El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que los contribuyentes de su estado están desembolsando más de 850 millones de dólares al año para pagar varios costos asociados con el alojamiento y el cuidado de los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Texas.
La oficina de Paxton volvió a publicar las cifras, que se presentaron por primera vez ante un tribunal federal en enero, en un intento de destacar la gravedad de la creciente crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El importante aumento de cruces ilegales de la frontera en las últimas semanas, especialmente de menores no acompañados, desbordó las instalaciones y los recursos de la Patrulla Fronteriza. Aunque el gobierno de Biden está devolviendo a la mayoría de los adultos solos y a algunas familias, se está aceptando la entrada de menores no acompañados en el país.
Según la oficina, los texanos están pagando entre 579 y 717 millones de dólares cada año para que los distritos hospitalarios públicos proporcionen atención no compensada a los extranjeros ilegales. También reveló que los contribuyentes habían pagado previamente 152 millones de dólares para albergar a extranjeros criminales ilegales en un año, y entre 62 y 90 millones de dólares para proporcionar a los inmigrantes ilegales asistencia sanitaria a través del programa estatal de Medicaid de emergencia.
La oficina también reveló que los texanos pagaron más de un millón de dólares para que el Programa de Violencia Familiar prestara servicios a extranjeros ilegales en un año, y que el Programa de Seguro Médico para Niños del estado estuvo pagando entre 30 y 38 millones de dólares al año en cobertura perinatal para inmigrantes ilegales.
Los texanos también han estado pagando entre 31 y 63 millones de dólares al año para cubrir el coste de la educación de los niños no acompañados que cruzan ilegalmente a Estados Unidos.
«Los texanos son gente trabajadora y generosa, pero el coste de la inmigración ilegal es una carga desmesurada para los contribuyentes de nuestro gran estado. Si utilizamos los costes mínimos estimados para los servicios que Texas proporciona a los extranjeros ilegales e indocumentados, los contribuyentes están desembolsando unos 855 millones de dólares cada año», dijo Paxton a través de una declaración.
«Texas siempre dará la bienvenida a los que migran legalmente, a su vez no podemos seguir obligando a los contribuyentes a pagar la factura de los individuos que se saltan la ley y se saltan la cola. Seguiré luchando por la justicia, la seguridad y la prosperidad de todos los texanos».
Paxton discrepó de varias políticas de inmigración del presidente Joe Biden y de sus primeras acciones, que, según él, contribuyeron a la afluencia de inmigrantes ilegales. Esto incluye la decisión de Biden de revertir el Protocolo de Protección de Migrantes clave de su predecesor, que buscaba poner fin a la problemática política de «captura y liberación» de la era de Obama y a la que se le atribuye haber frenado significativamente el flujo de inmigrantes ilegales en 2019.
Su oficina presentó una demanda poco después de que la administración Biden emitiera un memorando (pdf) el 20 de enero que ordenaba «una pausa inmediata en las expulsiones de cualquier no ciudadano con una orden final de expulsión (excepto como se indica a continuación) durante 100 días».
El estado argumentó que la medida causaría un daño irreparable al estado porque los texanos se verían obligados a pagar la factura de los servicios y programas para los inmigrantes ilegales a los que se les permite permanecer en el estado.
Por su parte, el gobierno de Biden argumentó que la pausa en la deportación era necesaria para que la Casa Blanca pudiera tener en cuenta consideraciones sobre inmigración, política exterior y necesidades humanitarias.
El juez federal se puso del lado de Paxton, dictaminando que el gobierno federal no puede hacer cambios en el control migratorio sin consultar a Texas, tras considerar que el Estado sufriría un daño irreparable a causa de su acción. El juez concedió la petición de bloquear la aplicación de la congelación de las deportaciones. Desde entonces, el bloqueo se amplió indefinidamente.
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