Los abogados del expresidente Donald Trump respondieron el lunes a un reciente informe emitido por una supervisora independiente designada por la corte con respecto a las finanzas de la Organización Trump, disputando la caracterización de la exjueza Barbara Jones de los estados financieros como incompletos e inconsistentes.
La Sra. Jones recomendó que la supervisión de terceros de la Organización Trump continúe, y concluyó que «las declaraciones erróneas y los errores pueden seguir ocurriendo», lo que los abogados defensores dijeron que era un esfuerzo para continuar con los honorarios «exorbitantes» de la supervisora pagados por la Organización Trump. La Sra. Jones ha cobrado 2.6 millones de dólares en sus 14 meses como monitora independiente del caso.
El equipo de la Sra. Jones ha recibido declaraciones financieras de la Organización Trump a terceros, incluidos prestamistas y aseguradores; acuerdos y documentos relacionados con transacciones; documentos relacionados con entidades y disoluciones de la Organización Trump; extractos bancarios; y documentos proporcionados a las autoridades fiscales.
El abogado Clifford Robert afirmó que el informe del 26 de enero, presentado a petición de la corte, también estaba destinado a «llenar el vacío en el caso de la fiscal general» y fue emitido «de mala fe».
«El informe del 26 de enero también contiene numerosas inexactitudes fácticas (que arrojan serias dudas sobre la competencia del monitor), no hace referencia a ningún tipo de norma rectora y es, por lo demás, engañoso y falso», dice la carta.
El informe señalaba errores en siete puntos de la declaración, tres incoherencias y cinco errores administrativos, que la defensa argumenta que son irrelevantes en medio de las miles de páginas de datos financieros relacionados con las 400 entidades que la Sra. Jones está supervisando.
«La supervisora fue designada para reportar cualquier mala conducta de información financiera, actividad sospechosa o cualquier actividad fraudulenta sospechada o real», dice la carta. «La supervisora no fue designada para identificar errores matemáticos o de otra manera sensacionalizar discrepancias contables menores e intrascendentes dispersas en los informes financieros de las más de 400 empresas que componen la empresa global de los demandados».
El Sr. Robert señaló que la mayor discrepancia identificada por la Sra. Jones era una diferencia de 1 millón de dólares en una «presentación interna del balance de comprobación», y no tenía ningún impacto real. Las menciones de retrasos en la implementación de transacciones no habían proporcionado «ninguna prueba de ninguna conducta inapropiada o impropia,» añadió, afirmando que esta representación era un esfuerzo para «difamar tales revelaciones».
El Sr. Robert señaló que las palabras «mala conducta», «actividad sospechosa», «sospecha de fraude» o «fraude real» no aparecen en absoluto en el informe de la Sra. Jones, y argumentó que los errores que cita se han exagerado.
«Además, como dejan claro los informes y el informe del 26 de enero, todos los puntos señalados se han resuelto a plena satisfacción de la supervisora», añadió. «Ella no ha señalado ni puede señalar ni un solo caso de controversia o queja entre cualquiera de los Demandados y terceros externos».
Señaló cinco informes que la Sra. Jones presentó anteriormente, en los que escribió que los demandados de la Organización Trump estaban repetidamente «cumpliendo» y «continuando cumpliendo» las órdenes judiciales y el monitoreo de terceros como un patrón de cooperación continua y buena fe.
«La supervisora ahora tergiversa elementos contables inmateriales en una narrativa que favorece su nombramiento continuo, y por lo tanto la recepción continua de millones de dólares en honorarios excesivos», argumentó el Sr. Robert.
Sr. Robert argumentó que no hay ningún propósito en continuar la supervisión de la Organización Trump en el futuro.
Sentencia y sanciones inminentes
El presidente Trump y otros ejecutivos de Trump Organization fueron demandados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en septiembre de 2022 por fraude en los estados financieros de la organización entre 2011 y 2021.
El juez Arthur Engoron, de la Corte Suprema de Nueva York, ya ha declarado a los acusados responsables de fraude y se espera que esta semana emita una orden en la que detallará las sanciones que tendrá que pagar el presidente Trump.
La fiscal general reclama 370 millones de dólares en concepto de devolución, que es la diferencia de lo que, según el Estado, la Trump Organization habría pagado en intereses y tasas si los totales de los estados financieros hubieran sido inferiores, además de otras varias sanciones.
El juez ya había ordenado la cancelación de los certificados comerciales del presidente Trump y la disolución de las empresas de la Organización Trump. La ambigua orden había sido puesta en pausa por un tribunal de apelaciones después de que los abogados defensores argumentaran que pondría en peligro el sustento de cientos de empleados de la noche a la mañana. No estaba claro si un administrador judicial independiente vendería entonces las propiedades de la Organización Trump en virtud de los procedimientos de quiebra, y el juez había dicho que volvería a examinar los detalles.
La fiscal general también está tratando de prohibir al presidente Trump hacer negocios en Nueva York o con organizaciones financieras con sede en Nueva York de por vida, así como prohibiciones de cinco años para sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr, que son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump.
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