Inmigrantes ilegales trasladados a una isla de Massachusetts por orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, demandaron al gobernador el 20 de septiembre, alegando que fueron objeto de un plan fraudulento e ilegal.
Los funcionarios de Florida, actuando junto con otros, buscaron a los inmigrantes fingiendo ofrecer ayuda humanitaria fuera de un refugio en Texas y otras áreas, según la demanda.
«Para ganarse la confianza de los demandantes, y para inducir la cooperación involuntaria con el esquema de los demandados, los demandados Doe proporcionaron artículos como certificados de regalo de 10 dólares de McDonalds a los miembros del grupo que sufrían de inseguridad alimentaria crónica. Después de atraer a los demandantes aprovechando sus necesidades más básicas, los acusados hicieron falsas promesas y representaciones de que si los demandantes y los miembros de la clase estaban dispuestos a subirse en aviones hacia otros estados, recibirían empleo, vivienda, oportunidades educativas y otras ayudas similares a su llegada», afirma la demanda de 35 páginas, presentada en un tribunal federal de Massachusetts.
Los inmigrantes ilegales, a los que no se identifica por su nombre, recibieron habitaciones de hotel gratuitas lejos de las instalaciones de migración. Se les dijo que serían trasladados en avión a Boston o Washington, D.C., pero en lugar de ello fueron transportados a Martha’s Vineyard, una isla de Massachusetts, según la demanda.
Los funcionarios que los transportaron «desaparecieron y no respondieron a las llamadas alarmadas de los miembros del grupo para obtener información sobre lo que había ido mal después de aterrizar», dice la demanda, y añade: «Pero nada había ‘salido mal’. Por el contrario, el plan funcionó exactamente como los demandados pretendían».
La demanda colectiva alega violaciones de derechos constitucionales y de la legislación federal, incluida la Ley de Acción Civil por Privación de Derechos. Los demandantes piden una sentencia que declare que lo que hicieron DeSantis y otros funcionarios es ilegal y que se les prohíba realizar acciones similares en el futuro. También quieren una indemnización por daños y perjuicios.
Florida responde
DeSantis, un republicano que se presenta a la reelección, ha dicho que los inmigrantes, cuyos vuelos procedían de Texas, firmaron formularios de consentimiento antes de ser trasladados a Martha’s Vineyard.
«Así que fue claramente voluntario y todas las demás tonterías que se escuchan no son ciertas. ¿Y por qué no iban a querer ir, teniendo en cuenta dónde estaban?», dijo en Fox News el lunes por la noche.
La oficina de DeSantis dijo que la nueva demanda era un caso de activistas que se aprovechaban de los inmigrantes ilegales.
«Los inmigrantes estaban sin hogar, hambrientos y abandonados, y estos activistas no se preocuparon por ellos entonces», dijo Taryn Fenske, directora de comunicaciones de DeSantis, a The Epoch Times por correo electrónico. «El programa de Florida les dio un nuevo comienzo en un estado santuario y estos individuos optaron por aprovechar los vuelos rentados a Massachusetts».
La oficina dio a conocer un formulario de consentimiento firmado que indicaba que los firmantes aceptaban ser transportados a lugares «fuera de Texas… en Estados santuario». Los formularios también se entregan a los inmigrantes ilegales que son transportados en autobús desde Texas a las llamadas ciudades santuario, o jurisdicciones que dicen acoger a los inmigrantes ilegales y se niegan en gran medida a cooperar con las autoridades federales en la aplicación de la ley de inmigración.
Lawyers for Civil Rights presentó la nueva demanda en nombre de los inmigrantes y de Alianza Américas.
«Ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en el debate altamente polarizado de la nación sobre la inmigración», dijo Ivan Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, en un comunicado.
«Que el gobernador de Florida utilice cínicamente a los inmigrantes recién llegados que han solicitado asilo en Estados Unidos para promover una agenda impulsada por el odio y destinada a crear confusión y rechazo en todo el país, no solo es moralmente despreciable, sino que es totalmente contrario a las mejores tradiciones de protección humanitaria adoptadas por la mayoría de los estadounidenses», añadió Oscar Chacon, director ejecutivo de Alianza Américas. «Por eso hemos tomado las medidas para desafiar legalmente lo que consideramos no solo una acción moralmente reprobable, sino que creemos que también es ilegal».
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