Según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), la rápida expansión de un programa federal de préstamos destinado a apoyar proyectos de energía verde supone un «riesgo tremendo» para los contribuyentes.
El informe, publicado el 25 de noviembre, expone importantes preocupaciones sobre la Oficina de Programas de Préstamos (LPO) del DOE, que utiliza fondos de los contribuyentes para apoyar proyectos de energía verde que a menudo carecen de acceso a la financiación privada porque los prestamistas e inversores tradicionales se ven disuadidos por tecnologías no probadas, un potencial de mercado incierto o los elevados costes iniciales asociados a estas iniciativas.
Durante el mandato de Biden, el programa LPO ha experimentado una rápida expansión de sus facultades de préstamo, lo que, según la OIG, hace saltar las alarmas sobre la posibilidad de que se produzcan impagos, que podrían dejar a los contribuyentes en la obligación de asumir pérdidas multimillonarias.
«Las recientes ampliaciones históricas de los programas del Departamento de Energía suponen un enorme riesgo para el contribuyente», escribió la OIG, añadiendo que le preocupan especialmente los mayores riesgos financieros derivados de una supervisión insuficiente y la vulnerabilidad a la influencia extranjera.
La cartera de la LPO, que originalmente gestionaba 17,200 millones de dólares en préstamos a partir de 2021, se ha ampliado a más de 400,000 millones de dólares tras la aprobación de legislaciones claves bajo la presidencia de Joe Biden, incluida la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, la Ley de Reducción de la Inflación y el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico. Según la OIG, este casi medio billón de dólares en autoridad para conceder préstamos ha dado lugar a una expansión masiva de la cartera de préstamos de la LPO, lo que ha exacerbado los riesgos.
Uno de los principales riesgos identificados por la OIG en el informe es la reducción de los plazos para la asignación de préstamos bajo la autoridad ampliada de la LPO.
Una parte significativa de la autorización de préstamos (290,000 millones de dólares) expirará en septiembre de 2026, lo que crea una intensa presión para aprobar y finalizar acuerdos rápidamente. Esta urgencia, advierte el organismo de control, aumenta la probabilidad de que la diligencia debida sea insuficiente, lo que podría dar lugar a préstamos mal examinados que podrían provocar pérdidas financieras significativas. La aceleración de la toma de decisiones también podría obstaculizar la evaluación exhaustiva de proyectos alternativos de menor riesgo.
Otro problema es el enorme volumen de solicitudes.
En agosto de 2024, la LPO informó sobre 211 solicitudes de préstamo por valor de 296,000 millones de dólares, y periódicamente se presentan nuevas solicitudes.
«Este volumen de solicitudes, los plazos inminentes para cerrar acuerdos inherentemente arriesgados y los cientos de miles de millones de dólares en juego hacen que este sea uno de los retos de gestión más urgentes y significativos» a los que se enfrenta el DOE en la actualidad, declaró la OIG.
Además, el informe señalaba la incertidumbre inherente a la financiación de proyectos innovadores de energía verde que tienen pocas probabilidades de obtener financiación del sector privado. Estos proyectos a menudo implican tecnologías no probadas y modelos de negocio no probados, que requieren una evaluación técnica y financiera rigurosa. El organismo de control expresó su preocupación por que tal escrutinio pudiera verse comprometido al ritmo actual de expansión de los proyectos, aumentando el riesgo de impagos y pérdidas para los contribuyentes.
La OIG también destacó la posibilidad de que los fondos beneficien inadvertidamente a entidades vinculadas a adversarios extranjeros.
Aunque el DOE ha creado un centro especializado para comprobar si los solicitantes de subvenciones y préstamos están relacionados con adversarios extranjeros, la OIG señaló que las deficiencias en la supervisión ya han permitido que se aprueben varias subvenciones a organizaciones con presuntos vínculos con adversarios extranjeros. Aunque estas subvenciones fueron canceladas posteriormente, ascendían a 400 millones de dólares, lo que pone de relieve los problemas que existen para garantizar que el dinero de los contribuyentes no sea utilizado por entidades con intereses contrarios a los intereses nacionales de Estados Unidos.
El organismo de control exigió una actuación inmediata por parte del DOE para reforzar los controles internos, mejorar los procesos de diligencia debida y aplicar una supervisión más estricta para proteger los fondos públicos.
El DOE no respondió a la solicitud de comentarios sobre el informe.
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