Esta semana han comenzado en Alabama los alegatos orales en el caso de la Asociación Nacional de la Pequeña Empresa (NSBA) contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre una norma propuesta que entrará en vigor el año que viene.
La demanda es una de las muchas que se han presentado contra normas publicadas por organismos federales que regulan las pequeñas empresas, las residencias de ancianos y las vías navegables federales, por citar algunos ejemplos.
La norma, denominada Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), obligaría a las pequeñas empresas de todo el país a cumplir estrictos requisitos de información a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«La CTA ha estado sumida en la confusión y las ambigüedades de principio a fin. No solo es una mala política, sino que es inconstitucional», afirmó el presidente y consejero delegado de la NSBA, Todd McCracken, en un comunicado el lunes 20 de noviembre.
«A los estadounidenses que no son sospechosos de haber hecho nada malo se les está pidiendo que proporcionen información profundamente personal a una agencia gubernamental, que está poniendo la información en una base de datos para fines de aplicación de la ley penal.»
Orígenes legales
Las raíces del enfrentamiento se remontan a la promulgación de la CTA como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2021, según la demanda.
La CTA, cuyo objetivo es mejorar las medidas contra el blanqueo de capitales y prevenir la financiación del terrorismo, impone estrictos requisitos de información a las pequeñas empresas.
La demanda, presentada el 15 de noviembre de 2022 por la NSBA, sostiene que las exigencias de la Ley para revelar información personal de los propietarios infringen los derechos constitucionales y se extralimitan en el ejercicio de la autoridad federal.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habla sobre los objetivos para la temporada de declaración de la renta de 2024 en la sede del IRS en Washington el 7 de noviembre de 2023. (Stefani Reynolds/AFP vía Getty Images)
«La CTA es un mandato federal mal pensado y de mano dura que será una pesadilla burocrática para los propietarios de pequeñas empresas», dijo McCracken tras presentar la demanda el año pasado. «Si se implementa, las pequeñas empresas se verán obligadas a gastar millones de horas y miles de millones de dólares en papeleo en lugar de crear puestos de trabajo y ayudar a hacer crecer nuestra economía.»
Explicación de la CTA
El objetivo principal de la CTA, según la norma publicada en el Registro Federal en septiembre de 2022, es mitigar la explotación de estructuras corporativas para actividades ilícitas, ordenando la transparencia sobre la propiedad efectiva de las entidades corporativas, según la agencia.
FinCEN señala la importancia de las pequeñas empresas para la economía nacional, pero afirma que la «incapacidad» histórica para ordenar la recopilación de la información ha sido una «vulnerabilidad».
Antes de la CTA, Estados Unidos se enfrentaba a retos en su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), principalmente debido a la ausencia de un sistema uniforme de notificación de beneficiarios efectivos, según el registro federal.
La CTA colma esta laguna mediante la creación de un registro nacional que obliga a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada a comunicar a la FinCEN información detallada sobre sus beneficiarios efectivos.
«Los actores ilícitos utilizan con frecuencia estructuras societarias como sociedades ficticias y de fachada para ocultar su identidad y blanquear sus ganancias mal habidas a través del sistema financiero estadounidense», explica la agencia en el texto de la norma. «Tales actos no solo socavan la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que también amenazan la prosperidad económica del país: las sociedades pantalla y de fachada pueden ocultar la identidad de los beneficiarios efectivos y permitir a los delincuentes acceder ilegalmente a la economía estadounidense y realizar transacciones en ella, al tiempo que crean un terreno de juego desigual para las pequeñas empresas estadounidenses dedicadas a actividades legítimas.»
Según los demandantes, la nueva norma desplaza el trabajo de información de los bancos a las pequeñas empresas. Explican que las normas existentes, el marco de Diligencia Debida sobre el Cliente, exigen a los bancos recopilar, supervisar y notificar actividades sospechosas al FinCEN y a las fuerzas de seguridad.
«La CTA no hace más que pasar la pelota de los grandes bancos -que cuentan con legiones de empleados para absorber este tipo de requisitos de información- a las pequeñas empresas como la mía», declaró el presidente de la NSBA, Mike Stanek, de Berea, Ohio. «Un simple error puede llevar al propietario de una pequeña empresa a la cárcel durante dos años».
Controversia en torno a la CTA
Los detractores de la CTA, incluida la NSBA, sostienen que la Ley impone a las pequeñas empresas una carga desproporcionada en cuanto a costes de cumplimiento y riesgos para la intimidad personal.
Estas entidades están obligadas a revelar información sensible, como fechas de nacimiento, direcciones y datos de identificación, lo que, según los opositores, es excesivo y potencialmente perjudicial si se maneja mal.
McCracken expresó su preocupación por el coste medio de cumplimiento, de 8000 dólares el primer año, y por la posibilidad de que el gobierno maneje indebidamente datos sensibles.
La demanda ha recibido el apoyo de varias asociaciones comerciales y grupos de pequeñas empresas, unidos en su preocupación por las implicaciones de la CTA para la privacidad y la carga financiera.
Estos partidarios subrayan la extralimitación de la Ley y su posible impacto negativo en el sector de las pequeñas empresas, un componente fundamental de la economía estadounidense.
Por el contrario, los defensores de la CTA argumentan que la Ley es un paso necesario para reforzar las defensas de la nación contra los delitos financieros.
Sostienen que la transparencia que proporciona es crucial para combatir las actividades ilícitas ocultas tras entidades corporativas anónimas.
Argumentos clave de la impugnación
Los demandantes, representados por el abogado John Neiman, han centrado sus argumentos en los límites constitucionales del poder del Congreso.
«El Congreso, tenga o no buenas intenciones, siempre está limitado por la Constitución», dijo John Neiman, abogado de los demandantes. «Nuestro reto es intentar que el Congreso cumpla la ley y no cree una carga inconstitucional para los estadounidenses».
Afirman que la CTA viola la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas al obligar a revelar información personal sin causa justificada.
Además, sostienen que la Ley se inmiscuye en los derechos de los Estados a regular la constitución de entidades. Esta demanda es emblemática de un debate más amplio sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades individuales.
El resultado del caso puede influir significativamente en el panorama normativo de las pequeñas empresas y en el planteamiento del gobierno de EE. UU. a la hora de abordar los delitos financieros.
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