Las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb de 2022 en Uvalde, Texas, están indignadas por un informe que absuelve a la policía de irregularidades en su respuesta.

Jesse Prado es un investigador privado y detective retirado del Departamento de Policía de Austin. Según los informes, la ciudad le pagó 100,000 dólares para investigar la respuesta policial al tiroteo. Presentó sus conclusiones en una reunión especial del Ayuntamiento de Uvalde el 7 de marzo.

En su presentación, el Sr. Prado dijo que la policía siguió la política del departamento y “actuó de buena fe” el día del tiroteo. Dijo que los problemas de ese día se debieron a la falta de capacitación, experiencia y equipo, y a la mala comunicación, pero las familias de las víctimas no estuvieron de acuerdo.

Imágenes de cámaras de seguridad y cámaras corporales de la policía que circularon ampliamente durante el tiroteo muestran a agentes de policía retirándose de los disparos y permaneciendo en los pasillos de la escuela durante más de una hora, esperando a más agentes y equipo.

Kimberly Rubio, cuya hija de 10 años, Lexi, murió en el tiroteo, se dirigió al Sr. Prado y al ayuntamiento después de la presentación. Mencionó a tres oficiales de alto rango en particular que no se hicieron cargo de la situación y en cambio se retiraron de los disparos a pesar de ser miembros del equipo SWAT del departamento y tener el entrenamiento adecuado para una situación de tirador activo.

“Eligieron sus vidas por encima de las vidas de los niños y los maestros”, dijo enojada Rubio al consejo. «Hagan lo correcto, despídanlos».

Alexandria “Lexi” Rubio y otras 20 personas fueron asesinadas por un hombre armado que irrumpió en la escuela armado con un rifle semiautomático el 24 de mayo de 2022.

Brett Cross, tutor legal de la víctima del tiroteo, Uziayah García, acusó airadamente a la policía de cobardía. Comparó las acciones de los agentes con las de otro niño que sobrevivió al tiroteo. El niño resultó herido al principio del incidente y esperó en el aula en busca de ayuda mientras continuaba el tiroteo.

“Estuvo sentado ahí 77 minutos mientras esos cobardes [improperios] no hacían nada”, dijo Cross.

“No hubo soluciones”

Antes de que terminara el tiroteo, cientos de policías se habían congregado en la escuela. Aun así, pasaron 77 minutos desde el momento en que el asesino entró hasta el momento en que la policía lo mató.

El Sr. Prado dijo que el sargento de policía de Uvalde, Donald Page, el teniente Javier Martínez, el detective Louis Landry y el sargento Eduardo Canales no violaron ninguna política y actuaron de buena fe.

El señor Prado solo investigó a agentes que todavía estaban en la policía de Uvalde. Muchos de los que estuvieron presentes durante el tiroteo se marcharon voluntariamente o fueron despedidos.

El teniente Mariano Pargas, quien era jefe interino cuando ocurrió el tiroteo porque el jefe de policía Daniel Rodríguez estaba de vacaciones, se jubiló. Prado dijo que habría recomendado que Pargas fuera exonerado después de su investigación.

Según la ciudad, el Sr. Prado recibió el encargo de investigar únicamente a la policía de Uvalde.

Dijo que el tirador se había instalado en un salón de clases a oscuras con niños en una posición que le permitía disparar a las personas que entraban por la puerta del salón de clases. Dijo que esto se conoce como “embudo fatal”.

Añadió que los agentes que se encontraban en el lugar no contaban con escudo balístico apto para rifles.

“Creo que no se dieron soluciones porque no hubo soluciones”, dijo Prado.

La declaración del Sr. Prado de que los agentes estaban distraídos al tener que controlar a la multitud que se había reunido en la escuela enfureció particularmente a muchas personas en la reunión. Una mujer, identificada como la Sra. Martínez durante los comentarios públicos, habló entre lágrimas mientras criticaba al Sr. Prado y al consejo. Dijo que hubo que controlar a la multitud debido a la falta de acción de la policía.

«Estábamos dispuestos a ir a esa escuela y sacar a nuestros hijos», dijo.

Cuando abrió la reunión, el alcalde Cody Smith le dijo al grupo que el consejo no haría comentarios y que Prado no respondería ninguna pregunta. Pero después de la presentación, algunos concejales hablaron.

El concejal del Distrito 2, Héctor Luevano, dijo que, con 30 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, esperaba más que un informe que no responsabilizara a nadie. Estuvo de acuerdo con los miembros de la comunidad que hablaron.

“Me siento insultado. Estas familias se sienten insultadas”, dijo Luevano.

El concejal del Distrito 5, Ernest “Chip” King III, estuvo de acuerdo. Dijo que estaba tan enojado que estuvo temblando durante toda la reunión.

“Les aseguro que este [informe] no es lo que queríamos y esto no sucedió como pensábamos que sucedería”, dijo King. «Estoy muy, muy molesto».

Informes muy críticos

El informe de Prado es al menos el tercer informe de investigación sobre el tiroteo masivo en la ciudad de poco más de 15,000 habitantes situada a unas 83 millas al suroeste de San Antonio, Texas.

Las autoridades locales fueron objeto de fuertes críticas por su falta de respuesta durante el tiroteo. Un informe del Departamento de Justicia (DOJ) de enero de 2024 sobre el tiroteo caracterizó la respuesta policial como una falla de liderazgo “en cascada”.

Según el Departamento de Justicia, las agencias que respondieron no establecieron un comando de incidentes, no designaron un comandante en el lugar y no siguieron los protocolos establecidos después del tiroteo en la escuela secundaria Columbine.

“La falla más significativa fue que los oficiales que respondieron debieron haber reconocido inmediatamente el incidente como una situación de tirador activo, utilizando los recursos y equipos que fueron suficientes para avanzar inmediata y continuamente hacia la amenaza hasta que se lograra la entrada a las aulas 111/112 y la amenaza fuera eliminada”, se lee en el informe.

Cinco agentes del orden perdieron sus trabajos después del tiroteo, incluido un oficial del Departamento de Seguridad Pública y el jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, quien actuaba como comandante del incidente, según el informe del DOJ.

El Sr. Arredondo fue objeto de especial atención por impedir que los agentes ingresaran a las aulas 111/112, donde estaba el tirador, para que el edificio de la escuela pudiera ser evacuado. Según el informe del Departamento de Justicia, mientras se llevaba a cabo la evacuación, el tirador mató a más estudiantes.

Las conclusiones de un informe de 77 páginas emitido por la Cámara de Representantes de Texas fueron similares al informe del Departamento de Justicia.

“No hay nadie a quien podamos atribuir malicia o malos motivos. En cambio, encontramos fallas sistémicas y una toma de decisiones atrozmente deficiente”, decía el informe de la Cámara estatal, señalando “deficiencias y fallas del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde y de varias agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y “un enfoque general indiferente”.

En los casi dos años transcurridos desde el tiroteo, se han realizado múltiples investigaciones. Hay una investigación criminal en curso y Christina Mitchell, fiscal de distrito de los condados Real y Uvalde, convocó a un gran jurado especial en enero. Según los informes, varios agentes de policía han sido llamados a testificar, pero Mitchell no ha dicho si el gran jurado se está centrando en alguna acusación específica de ese día.

Jack Phillips contribuyó a este artículo.

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