El organismo de control interno del Departamento de Justicia inició el jueves una investigación sobre las acusaciones de mal uso de la fuerza, que involucran a agentes federales de la ley, durante las protestas recientes de Portland, Oregon y el Distrito de Columbia.
El inspector general del departamento, Michael Horowitz, dijo que la investigación se inició en respuesta a solicitudes del Congreso, quejas de miembros del público y una referencia del fiscal de Estados Unidos en Oregón. La investigación revisará el papel y las responsabilidades del departamento en las respuestas a las protestas y a los disturbios en las dos ciudades, en los últimos dos meses, dijo el departamento en un comunicado, añadiendo que la investigación será coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La revisión también examinará la capacitación e instrucción que se brindó al personal de aplicación de la ley del Departamento de Justicia; cumplimiento de los requisitos de identificación aplicables, reglas de compromiso y autoridades legales; y el cumplimiento de las políticas del Departamento de Justicia con respecto al uso de municiones menos letales, agentes químicos y otros usos de la fuerza.
El mes pasado, la Oficina del Inspector General del Departamento del Interior anunció que estaba investigando acusaciones sobre el usó de una fuerza excesiva para despejar, el 1 de junio, a Lafayette Square de manifestantes. Un evento que fue muy controvertido porque se llevó a cabo horas antes de que el presidente Donald Trump caminara desde la Casa Blanca hasta la Iglesia de St. John.
El Fiscal General William Barr explicó en ese momento que el movimiento para despejar la plaza era parte de su operación para ampliar el perímetro de seguridad, a lo largo de una cuadra, como respuesta a los violentos disturbios en la zona durante los días anteriores. Añadió que la decisión se tomó antes de saber que Trump iba a hablar en la iglesia.
Horowitz dijo que el Departamento de Justicia coordinará su revisión con el Departamento del Interior.
Esto se produce después de que la administración Trump generó críticas por desplegar fuerzas federales en Portland, Oregón, para proteger edificios y monumentos federales. La ciudad ha enfrentado más de 50 días consecutivos de disturbios y violencia. Los disturbios en la metrópoli comenzaron desde finales de mayo, a raíz de la muerte de George Floyd, pero las autoridades locales dicen que los disturbios solo se intensificaron después de que las fuerzas federales fueron enviadas allí.
Los relatos sobre cómo los oficiales federales han arrestado a los manifestantes, que causaron daños a un tribunal federal, han generado preocupación entre los funcionarios locales y los legisladores estadounidenses. Los manifestantes alegaron que los agentes federales vistieron camuflaje y equipo táctico, sin insignias de identificación, cuando se llevaron a las personas detenidas, sin indicar los motivos de los arrestos y las colocaron en vehículos sin placas, de acuerdo con varios informes presentados a los medios de comunicación.
La precisión de estos informes ha sido cuestionada por el secretario interino del DHS, Chad Wolf, quien dijo que los oficiales federales usan uniformes de camuflaje múltiple con insignias que dicen «Policía». Dijo que las operaciones solo apuntan y arrestan a personas que han sido identificadas por cometer actos criminales.
Funcionarios locales y estatales han pedido a los agentes federales que abandonen la ciudad. Mientras tanto, cuatro legisladores de Oregon enviaron una carta (pdf) a Horowitz y al inspector general del DHS, Joseph Cuffari, el miércoles, instándolos a investigar las denuncias de «tácticas violentas utilizadas por los agentes federales de la ley» en respuesta a las actividades de protesta en Portland.
Los legisladores citaron un incidente en el que un manifestante de 26 años resultó gravemente herido tras ser golpeado por una munición de impacto, supuestamente, disparada por agentes federales de la ley.
Trump anunció el miércoles que se enviará un aumento de agentes federales de aplicación de la ley a Chicago, Illinois y Albuquerque, Nuevo México, como parte de los esfuerzos para combatir un incremento reciente de los delitos violentos en esas ciudades y para restaurar la seguridad pública.
Cientos de agentes de la ley del FBI, el Servicio de Mariscales de EE.UU., la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) serán enviados a las ciudades, en un esfuerzo por reducir el crimen, dijo el presidente.
El anuncio es parte de una expansión de un programa del Departamento de Justicia, conocido como «Operación Leyenda», para detener el aumento de los delitos violentos en todo el país. La Operación Leyenda, llamada así en honor a LeGend Taliferro, de 4 años, quien murió a tiros mientras dormía en su casa, se lanzó por primera vez en Kansas City, Missouri, como parte de la promesa de Trump que busca ayudar a las ciudades que han sido golpeadas por una reciente ola de violencia, dijo el Departamento de Justicia.
«Todos los estadounidenses, sin importar sus ingresos, su raza o su código postal deben poder caminar por las calles de su ciudad, libres de violencia y sin miedo», dijo.
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