos que realizan trabajos de consultoría para oligarcas en … naciones adversas, que a menudo no se revelan bajo la Ley de Divulgación de Cabildeo [LDA] o la FARA».
La falta de transparencia es aún peor en el Senado, que no exige a los testigos que divulguen los conflictos de intereses extranjeros, y aparentemente no tiene planes de hacerlo.
Los think tanks que rechazan la financiación extranjera —por ejemplo, la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Consejo Americano de Política Exterior— apoyan la transparencia adicional en el Congreso.
Banks lidera las demandas de la reforma de la Cámara. Dijo en su declaración «Los testigos que comparecen ante las comisiones a menudo pueden eludir los requisitos de divulgación. (…) Esto es problemático teniendo en cuenta que las operaciones de desinformación del Partido Comunista Chino en Estados Unidos incluyen la financiación de think tanks en Washington D.C.».
«La Comisión Económica y de Seguridad de China de Estados Unidos ha observado que varios think tanks y universidades de Washington D.C. han recibido financiación de Tung Cheehwa, un vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es un grupo que dirige el Departamento de Trabajo del Frente Unido», prosiguió Banks.
Los cambios en las normas son un paso en la dirección correcta, pero ni siquiera van lo suficientemente lejos.
El profesor de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Jahara Matisek, cuyo libro que se publicará pronto «Old and New Battlespaces» aborda la cuestión de la influencia extranjera en Estados Unidos, comentó que «desde el punto de vista de la seguridad nacional, todo el dinero extranjero (e incluso el de las grandes empresas) debería mantenerse al margen, porque sesga la democracia estadounidense, por no hablar de que sesga las políticas nacionales y extranjeras que benefician a otros países y a las élites a expensas del estadounidense promedio».
Los grupos de presión más eficaces para Beijing en Washington son las empresas estadounidenses que exportan a China y quieren que el gobierno estadounidense mire hacia otro lado —por ejemplo, en la cuestión de los múltiples genocidios del PCCh— para no perder la ganga de 600,000 millones de dólares en comercio anual entre Estados Unidos y China y 2.3 billones de dólares en inversiones institucionales estadounidenses en China.
Matisek escribió que «ninguno de los dos partidos políticos de Estados Unidos se toma tan en serio la seguridad nacional, precisamente porque las estructuras de incentivos están al revés. Ningún político parece ser castigado por su electorado por los [malos] resultados en materia de seguridad nacional».
Así que incluso las propuestas republicanas no abarcan lo suficiente.
La pena por mentir en los formularios de divulgación que proponen es solo la prohibición de hablar ante el mismo comité durante tres años. El perjurio es un delito más grave, especialmente en asuntos de seguridad nacional. Cualquiera que mienta a propósito al Congreso debería pasar tiempo en la cárcel.
Los profesores de las universidades estadounidenses, que reciben una amplia financiación de China a través de las matrículas individuales de los estudiantes que el PCCh puede activar o desactivar, estarían probablemente exentos en virtud de las nuevas normas.
Los profesores políticamente influyentes, que pueden ganar millones de dólares en contratos externos con gobiernos extranjeros, deberían tener que informar de ello públicamente. Los profesores de la Facultad de Gobierno Kennedy de Harvard, por ejemplo, no están obligados a revelar públicamente la financiación extranjera, a pesar de que a menudo aparecen como expertos de los medios de comunicación y del Congreso en asuntos de seguridad nacional.
Una mayor transparencia sobre los ingresos extranjeros debería aplicarse también a los expertos de las empresas. Todos los que tienen influencia política en Estados Unidos, si reciben dinero extranjero, deberían tener que revelar esa financiación. Está en riesgo el futuro de la libertad.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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