Un ciudadano mexicano que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos al menos doce veces fue sentenciado el 15 de octubre por reingreso ilegal y por robar la identidad de una persona fallecida para obtener empleo.
Rigoberto Vásquez Milán, de 37 años, fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión federal en Kansas City, Missouri por el juez federal de distrito Howard F. Sachs, según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El hombre se declaró culpable de robo de identidad agravado por utilizar el nombre, la tarjeta del Seguro Social y la tarjeta de residente permanente legal de una persona fallecida para poder trabajar en un restaurante de Kansas City.
El hombre se declaró culpable de ingresar ilegalmente al menos una docena de veces luego de haber sido deportado. Según documentos judiciales, Vásquez fue expulsado de los Estados Unidos tres veces por orden de un juez de inmigración y regresó voluntariamente a México ocho veces.
Los agentes de ICE y de Operaciones de Cumplimiento y Eliminación (ERO) fueron notificados sobre Vásquez el 17 de enero de 2018, luego que una compañera de trabajo lo acusara de violarla, aunque no se presentaron cargos.
Luego del reporte, los agentes de policía descubrieron que la información de Vásquez pertenecía a una persona fallecida.
Este miércoles, el fiscal general de Kansas le dijo a la Corte Suprema de Estados Unidos que el estado debería permitir enjuiciar a los inmigrantes ilegales por robo de identidad cuando trabajan con los números de Seguro Social de otras personas, luego de presentarse un caso de tres inmigrantes ilegales, citado como Kansas v. García.
Kansas y otros estados, respaldados por la administración Trump, quieren que el tribunal persiga a los extranjeros ilegales por delitos como el robo de identidad. Una victoria de Kansas daría a los estados más poder para tratar con extranjeros ilegales, en lugar de depender únicamente de funcionarios federales.
Los tres inmigrantes ilegales hispanos, Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa Lara, no estaban autorizados para trabajar en los Estados Unidos y les proporcionaron a sus empleadores números de Seguridad Social que no eran los suyos, reportó el Associated Press.
Sin embargo, los defensores de la inmigración ilegal dicen que el empleo no autorizado ya es ilegal a nivel federal, por lo que es injusto someter a esas personas a un riesgo legal adicional a nivel estatal. También dicen que Kansas está creando su propia política de inmigración, algo que generalmente no está permitido por la ley federal.
El Tribunal Supremo de Kansas determinó que la Ley Federal de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986 prioriza la aplicación del robo de identidad estatal, el fraude de identidad y hacer leyes falsas de escritura cada vez que la información necesaria para el enjuiciamiento esté contenida o adjunta a una Verificación de Elegibilidad de Empleo federal (Formulario I-9).
«Es la expresión clara y concisa de la intención del Congreso de evitar el uso del formulario I-9 y cualquier información contenida en el I-9 para fines distintos de los enumerados», sostuvo el tribunal estatal.
Sin embargo, el fiscal general republicano de Kansas, Derek Schmidt, argumentó que la decisión de la corte suprema del estado era absurda porque evitaría que Kansas aplicara neutralmente sus propias leyes. Les dijo a los jueces que los extranjeros ilegales no deberían recibir ninguna «inmunidad especial» de la fiscalía estatal solo porque el gobierno federal es responsable de regular la inmigración.
En este año, más de 15 millones de estadounidenses se convirtieron en víctimas de robo de identidad y «muchas de esas víctimas fueron dejadas para que lidien con su reputación, elegibilidad y otras finanzas», dijo.
«Es por eso que Kansas, como cualquier otro estado, convierte el robo de identidad en un delito», dijo Schmidt. “Nuestras leyes se aplican en todos los entornos a todas las personas, ciudadanos y extranjeros por igual. Los demandados fueron condenados porque robaron la información personal de otras personas con la intención de estafar».
Los argumentos orales llegaron un día después de que el presidente Donald Trump vetara por segunda vez este año una resolución del Congreso contra la emergencia nacional decretada para recolectar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México.
En un mensaje enviado al Congreso a última hora del martes, Trump anunció su decisión de frenar una resolución conjunta del Senado y la Cámara Baja aprobada en septiembre, porque “afectaría a la capacidad del país de mantener seguras sus fronteras”.
“La situación en nuestra frontera sur sigue siendo una emergencia nacional, y todavía necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas para ayudarnos a afrontarla”, opinó Trump.
El pasado marzo, el mandatario emitió el primer veto de su Presidencia en respuesta a otra resolución similar de ambas cámaras del Congreso, que también respondía a su decisión de declarar una emergencia nacional para financiar el muro fronterizo.
Trump justificó su declaración de emergencia por la invasión de drogas y criminales en la frontera con México.
Con información de EFE. Matthew Vadum contribuyó con este informe.
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