Existe un alto riesgo de que los cárteles de la droga en México pasen a la insurgencia, según el reporte de los “10 conflictos más preocupantes para 2020” del Proyecto de Localización y Datos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
La organización sin fines de lucro que se encarga de registrar las fechas, actores, tipos de violencia, lugares y muertes por eventos de violencia política y conflictos armados en diversas regiones del mundo, aseguró que México se enfrenta a una situación de seguridad en deterioro y altos niveles de criminalidad y violencia relacionada con las drogas.
Los datos publicados indican que en los últimos 12 meses se registraron mas de 31,000 homicidios cuya gran mayoría involucran casos de violencia contra civiles. No obstante, los casos de asesinatos de periodistas y funcionarios del gobierno, decapitaciones, desapariciones y los cadáveres colgados en lugares públicos, además de «varios ataques particularmente brutales, han suscitado la preocupación de que los cárteles estén adoptando cada vez más técnicas de insurgencia», afirma el reporte.
La ACLED atribuyó la escalada de violencia en México a «los altos niveles de impunidad, las fuerzas de seguridad no capacitadas, y la debilidad general de las instituciones públicas», además de «la fragmentación de los cárteles provocada por campañas de represión dirigidas principalmente a sus líderes».
Según el reporte, el número de estos grupos criminales aumentó de 6 a 37, luego de la llamada “Guerra contra las drogas” declarada por el expresidente Felipe Calderón. Desde entonces han estado compitiendo violentamente por el dominio de las redes del tráfico de drogas, evolucionando constantemente hacia la diversificación de sus actividades delictivas incluyendo el secuestro, la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de personas.
La toma de posesión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien puso fin al periodo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), podría ser otro factor asociado al incremento de violencia entre los funcionarios públicos y la delincuencia organizada, ya que la rotación política podría haber estimulado la lucha por nuevos arreglos, señala el informe.
También se menciona que existen críticas hacia López Obrador debido a su incapacidad para “desarrollar una política de seguridad coherente y eficaz para luchar contra la violencia de los cárteles”.
Ante tal ola de violencia y la masacre de la familia LeBarón, de origen mexicoestadounidense, en noviembre de 2019, el presidente Donald Trump anunció su intención de designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, poco después aplazó la designación a petición del presidente mexicano.
“Todo el trabajo necesario para declarar organizaciones terroristas a los carteles mexicanos está completo. Legalmente estamos listos para hacerlo”, anunció Trump a través de Twitter. “Sin embargo -añadió-, a petición de un hombre que me gusta y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazamos temporalmente esa designación”.
López Obrador reiteró su posición de que no aceptaría la presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano “con propósitos militares”, aunque anunció su disposición a cooperar con EE. UU. en materia de seguridad.
ACLED pronosticó que las tasas de homicidio romperán récords este año y que los índices de violencia no disminuirán. También recomendó la implementación de soluciones a largo plazo, como el fortalecimiento de los sistemas policial, judicial y penitenciario.
En su informe además precisó que durante 2019 se llevaron a cabo más de 12,700 eventos de protesta organizados por grupos de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y familias de desaparecidos que “piden justicia y poner fin a la violencia”.
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